Aplazan decisión sobre extradición de coronel Montano por crimen de jesuitas

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Greenville (EEUU), (Agencias/DL).- Un tribunal de EE.UU. decidió el miércoles aplazar, al menos hasta octubre, su decisión sobre la entrega a España del exviceministro salvadoreño, coronel Inocente Montano, acusado del asesinato de cinco jesuitas españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría, durante el conflicto interno de El Salvador (1980-1992).

La jueza Kimberly A. Swank, encargada del caso, decidió ampliar el plazo para que la acusación y la defensa presenten más argumentos sobre la extradición y pospuso así su decisión sobre su entrega a España de Montano, de 72 años y reclamado desde 2011 por el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco.

Al finalizar la vista, celebrada en el Tribunal Federal del Este de Carolina del Norte, con sede en Greenville, la magistrada fijó tres nuevos plazos de entrega de pruebas (uno en agosto y dos en septiembre), de forma que no se espera una decisión hasta octubre.

Montano, sin el poblado bigote que le caracteriza, acudió a la vista ayudado de un andador negro y vestido con el mono de trabajo anaranjado de presidiario, ya que debe permanecer en una cárcel de Carolina del Norte hasta que se decida si es entregado a la Justicia española.

En esa prisión, Montano ya cumplió una pena de 21 meses de cárcel por haber mentido sobre su situación migratoria en Estados Unidos.

Durante la vista, el letrado del Gobierno de EEUU, John Capin, argumentó que Montano debe ser entregado a España en base al tratado de extradición entre Washington y Madrid y el reconocimiento por ambos países del crimen de asesinato, lo que les permite perseguirlo sin tener en consideración las fronteras.

“Sería un grave insulto no extraditar al acusado diciendo a un Estado soberano que sus leyes no son válidas y no pueden proceder”, argumentó Capin.

El Gobierno de EEUU, que dice actuar en nombre de España, defiende que Montano está vinculado con los asesinatos por haber amenazado por la radio del Ejército a los jesuitas, a los que consideraba “el cerebro” de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con la que estaban enfrentados.

Además, los letrados de EEUU sostienen que, un día antes de la matanza, el acusado, que en ese momento era viceministro de Defensa Nacional, participó en una reunión donde uno de sus subordinados, el coronel René Emilio Ponce, ordenó perpetrar los asesinatos al coronel Guillermo Alfredo Benavides.

“Maten al padre Ellacuría y no dejen ningún testigo”, ordenó supuestamente Ponce en presencia de Montano, que en el encuentro del poderoso grupo de militares al parecer facilitó la ubicación de Ellacuría al anunciar que había vuelto de España y estaba en El Salvador, según la acusación.

En el lado opuesto de la sala, el abogado defensor James E. Todd cuestionó la capacidad de España y del juez Velasco para investigar los asesinatos perpetrados en noviembre de 1989 por un “escuadrón de la muerte” en la Universidad Centroamericana (UCA), de la que era rector Ellacuría, ideólogo de la Teología de la Liberación y líder intelectual de la entonces guerrilla del FMLN.

“No conozco personalmente al juez Velasco, pero tiene tendencia a creerse el policía del mundo”, consideró el letrado.

“Dudo que España pueda volver atrás más de 25 años y saber qué pasó exactamente en un cruento conflicto, que El Salvador decidió superar, como España hizo con su guerra civil, con una Ley de Amnistía”, añadió Todd.

Precisamente, la Ley de Amnistía de 1993 de El Salvador protege a los militares e insurgentes que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado.

El magistrado defensor se mostró tan apasionado en la defensa de Montano que, al acabar la vista, la jueza se dirigió al salvadoreño para decirle que debería estar “contento” con la exhaustiva presentación de argumentos del letrado, que durante cuatro horas leyó nuevos documentos que aportará a la causa.

El Salvador celebró un juicio contra Montano y otros 19 militares, pero el juez español Velasco lo consideró un fraude de ley y aceptó investigar en 2011 el caso a petición de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por su sigla en inglés).