El abogado principal del expresidente Francisco Flores, Luis Edgardo Morales Joya, dejó entrever que la medida cautelar dictada el jueves por el juez del Tribunal Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García Argüello, de enviar a su cliente a prisión está influenciada por las aspiraciones del juez a ocupar el cargo de fiscal general de la República.
El juez García dictaminó que el expresidente deberá guardar prisión preventiva en los calabozos de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Salvador, porque será juzgado por un “delito grave” como el lavado de dinero.
Morales Joya introdujo durante la audiencia, de manera oral, un recurso de apelación para que sea revocada la medida cautelar de enviar a Flores a un calabozo de la Policía mientras afronta el juicio.
“No hay ningún elemento para modificar la medida cautelar (de arresto domiciliario), porque él se presentó voluntariamente y tiene una enfermedad que tiene que ser atendida” y “no ha dado ni un solo signo de querer escapar”, explicó el abogado defensor.
Tras estar prófugo unos cuatro meses, el expresidente se entregó a la Justicia el 5 de septiembre de 2014 y se mantuvo en arresto domiciliario desde octubre de ese mismo año, tras estar hospitalizado durante 19 días por una trombosis en una pierna.
El exmandatario tenía programada una intervención quirúrgica por problemas en la vesícula que fue suspendida por por el juez por su proximidad con la audiencia del jueves.
Morales Joya añadió que la reclusión de Flores “agravará sus problemas de salud”, cosa a la que el juez restó importancia.
Si el juez admite el recurso, este debe ser conocido por un tribunal superior que decidirá en un plazo de 10 días la legitimidad de la prisión preventiva; en este período el acusado mantendría el privilegio carcelario.
El juez del Tribunal Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García Argüello, resolvió el jueves enviar a juicio a Flores por los delitos de peculado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y desobediencia de terceros, que acarrean en total una pena máxima de 40 años.
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