27 de agosto, día importante para la justicia en El Salvador

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La cuarta planta del Centro Judicial Isidro Menéndez, en el Bulevar Tutunichapa, se ha convertido en el escenario de un juicio que sin lugar a dudas marcará el rumbo de la justicia en El Salvador. En ese juicio se ventilará, seguramente, hasta qué grado el crimen organizado ha penetrado la moral institucional del Estado y la Administración de Justicia en El Salvador.

En ese juicio se discute, a nuestro entender, tres situaciones relacionadas pero distintas entre sí, con la evidente intención de borrar cualquier vestigio positivo de la administración del ahora ex fiscal general Luis Martínez y de complicar la del actual fiscal, Douglas Meléndez. El Fiscal ya hizo lo que tenía que hacer, ahora le toca su turno a la jueza.

En el caso de Martínez, todo mundo sabe que desde que asumió el cargo, se destacó por su particular forma de investigar y atacar las actividades ilegales de funcionarios que dieron lugar a la tregua entre pandilleros con  los que pactaron su apoyo electoral a la campaña de Mauricio Funes a cambio de obtener grandes beneficios en los recintos donde guardaban prisión acusados de homicidio, extorsión, asociación, lavado, y otros ilícitos.

El fondo del convenio era dejar de matarse entre pandilleros en apoyo de una política del Estado para la reducción de los homicidios y que se convertiría, supuestamente, en la plataforma electoral desde donde un ministro se lanzaría como un eventual próximo presidente que sucedería a Mauricio Funes.

La falta de cumplimiento, tanto por parte del ya ex presidente Mauricio Funes, de las promesas empeñadas con los pandilleros dio lugar a que estos redoblaran sus actividades criminales elevando a cifras estratosféricas la cantidad de muertes violentas en el país y, fundamentalmente, poniendo al descubierto la más grande red política criminal que ha existido en el país, dirigida por el mismo ex presidente de la República, Mauricio Funes Cartagena y algunos de sus funcionarios.

Al ex fiscal Martínez le atribuyen ahora haber actuado durante su gestión de manera arbitraria, pero el fiscal actual sabe que no se puede actuar de otra manera cuando, y él mismo lo ha reconocido, la institución está filtrada por el crimen organizado.

Martínez lo dijo y lo aseguró con mucha frecuencia, no se podía confiar en nadie, pero aun así seguía ascendiendo aceleradamente en su carrera política, al grado que de ser reelecto en el cargo, la llegada a casa presidencial como inquilino titular parecía pan comido. Hasta que se le ocurrió tocar a los grandes y poderosos. La moraleja sería que solo se debe investigar a las sardinas pero jamás a los tiburones. En la cárcel no hay lugar para los fuertes salvo verdaderas excepciones como trataremos de relatar en otro editorial.

Lo cierto es que Martínez se enfrentó al poder, económico y político, de manera abierta, audaz, pero imprudente.

Esa es la principal razón por la que hoy se encuentra en la situación que todos sabemos, envuelto en una conspiración que responde, según sus propias palabras en “venganzas injustificadas”.

Cualquier persona puede darse cuenta que en su actividad contra las actividades ilícitas y sus esfuerzos por desbaratar prácticas mafiosas, el ex fiscal quedó expuesto a venganzas de quienes saben que tarde o temprano serán ellos los que ocupen la hospitalidad de las instalaciones de la División Anti Narcóticos, DAN.

No sabemos qué es lo que está deparado para el abogado Luis Martínez, ex Fiscal General de la República. Si sabemos que la jueza que conoce del caso sabrá ponderar el valor “moral” y probatorio de una Sentencia del Tribunal de Etica Gubernamental aparentemente manipulada por un presidente de ese organismo al que el mismo Martínez estuvo a punto de llevar a la cárcel por maltrato familiar pero del que, finalmente, tuvo compasión “omitiendo” la gravedad de ese delito contra la moral familiar de los y las salvadoreñas.

Sí sabemos que uno de los más resonantes éxitos del ex fiscal, además de su lucha a brazo partido contra la corrupción judicial, encarnada por Juez Romeo Aurora Giammatei, y a quien el mismo Martínez investigó, igual que lo hizo el fiscal general de los Estados Unidos, Robert Kennedy, con el poderoso sindicalista y maffioso Jimmy Hoffa, al que logró llevar a los tribunales acusado de practicar métodos propios de los gánsteres con pruebas de todo tipo de sus actividades ilegales y extorsionistas y condenarlo a ocho años de cárcel.

El ex fiscal Luis Martínez tuvo el poder y lo perdió porque no midió el alcance de sus enemigos en la lucha contra las negociaciones entre las pandillas y el gobierno. Sus relaciones con los sectores poderosos que ahora lo tienen acorralado, estuvieron marcadas por mútuos recelos y una enemistad recíproca y nada disimulada con los artífices de la tregua. A eso es lo que Martínez llama “venganzas injustificadas”.

A nuestro juicio, existe la posibilidad de que haya una conspiración perfectamente tramada para acabar con un político demasiado molesto para ciertos sectores y que, dependiendo de la evolución de los partidos políticos tradicionales, tenía posibilidades de acceder hasta la más alta magistratura del país.

La audiencia de este 27 de agosto de 2016 será una tarea realmente intensa e histórica para un juicio en el que se han mezclado verdades con mentiras, buenas con malas intenciones, culpables con inocentes. La sabiduría de un juez no está en conocer el derecho si no en saber aplicarlo.