Cuestionan los recortes económicos a la Educación y a la Fiscalía en presupuesto 2024

Ni el Ejecutivo de Bukele ni la Asamblea Legislativa aclararon el destino de más de 108 millones de dólares recortados a Educación, Seguridad y la Fiscalía General de la República (FGR)

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Organizaciones humanitarias cuestionaron el miércoles los recortes millonarios que hizo la Asamblea Legislativa, a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele, a carteras como Educación, Seguridad y la Fiscalía General de la República (FGR).

La Asamblea Legislativa aprobó la noche del martes, durante la sesión plenaria correspondiente a esta semana, una «disminución» de las asignaciones presupuestarias de varias carteras de Estado por más de 108 millones de dólares para reorientarlos al Ministerio de Hacienda.

El decreto aprobado por la mayoría oficialista indica que Hacienda «requiere un refuerzo presupuestario» para «atender Obligaciones Generales del Estado, así como otros compromisos adquiridos interna y externamente durante el presente ejercicio financiero fiscal 2023».

Entre estas «disminuciones» están las de los ministerio de Educación por 60 millones de dólares, de Seguridad por 14 millones, de Salud por 7,4 millones y de la Fiscalía General del República por más de 501.000 dólares.

De acuerdo con Héctor Carrillo, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), «preocupan cosas como la ocurrida ayer (martes)» en la Asamblea Legislativa, dado que «se le quito presupuesto a Educación, Seguridad y a la Fiscalía».

En el caso de la Fiscalía, indicó que la «falta de una Fiscalía con suficientes recursos solo deriva en dos cosas: personas que han sido procesadas arbitrariamente sin elementos o personas que habiendo cometido algún delito son liberadas».

Castillo se mostró preocupado a raíz de que bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 como una medida para combatir a las pandillas, «estamos cargando a la Fiscalía con que atienda 73.000 capturas con 1.271 fiscales».

Por su parte, Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), dijo que «no tenemos claridad de hacia dónde se va a dirigir estos fondos» y también señaló que podría afectar la atención de la niñez.

«Imagino que la condición del Gobierno en este momento a nivel económico no es favorable, que se encuentra en un momento de cierre de año y de pago de deuda», apuntó. 

Según el proyecto enviado al órgano Legislativo, Hacienda no posee los recursos para cubrir las necesidades y que «debido al uso óptimo y eficiente de los recursos», se identificaron «asignaciones disponibles en diferentes instituciones (…) cuyos montos pueden ser reorientados».

Ni el Gobierno de Bukele ni la Asamblea Legislativa aclararon el destino de los más de 108 millones de dólares.