Aprobar Decreto 396, después de ser rechazado, fue un pescozón al Estado Democrático de Derecho

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El sitio oficial de Asamblea Legislativa publicó oportunamente que el decreto 396 se fue al archivo después que el pleno lo rechazara por 55 de los 56 votos que requería.

La información que mantiene oficialmente la Asamblea en su sitio web, demuestra que durante la sesión plenaria del 23 de abril de este año, a las 21: 30 horas, fue sometido para su aprobación el Decreto Legislativo número 396 previo dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y que autorizaba al gobierno a emitir bonos por $900 millones de dólares.

Según el sitio,  después de la lectura que se hizo del dictamen respectivo, el diputado Francisco Merino, del Partido de Conciliación Nacional, solicitó que se tuviera por discutido el dictamen en referencia y  fuera sometido a votación. El FMLN  estaba seguro que contaba con los 56 votos que se requerían para ser aprobado.

Sin embargo algo falló. A la hora de la votación, solo 55 diputados votaron a favor del dictamen por lo que, de acuerdo a la disposición constitucional, este tenía que ser enviado al archivo en una especie de congelamiento de seis meses para su posterior estudio si alguien así lo solicitara.

De inmediato, a las 21:34 horas, el presidente Reyes continuó con la lectura y distribución de correspondencia, punto obligado de la agenda del día, lo que se suele hacer después que finaliza cada sesión plenaria.

En este intervalo la diputada Peña pidió hacer uso de la palabra con  el fin de  que el dictamen regresara a la Comisión de Hacienda.

“…yo creo Presidente, que es necesario regresar este dictamen a la comisión para que permanezca la posibilidad de que rectifique más de algún diputado..” es decir, que había que darle otro chance de ser aprobado al dictamen de los $900 millones que acababa de ser rechazado.

Eso no es lo que dice la Constitución de la República; el presidente de la Asamblea Legislativa, el órgano del Estado donde se hacen las leyes, en vez de declarar improcedente la petición de la diputada Peña, le dio un pescozón al Estado Democrático de Derecho y ordenó someter, con la complicidad de la aritmética legislativa imperante, a una nueva votación el dictamen “favorable” de  los 900 millones que de acuerdo a la ley ya había sido enviado al archivo

Cualquier justificación por parte de la Asamblea Legislativa carece de sentido. Que no vengan con que se trata de una conspiración contra la seguridad o de sabotaje a los entes que lucha contra la violencia criminal de los pandilleros o de los delincuentes comunes. Se trata simplemente de una aberración legislativa con la que se dio un pescozón a la Constitución y al Estado Democrático de Derecho en El Salvador.

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