700 comisiones se preparan ante sequía que amenaza agua, cosechas y precios de alimentos en El Salvador
Protección Civil activó la estructura territorial frente al déficit hídrico, mientras el Oriente y la zona paracentral concentran las mayores afectaciones. Si el déficit de lluvias persiste, una menor producción de maíz y frijol podría presionar el abastecimiento y los precios durante el cierre de 2026 y extender sus efectos hacia 2027
El Salvador enfrenta una de las etapas más delicadas del actual episodio de sequía. La falta de lluvias ya no es únicamente un problema para los agricultores: el déficit hídrico comienza a plantear riesgos para el abastecimiento de agua, la producción de granos básicos, los ingresos de las familias rurales y, eventualmente, el precio de alimentos esenciales para la población.
La Dirección General de Protección Civil declaró el pasado 25 de agosto alerta roja por sequía meteorológica y agrícola en todo el territorio nacional, después de registrar déficit e irregularidad en las precipitaciones, períodos secos prolongados y temperaturas excepcionalmente altas.
La declaratoria advierte que la combinación de estos factores incrementa la vulnerabilidad de la población, afecta la disponibilidad de agua, amenaza los sistemas productivos y puede repercutir sobre los medios de vida y la seguridad alimentaria.
En este escenario, el Sistema Nacional de Protección Civil mantiene activadas más de 700 comisiones comunales y municipales, según informó el subdirector de la institución, Fermín Pérez, durante una entrevista con la radio YSKL. Estas estructuras tienen como objetivo vigilar las condiciones locales, identificar necesidades y coordinar respuestas ante eventuales afectaciones.
Pero detrás de la organización de emergencia existe una preocupación de mayor alcance: qué ocurrirá con el agua y con los alimentos si la sequía continúa durante los próximos meses.
Una emergencia que ya trasciende al campo
Pérez explicó que las regiones oriental y paracentral son actualmente las más afectadas por el déficit de lluvias, mientras que el occidente y parte de la zona central presentan condiciones menos severas.
La distribución territorial es importante porque coincide con zonas donde numerosas familias dependen directa o indirectamente de las actividades agropecuarias.
Las autoridades han ordenado fortalecer el monitoreo de los recursos hídricos, incluyendo caudales y niveles de las fuentes destinadas al consumo humano y a la producción agropecuaria. La propia declaratoria de alerta roja instruye a las instituciones a evaluar periódicamente la disponibilidad de agua, las condiciones de los cultivos, las pérdidas agrícolas y las necesidades de las comunidades.
La dimensión del problema se vuelve mayor cuando se considera que el agua destinada al consumo humano compite, durante los períodos secos, con las necesidades de la agricultura y la ganadería.
Una reducción prolongada de las fuentes superficiales y subterráneas puede obligar a priorizar el consumo doméstico y reducir la disponibilidad para riego, precisamente cuando los cultivos necesitan más agua debido a las temperaturas elevadas.
El primer riesgo: menos cosecha de maíz y frijol
La agricultura de granos básicos se encuentra entre las actividades más vulnerables.
El maíz y el frijol constituyen componentes fundamentales de la alimentación salvadoreña y de la economía de miles de familias rurales. Por esa razón, una disminución significativa de las cosechas no se limita al ingreso de los productores: puede repercutir posteriormente sobre los mercados y los hogares.
El Ministerio de Agricultura reconoce entre sus prioridades garantizar el abastecimiento de granos básicos, principalmente maíz y frijol, y mantiene programas de asistencia técnica e incentivos dirigidos a productores, particularmente de agricultura familiar.
El problema es que la asistencia con semillas, fertilizantes o capacitación no elimina el principal factor que actualmente amenaza las cosechas: la falta de agua.
La declaratoria de Protección Civil señala que durante 2026 se han producido tres episodios de sequía meteorológica y que el último permanece vigente desde el 7 de agosto, con períodos de hasta 19 días consecutivos sin lluvia en determinados sectores.
A ello se suma un déficit de precipitaciones de 41 % registrado en mayo y temperaturas que durante agosto han establecido 14 nuevos récords, de acuerdo con el documento oficial.
La combinación es particularmente perjudicial para los cultivos.
El problema puede llegar al consumidor
Una eventual reducción de la producción nacional no necesariamente significa que los alimentos desaparecerán de los mercados.
El Salvador puede compensar parte de una menor cosecha mediante importaciones.
Pero importar más también puede significar mayores costos, especialmente cuando varios países productores de la región enfrentan simultáneamente condiciones climáticas adversas.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ya ha advertido sobre movimientos diferenciados en los mercados centroamericanos.
En mayo de 2026, el precio mayorista del maíz blanco se mantuvo relativamente estable en El Salvador, pero permaneció por encima del nivel registrado un año antes. En Honduras, por el contrario, el precio había aumentado por cuarto mes consecutivo, mientras que en Guatemala se encontraba afectado por la evolución de la producción y los costos.
Un mes antes, la FAO había señalado que el precio mayorista del maíz blanco en El Salvador se encontraba aproximadamente 20 % por encima del registrado un año atrás, aunque estable durante abril. La organización vinculó esa situación con menores importaciones interanuales durante parte de 2025.
Esto significa que el mercado salvadoreño ya llega al segundo semestre de 2026 con antecedentes de presión sobre el precio del maíz.
Por ahora, no existe base suficiente para afirmar cuánto aumentarán los precios al cierre del año.
Pero sí es razonable identificar el mecanismo de riesgo:
menos producción nacional + mayor necesidad de importar + dificultades productivas regionales = mayor presión potencial sobre los precios.
El frijol presenta un comportamiento diferente
El comportamiento del frijol muestra por qué es necesario evitar generalizaciones.
En mayo, la FAO reportó que el precio mayorista del frijol rojo en El Salvador había disminuido aproximadamente 12 % respecto de mayo de 2025, debido principalmente a mayores volúmenes de importación entre junio de 2025 y abril de 2026.
Es decir, el mercado pudo compensar parte de las presiones sobre la producción mediante importaciones.
Pero ese mecanismo tiene límites.
Si la sequía afecta simultáneamente a los principales países proveedores de la región, las posibilidades de compensar una menor producción mediante compras externas pueden reducirse o hacerse más costosas.
Por eso, el comportamiento de los precios durante los últimos meses de 2026 dependerá no solamente de lo que ocurra dentro de El Salvador, sino también de las cosechas y disponibilidades de Honduras, Guatemala, Nicaragua, México y otros mercados proveedores.
El escenario más delicado: 2027
La preocupación aumenta porque las autoridades salvadoreñas no están proyectando un problema exclusivamente de corto plazo.
La perspectiva climática citada por Protección Civil señala que las condiciones estarán fuertemente influenciadas por El Niño, con una tendencia hacia su fortalecimiento hasta alcanzar una intensidad fuerte a muy fuerte hacia finales de 2026 e inicios de 2027.
Para agosto-octubre, el pronóstico oficial contempla una probabilidad de entre 70 % y 90 % de precipitaciones por debajo de lo normal en las zonas paracentral y oriental. En la zona central, la probabilidad se sitúa entre 50 % y 70 %, y en el occidente entre 40 % y 50 %.
Eso convierte la próxima temporada agrícola en un punto crítico.
Si los productores pierden parte de sus cosechas de 2026 y, además, comienzan el siguiente ciclo agrícola con menos recursos económicos, menor disponibilidad de semillas o de agua y suelos con déficit de humedad, el problema puede extenderse hacia 2027.
No se trata únicamente de producir menos.
El agricultor que pierde una cosecha también pierde capacidad para financiar la siguiente.
El efecto sobre las familias rurales
El impacto puede ser particularmente fuerte entre los pequeños productores.
Para una familia que cultiva principalmente para autoconsumo, una pérdida de maíz o frijol significa tener que comprar en el mercado una parte de los alimentos que anteriormente producía.
Si, además, los precios aumentan, la familia queda expuesta a un doble impacto:
menos ingresos por la producción agrícola y mayores gastos para comprar alimentos.
El Programa Mundial de Alimentos señala que El Salvador continúa siendo altamente vulnerable a los efectos de un clima irregular debido a su ubicación dentro del Corredor Seco centroamericano. El organismo advierte que las sequías y las tormentas pueden provocar pérdidas significativas en cultivos y medios de vida.
El organismo también identifica como problemas persistentes el acceso limitado a alimentos, los bajos ingresos y las oportunidades laborales insuficientes, factores que pueden agravar las consecuencias de un shock agrícola.
Cuando los ingresos familiares disminuyen y los alimentos se encarecen, los hogares con menores recursos son los primeros en reducir la cantidad o calidad de sus comidas.
Más de 700 comisiones para una emergencia que puede ser prolongada
La respuesta institucional intenta anticiparse a ese escenario.
Según Fermín Pérez, Protección Civil cuenta con más de 700 comisiones comunales y municipales organizadas y capacitadas para intervenir territorialmente.
La estructura trabaja junto con el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Policía Nacional Civil, cuerpos de socorro y organismos internacionales.
El Plan Nacional de Contingencia para eventos hidroclimáticos contempla tanto escenarios de sequía como de inundaciones y crecidas, debido a que un período de sequía no elimina la posibilidad de lluvias intensas y concentradas.
La lógica es prevenir dos extremos climáticos en un mismo período.
Agricultura busca alternativas, pero el desafío es mayor
El Ministerio de Agricultura ha señalado que trabaja en alternativas como la diversificación de cultivos, asistencia técnica y variedades más tolerantes a la sequía.
El propio MAG mantiene investigaciones destinadas a desarrollar variedades de frijol tolerantes a la sequía, especialmente para productores de pequeña escala del Corredor Seco salvadoreño.
También existen antecedentes de programas de siembra y cosecha continua, utilización de áreas bajo riego y entrega de semillas e insumos para ampliar la producción de granos básicos.
Estas medidas pueden reducir el impacto.
Pero existe una diferencia entre reducir las pérdidas y garantizar una cosecha normal.
Cuando la disponibilidad de agua cae por debajo de las necesidades de los cultivos, la tecnología y la asistencia técnica pueden ayudar, pero no eliminan completamente el riesgo.
El Salvador tiene además una vulnerabilidad estructural
La producción nacional de granos básicos no cubre necesariamente todas las necesidades del mercado.
En consecuencia, las importaciones cumplen una función de equilibrio.
La FAO ha documentado que los movimientos de los precios salvadoreños están relacionados no solamente con la producción local, sino también con los volúmenes importados y la situación de los mercados regionales.
Eso significa que una crisis agrícola prolongada puede transmitirse hacia el consumidor por dos vías.
La primera es directa: menor oferta nacional.
La segunda es externa: mayor costo de abastecimiento mediante importaciones.
El riesgo aumenta si ambos fenómenos ocurren simultáneamente.
¿Puede dispararse el precio de los granos básicos?
Es una posibilidad, pero todavía no puede presentarse como un hecho consumado.
Los datos disponibles muestran que el maíz ya registraba en abril un precio mayorista aproximadamente 20 % superior al de un año antes, aunque estable durante ese mes. Para mayo, la FAO volvió a señalar que los precios salvadoreños estaban por encima de los niveles de 2025.
En el caso del frijol rojo, en cambio, las mayores importaciones habían contribuido a reducir los precios interanuales.
La evolución durante el cierre de 2026 dependerá de variables que todavía están abiertas:
- cuánto durará la sequía;
- cuánto disminuirá la producción nacional;
- cómo evolucionarán las cosechas regionales;
- qué volumen de granos será necesario importar;
- cuánto costará transportarlos;
- y qué ocurrirá con los precios internacionales.
Por eso, una fuerte subida de precios es un riesgo que debe vigilarse, no una predicción que pueda darse por segura.
El agua será el indicador decisivo
La propia declaratoria de alerta roja ordena monitorear no solamente la lluvia, sino también caudales, niveles y disponibilidad de los recursos hídricos, humedad del suelo y condiciones de los cultivos.
Ese seguimiento será fundamental durante los próximos meses.
La sequía meteorológica puede terminar cuando regresen las lluvias.
Pero la recuperación hidrológica puede tardar más.
Y la recuperación agrícola puede requerir todavía más tiempo.
Un agricultor puede recibir lluvia después de varias semanas secas, pero si el cultivo ya sufrió daños durante su etapa crítica de desarrollo, esa lluvia no necesariamente recuperará la cosecha perdida.
El riesgo para 2027 comienza en 2026
El principal peligro no está solamente en una eventual subida del precio del maíz o del frijol durante los últimos meses de este año.
Está en la posibilidad de que la pérdida de producción, ingresos y reservas de los productores de 2026 debilite la capacidad de sembrar en 2027.
Ese efecto puede generar un círculo difícil de romper:
sequía → menor cosecha → menores ingresos rurales → menor capacidad de inversión → menor producción siguiente → mayor necesidad de importar → presión sobre precios.
Para los consumidores urbanos, el problema podría aparecer primero en el mercado.
Para las familias rurales, puede comenzar mucho antes, en el terreno donde el maíz no germina, el frijol no llena la vaina o el ganado pierde acceso al agua y al alimento.
La crisis hídrica también es una crisis social
La advertencia de Protección Civil no debe interpretarse únicamente como un llamado a ahorrar agua.
La declaratoria nacional reconoce expresamente que el déficit hídrico puede afectar agua para consumo humano, producción agropecuaria, medios de vida y seguridad alimentaria.
Por ello, el verdadero alcance de la emergencia dependerá de cuánto dure el déficit y de la capacidad del país para mantener abastecidas a las comunidades, proteger las cosechas y evitar que una pérdida agrícola se convierta posteriormente en una crisis de precios.
El Salvador entra así en los últimos meses de 2026 frente a un escenario que exige vigilancia permanente.
Todavía no existe evidencia para afirmar que el país enfrentará un desabastecimiento generalizado de granos básicos ni que los precios necesariamente se dispararán.
Pero sí existen suficientes señales para considerar que el agua, la producción de maíz y frijol y el precio de los alimentos deben permanecer entre las principales variables económicas y sociales a vigilar durante el cierre de 2026 y el inicio de 2027.
La diferencia entre una temporada agrícola difícil y una crisis alimentaria dependerá, en buena medida, de lo que ocurra con las lluvias, las reservas de agua y las cosechas durante los próximos meses.
