Abogados que tienen a su cargo la defensa técnica de algunos de los cuatro fiscales y dos empleados administrativos de la FGR que mintieron sobre hechos que no les constaba a condición de recibir beneficios judiciales reclamaron este miércoles por la supuesta indiferencia con que la Fiscalía General de la República ha seguido las denuncias en “Caso Corruptela”.
El actual fiscal, Raúl Melara Morán, ha reconocido la existencia de “manzanas podridas” en el ente investigador del Estado.
Los defensores alegaron que sus clientes fueron sometidos a una serie de torturas para obligarlos a criteriarse para “armar” el caso corruptela. Estos por su parte, renunciaron a su calidad de testigos criteriados y denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que fueron obligados, bajo amenazas y torturas, por el ex fiscal Douglas Meléndez, a mentir “con tal de armar el caso corruptela. Posteriormente hicieron la misma denuncia ante el Juzgado 7o de Paz de San Salvador y este a su vez certificó lo conducente al Juzgado 4o de Instrucción que es el que lleva el caso de corruptela.
Según la publicación Cronio sv, los señalamientos siguen vertiéndose en contra del exfiscal de la República, Douglas Meléndez, quien es acusado de presuntas torturas hacia testigos criteriados para fabricar pruebas “amañadas” el caso “Corruptela”, con el fin de una posible reelección al frente Fiscalía General de la República (FGR).
Esta vez la parte defensora de los acusados mencionó que a sus clientes se les sometió a una serie de torturas para obligarlos a criteriarse y así declarar a favor de la FGR para ganar el caso en mención.
De hecho, el Juzgado 4o de Instrucción días atrás reconoció mediante una resolución judicial de las graves ilegalidades que fueron cometidas por la Fiscalía en el “Caso Corruptela” y otros más bajo la administración de Douglas Meléndez.
“Se ha señalado una serie de irregularidades por la mala investigación ilegal que la Fiscalía General de la República (FGR) en este caso particular”, dijo uno de los defensores.
Al experto en derecho indicó que dentro del caso existe una serie de anomalías cometidas por la FGR en su momento como la invasión de funciones hacia la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), nombrar defensores particulares a testigos bajo criterio de oportunidad y el pago de honorarios a los mismos.
“Hay una serie de cuestiones bien puntales y delicadas. La fiscalía invadió funciones propias de la Procuraduría General de la República en el criterio de oportunidad perverso que en su oportunidad se les otorgó a mis defendidos, en tato la fiscalía liberó defensores y les pagó honorarios a éstos”.
El mismo abogado defensor recalcó que “La Fiscalía no está para nombrarle defensores particulares a las personas sometidas a procesos de investigación”.
Sobre las presuntas torturas a las que habrían sido sometidos sus defensores subrayó que la FGR los obligó a declarar a su favor, caso contrario serían expuestos a los medios de comunicación y terminarían encarcelados.
“Ese es un tema bastante delicado porque si lo queremos ver como tortura, pueden darse de forma física o psicológica. En ese sentido nosotros siempre hemos manejado que las amenazas pudieron darse orientadas a qué sino colaboraban de los hechos que se les estaban atribuyendo, iban a ser procesados y expuestos ante los medios comunicación masiva. Aparte de eso iban a ir detenidos”
Dejó en claro también que en este proceso que actualmente se ventila en los juzgados “ellos lo están enfrentando por voluntad propia. Ellos renunciaron al criterio de oportunidad para someterse al proceso y que salga a la luz esta investigación ilegal que sobre ellos se ejerció”, sentenció la parte defensora.
