Acusados por la estampida humana en el Cuscatlán seguirán presos

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El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador envió a prisión preventiva a las cinco personas que son acusadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en la muerte de nueve personas durante una estampida humana registrada en el Estadio Cuscatlán.

Los detenidos eran imputados por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, delitos que ya habían conciliado con los familiares de las víctimas, sin embargo, la Fiscalía ordenó la detención de las cinco personas el mismo día que fueron liberadas y les sumaron el delito de agrupaciones ilícitas, enfrentando el lunes una nueva audiencia del proceso de juicio.

Los procesados, quienes fueron detenidos el 25 de mayo, son el presidente del equipo Alianza FC, Pedro Hernández, y los gerentes Edwin Abarca y Zoila Córdova; Reynaldo Avelar, gerente de la empresa encargada de la administración del Estadio Cuscatlán, y Samuel García, encargado de las llaves del recinto deportivo.

El proceso inició en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador, que decretó el pasado 2 de junio el sobreseimiento del primer proceso contra dichas personas, tras la conciliación entre estos y las familias de las víctimas, además suspendió el proceso por el cargo de estragos.

El juez, en acuerdo con la representación del Ministerio Público, decidió modificar el delito por el de infracción a las reglas de seguridad en modalidad de agravada, por el que podrían recibir una pena de 4 a 8 años.

Los procesados, quienes fueron detenidos el 25 de mayo, son el presidente del equipo Alianza FC, Pedro Hernández, y los gerentes Edwin Abarca y Zoila Córdova; Reynaldo Avelar, gerente de la empresa encargada de la administración del Estadio Cuscatlán, y Samuel García, encargado de las llaves del recinto deportivo.

El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó el pasado 2 de junio el sobreseimiento del primer proceso contra dichas personas, tras la conciliación entre estos y las familias de las víctimas, además suspendió el proceso por el cargo de estragos.

Al no estar de acuerdo con la sentencia, la Fiscalía General de la República cambió el caso de juzgado hasta obtener la captura de los indiciados.