La Corte de Cuentas de la República (CCR) advirtió a todas las instituciones públicas, incluidas las 262 alcaldías del país, que por la falta de una ley de emergencia, todas las compras deberán realizase aplicando la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
La Asamblea Legislativa aprobó el viernes pasado un estado de emergencia nacional por la pandemia COVID-19, pero fue vetada por la presidencia de la República. La vigencia de la emergencia nacional por COVID-19 concluyó el 2 de junio luego de que lo aprobara nuevamente el 19 de mayo la Asamblea Legislativa.
La Asamblea aprobó el 31 de mayo una nueva versión de la ley, el decreto 648, pero esta fue vetada por el presidente Nayib Bukele; mientras, el 12 de junio, la Asamblea aprobó otra versión de la emergencia nacional por COVID-19, que aún no ha sido sancionada, observada o vetada por él mandatario.
Esto ha provocado un vacío por el cual las instituciones públicas no podrían realizar compras directas urgentes sin un proceso de licitación sustentado en la emergencia nacional.
El comunicado de la Corte de Cuentas señala que “toda compra que no se realice conforme a los criterios” de la LACAP “será objeto de observación” en las auditorías que realiza esta institución contralora.
La mayor parte de compras directas fundamentadas en el estado de emergencia nacional fueron realizadas en los contratos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para la construcción del hospital en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).
