El presidente de la Comisión de la Asamblea Legislativa que investiga el caso de los sobresueldos, Jorge Castro, presentó este lunes un aviso ante la Fiscalía General de la Republica, para que se investigue penalmente a cuatro ex funcionarios de los gobierno de ARENA. por haber aceptado sobresueldos.
Según el escrito presentado a la FGR, la comisión especial, a las declaraciones de dichos funcionarios ante la Comisión se han sumado informes de la Corte Suprema de Justicia.
De la administración de Elías Antonio Saca, presidente de la República durante el período de 2004-2009, fueron denunciados la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, el exdirector policial Rodrigo Ávila y el exsecretario jurídico Luis Mario Rodríguez.
También fue denunciado Carlos Quintanilla Schmidt, vicepresidente en el gobierno de Francisco Flores entre 1999 y 2004. El único vicepresidente no citado por la comisión de sobresueldos fue Francisco Merino, del Partido de Concertación Nacional (PCN), quien fungió como tal durante la presidencia de Alfredo Cristiani.
Jorge Castro, diputado del bancada oficialista, y presidente de la Comisión, manifestó que el aviso es parte “del trabajo de la comisión de sobresueldos”. Pidió a la Fiscalía General de la República investigar posibles delitos supuestamente cometidos por los 4 exfuncionarios.
“Hemos revisado las respuestas a los interrogatorios, hemos revisado los audios, los videos y la documentación que hemos tenido para determinar hacer este aviso como ustedes lo escucharon hace un rato en contra de los 4 exfuncionarios. Traemos información probatoria de la Corte Suprema de Justicia que determinan la posible falsedad de algunos exfuncionarios, se constituye un posible delito”.
Algunas pruebas presentadas provienen de la Corte Suprema de Justicia, cuya Sección de Probidad detectó indicios de enriquecimiento ilícito. Traemos información probatoria de la Corte Suprema de Justicia que determinan la posible falsedad de algunos exfuncionarios, se constituye un posible delito” dijo Jorge Castro. Castro negó que los exfuncionarios sean perseguidos político. A su criterio, “se apropiaron de dinero del erario público”.
