Desde 2009 a la fecha, el saldo de la “tarjeta de crédito” del Estado—o Letes, deuda pública a menos de un año de plazo—se ha topado cuatro veces; en octubre 2009 llegó a US$899 millones, en diciembre de 2012 a US$867 millones, en agosto 2014 a US$874 millones, y en mayo de 2016 llegó a US$879 millones. En cada una de las primeras tres menciones, la Asamblea Legislativa autorizó la emisión de US$800 millones para convertir la deuda de corto plazo, en deuda de largo plazo, elevando el monto adeudado por el Estado en US$2,400 millones—en 2012, US$200 millones se usaron para reforzar el presupuesto.
Sobre este patrón de comportamiento clientelista del Estado, se ha advertido en innumerables ocasiones, que gasta más de lo que recibe como ingresos con fines electorales o de popularidad, elevando la deuda pública de 39.4% del PIB en 2007 a 61.4% en 2016. El recurrente uso de esta “tarjeta de crédito” está estrechamente vinculado con un proceso presupuestario viciado e inconstitucional, en el cual se sobrestiman ingresos y se subestiman gastos del presupuesto, para balancearlo artificialmente y aprobarlo con mayoría simple en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, en 2015, la sobrestimación de los ingresos llegó a US$314 millones, y la subestimación de devoluciones de impuestos sumó US$196.5 millones. Ante semejantes vacíos en el presupuesto, el Estado optó por endeudarse vía Letes, usando US$465.5 millones para cumplir con las obligaciones del presupuesto, además de recurrir al atraso de pagos por US$306.5 millones, afectando a muchos proveedores y acreedores que no reciben su pago oportunamente; evadiendo así la necesidad de ordenar las finanzas estatales.
2016 no es ajeno a este patrón, el faltante del presupuesto se ha estimado en US$581.9 millones. Sin embargo, las condiciones son diferentes a las de 2015; en primer lugar, el saldo de Letes al inicio de 2015 era de US$328.4 millones, pero para el 1 de enero de 2016 era de US$793.9 millones, y en mayo está ya cercano a US$900 millones—es decir, se topó la tarjeta de crédito—; en segundo lugar, la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa ya no facilita la obtención de dos tercios de los votos, pues la llave la tiene ahora el principal partido de oposición. Unidos estos dos factores, y la necesidad de financiamiento de déficit fiscal entre junio y diciembre de 2016, que supera los US$500 millones, la probabilidad de un impago por parte del gobierno en los siguientes meses se ha incrementado considerablemente, si no obtiene dinero extra.
Los meses siguientes son críticos para que se abran los diversos sectores políticos a un debate y un diálogo que permita concertar decisiones en dos áreas: la aprobación de financiamiento y el reordenamiento de las finanzas públicas. De no lograrse, El Salvador se encuentra a las puertas de una de sus peores crisis fiscales, causando más pobreza y desempleo.
*: Editorial Fusades en Revista El Economista edición junio-julio 2016
