A pesar que la candidatura que Nayib Bukele utiliza para ser reelegido viola la Constitución, buscando perpetuar un proyecto autoritario sustentado por un sólo logro en casi 5 años, se encamina a obtener la reelección en febrero en medio de una alta popularidad y sin oponentes de peso o valúo.
Bukele sigue gozando de la labor de su equipo de comunicaciones y propaganda al promocionar su imagen en redes sociales, destacando el “único éxito” de su gobierno en lo que va del primer período legal, la guerra contra las pandillas.
Aprovechándose de una resolución de 2021 de una Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impuesta por él y sin importarle si es o no constitucional, Bukele decidió volver a presentarse alas urnas electorales. Dicha decisión fue refrendada por el Tribunal Supremo Electoral manejado a su antojo.
Según el fallo constitucional, Bukele debía pedir una licencia de seis meses antes de finalizar su periodo para poder participar en la justa, ahora bajo la bandera de su creación, el partido Nuevas Ideas.
Bukele obtuvo un permiso automático de la Asamblea Legislativa para dejar temporalmente el cargo (algo también inconstitucional) y dedicarse a la campaña al igual que el vicepresidente Félix Ulloa, una «marioneta viajera» que otra vez será su compañero de fórmula.
La presidencia es ocupada actualmente (también inconstitucionalmente) por Claudia Juana Rodríguez de Guevara, una secretaria de confianza del mandatario y hasta hace poco tiempo un personaje desconocido en El Salvador.
A pesar de la camándula de inconstitucionalidades cometidas por Bukele, el 70,8% de los salvadoreños aprobó el gobierno de Bukele y 97,7% consideró que la violencia ha disminuido. Los datos son producto de un sondeo elaborado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), dirigida por jesuitas enemigos del gobierno de Bukele.
,La pesquisa dio una amplia ventaja al oficialista Nuevas Ideas. Según el estudio 61,7% votaría por el partido de Bukele, 2,6% por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y 1,5% lo haría por el derechista ARENA.
ARENA gobernó El Salvador por 20 años de 1999 a 2009, mientras que el FMLN lo hizo por diez, desde 2009 a 2019, cuando Bukele arrasó en las urnas y terminó con el bipartidismo.
“No hay ningún candidato, ningún partido que pueda competirle al presidente en este momento”, dijo a periodistas el abogado Eduardo Escobar de la organización no gubernamental Acción Ciudadana.
Según Escobar, ”lo que se prevé… es que gane la elección en primera vuelta de manera fácil” y que Nuevas Ideas “pueda tener al menos la mayoría absoluta, la mitad más uno de los 60 diputados del Congreso y la mayoría de las alcaldías”.
La abogada y analista política Bessy Ríos criticó a los partidos de oposición porque “han perdido año y medio alegando la inconstitucionalidad (de la relección), lo cual es cierto, pero no prepararon candidatos ni los promovieron”.
Napoleón Campos, especialista en temas internacionales, sostuvo que una Sala de la Corte “no puede habilitar lo que la Constitución no habilita” mientras algunos analistas consideraron que la habilitación de Bukele es “ilegítima” porque la Sala está integrada por personas afines al gobierno.
En mayo de 2021 el nuevo Congreso controlado por Nuevas Ideas y sus aliados destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, juramentó a los sucesores y aprobó una reforma para cesar a jueces y fiscales mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio. Para los diputados de la oposición con esa reforma el oficialismo buscaba controlar el Poder Judicial.
Juan Papier, subdirector de la División para las Américas de Human Rights Watch, sostuvo que Bukele “creó las condiciones que le permiten concentrar el poder político y buscar reelegirse para prolongar o perpetuar su proyecto autoritario”.
Laura Andrade, directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, explicó que los salvadoreños están mayoritariamente de acuerdo con la reelección «porque no desean que haya una reversión del progreso que perciben ni de los avances en materia de seguridad”.
El 27 de marzo de 2022, cuando se registraron 62 homicidios en un día, la Asamblea aprobó un estado de excepción que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razón de su arresto, así como a la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes considere sospechosos.
El Parlamento también reformó el Código Penal para que los integrantes de las pandillas, o cualquier otra organización delictiva, puedan ser condenados a penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas de esos grupos podrían enfrentar sentencias de 45 a 60 años de cárcel.
Liberadas de la obligación de tener que explicar cada arresto, las fuerzas de seguridad fueron de puerta en puerta, sacaron a la rastra a numerosos jóvenes y rodearon las zonas con alambres de púas para controlar quién entraba y quién salía.
Papier admitió que la política de seguridad de Bukele ha logrado reducir significativamente los homicidios y las extorsiones cometidas por las pandillas, pero afirmó que el costo del régimen de excepción “ha sido graves violaciones de derechos humanos y concentración del poder”.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional que recientemente presentó un informe en el que señaló al Estado salvadoreño de cometer “torturas sistemáticas en las cárceles”, expresó su preocupación por la reelección de Bukele porque teme que “puede fortalecer este tipo de prácticas”.
El gobierno asegura que las medidas extraordinarias han sido exitosas y que se ha capturado a unas 78.000 personas de las cuales los jueces han liberado apenas unas 7.000 debido a la falta de pruebas para establecer sus vínculos con las pandillas.
En 2015 El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2023 la Policía Nacional Civil contabilizó 195 homicidios hasta el 30 de noviembre contra los 598 del mismo período del año anterior.
Pero según un informe de Amnistía Internacional desde la vigencia del estado de excepción y hasta octubre se han registrado 327 desapariciones forzadas y más de 190 muertes bajo custodia estatal.
Algunos temen que, de lograr la reelección, Bukele mantenga e incluso refuerce el régimen de excepción.
Las llamadas maras o pandillas están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, pero además extorsionan a comerciantes y empresas del transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar.
En 2012 el gobierno estadounidense incluyó a la Mara Salvatrucha (MS-13), en una lista de organizaciones criminales. Tres años después, la Corte Suprema salvadoreña la declaró terrorista, así como a la pandilla Barrio 18.
