Secretario de Seguridad Nacional de EE.UU recuerda en X que la “T” del TPS significa “Temporal”
El mensaje de la Administración Trump llega cuando faltan apenas 15 días para que expire la protección migratoria de unos 170,000 salvadoreños. El antecedente de la eliminación del TPS para otros países y el fallo de la Corte Suprema reducen el margen de maniobra, mientras la relación entre Donald Trump y Nayib Bukele abre interrogantes sobre si El Salvador podría recibir un tratamiento distinto
La Administración del presidente Donald Trump volvió a enviar una señal inequívoca sobre el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS), precisamente cuando los aproximadamente 170,000 salvadoreños amparados por este programa entran en la recta final antes de que expire su protección, el próximo 9 de septiembre.
El jefe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Markwayne Mullin, publicó en su cuenta oficial de X un mensaje en el que recordó que la “T” de TPS significa “Temporary” —temporal—, al tiempo que defendió la política de la Administración Trump de terminar protecciones migratorias que, según Washington, se han prolongado mucho más allá de las circunstancias que originalmente justificaron su creación.
El mensaje adquiere especial relevancia para El Salvador porque aparece a poco más de dos semanas de la fecha establecida para la terminación del TPS salvadoreño, y después de que la Administración Trump haya conseguido importantes victorias judiciales que han reducido considerablemente los obstáculos legales para cancelar estas protecciones.
La pregunta que enfrentan ahora decenas de miles de familias salvadoreñas es sencilla, pero de enorme trascendencia:
¿Será El Salvador una excepción debido a su estrecha relación con Trump y Bukele o Washington aplicará a los salvadoreños la misma política que está aplicando a otros países?
Hasta ahora, no existe ninguna decisión oficial que permita afirmar que los salvadoreños recibirán un trato especial.
El calendario es inequívoco: 9 de septiembre
El TPS para ciudadanos salvadoreños fue creado en 2001, después de los devastadores terremotos que golpearon al país en enero y febrero de aquel año, desde entonces, el programa ha sido prorrogado en numerosas ocasiones.
La última extensión fue publicada durante la Administración Biden y estableció que el TPS salvadoreño continuaría vigente durante 18 meses, desde el 10 de marzo de 2025 hasta el 9 de septiembre de 2026, por lo tanto, la fecha que enfrentan los beneficiarios no es una estimación periodística, está establecida oficialmente.
La propia Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó el pasado 12 de agosto que la designación de TPS para El Salvador y sus beneficios están programados para terminar el 9 de septiembre de 2026.
Si DHS no anuncia una nueva extensión o una nueva designación antes de esa fecha, el escenario previsto por la normativa es la terminación de la protección.
¿Qué significa perder el TPS?
El TPS no concede residencia permanente ni ciudadanía estadounidense, su naturaleza es, precisamente, temporal.
Los beneficiarios pueden permanecer legalmente en Estados Unidos mientras la designación esté vigente y, si cumplen los requisitos, obtener autorización para trabajar, pero el TPS no constituye por sí mismo un camino hacia la residencia permanente.
Por ello, cuando termina una designación, las personas que no poseen otra base legal para permanecer en Estados Unidos pueden quedar sujetas a las leyes migratorias ordinarias, esto puede conducir eventualmente a procedimientos de deportación.
El American Immigration Council explica que el TPS permite a determinados nacionales extranjeros permanecer y trabajar temporalmente en Estados Unidos cuando las condiciones de sus países hacen que el retorno no sea seguro o resulte extraordinariamente difícil.
La pérdida del TPS, por tanto, no significa que 170,000 salvadoreños serán detenidos y deportados automáticamente el 10 de septiembre, pero sí significa que muchos podrían perder la protección que actualmente impide que sean removidos por su condición migratoria y podrían quedar expuestos a la aplicación de las leyes migratorias estadounidenses, dependiendo de su situación individual.
El mensaje de DHS no es casual
La frase difundida por DHS —“The T in TPS stands for TEMPORARY”— no aparece en el vacío.
La Administración Trump ha convertido precisamente ese argumento en uno de los pilares de su política para desmontar el sistema de protecciones temporales. el propio DHS ha sostenido que administraciones anteriores transformaron el TPS en una especie de protección permanente o “amnistía de facto”.
El mensaje coincide además con declaraciones anteriores de altos funcionarios de la Administración, en junio, después de una decisión de la Corte Suprema favorable al Gobierno, James Percival, entonces consejero general del DHS, escribió en X que la “T” de TPS significa “TEMPORARY” y calificó el fallo como una victoria para el Estado de derecho y el sentido común.
La Administración está, por tanto, construyendo una narrativa coherente: el TPS fue concebido como una protección excepcional y temporal, no como un mecanismo permanente de residencia.
La Corte Suprema cambió el escenario
Uno de los elementos que más preocupa a los beneficiarios salvadoreños es que la Administración Trump cuenta ahora con un margen jurídico considerablemente mayor.
El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos falló por 6 votos contra 3 a favor de la capacidad del Gobierno para terminar determinadas designaciones de TPS, el caso se refería específicamente a haitianos y sirios, pero sus consecuencias tienen alcance mucho mayor, la mayoría sostuvo que la legislación federal otorga al secretario de Seguridad Nacional una amplia autoridad para determinar la terminación o extensión de una designación de TPS y limita la revisión judicial de esas decisiones.
El fallo eliminó uno de los principales obstáculos que habían frenado durante años los intentos de la Administración Trump de terminar diferentes programas de TPS y eso cambia sustancialmente el panorama para los salvadoreños.
El antecedente haitiano es especialmente preocupante
La evolución de Haití ofrece una pista sobre lo que podría suceder.
Después de la terminación del TPS, Estados Unidos comenzó a deportar beneficiarios haitianos, el pasado 20 de agosto, un vuelo con 161 personas deportadas llegó a Cabo Haitiano procedente de Estados Unidos, en lo que fue presentado como uno de los primeros vuelos de deportación posteriores al fin del TPS haitiano. El hecho demuestra que la terminación de una designación de TPS no es solamente una decisión administrativa abstracta. Puede convertirse posteriormente en una operación de aplicación de las leyes migratorias.
La Administración Trump también ha eliminado o anunciado la eliminación del TPS para numerosos países. Organizaciones especializadas estiman que más de un millón de personas han quedado o pueden quedar afectadas por el proceso de desmantelamiento del programa.
Pero El Salvador no es Haití
Aquí aparece la principal incógnita: La situación de El Salvador es diferente tanto política como diplomáticamente.
El presidente Nayib Bukele se ha convertido en uno de los mandatarios latinoamericanos más cercanos a Donald Trump.
La relación bilateral ha experimentado un cambio sustancial desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.
El Gobierno salvadoreño ha ofrecido cooperación a Washington en materia migratoria y de seguridad, incluyendo la recepción de personas deportadas desde Estados Unidos y una estrecha coordinación en materia de seguridad.
Bukele, además, ha cultivado una relación personal y política particularmente cercana con Trump.
Esto ha generado una expectativa entre algunos beneficiarios del TPS y organizaciones salvadoreñas de que esa relación pueda traducirse en una consideración especial para El Salvador, pero hasta ahora esa posibilidad no ha sido confirmada por Washington.
Naomi Fellows ya había enviado una señal
La posición de la representación diplomática estadounidense en San Salvador tampoco permite hablar de una extensión inminente.
En julio, la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, fue consultada específicamente sobre el futuro del TPS, su respuesta fue significativa: recordó que la palabra “temporal” forma parte del nombre del programa y señaló que la decisión corresponde al Departamento de Seguridad Nacional en Washington, es decir:
la Embajada no controla la decisión y hasta ahora, tampoco ha anunciado que exista un acuerdo entre Washington y San Salvador para garantizar una extensión especial.
¿Puede Bukele conseguir una excepción?
Puede intentarlo políticamente. No existe evidencia pública de que ya la haya conseguido, esta distinción es fundamental.
El Gobierno salvadoreño tiene actualmente una relación considerablemente más estrecha con Washington que durante la primera Administración Trump, pero el TPS es una figura establecida por la legislación estadounidense y la decisión formal corresponde al Gobierno estadounidense.
La Casa Blanca podría políticamente pedir a DHS que considere las circunstancias particulares de El Salvador, sin embargo, la decisión debe pasar por el procedimiento establecido por la legislación y por la evaluación de las condiciones que justifican la designación.
Por eso, la cercanía entre Trump y Bukele puede mejorar las posibilidades diplomáticas de una negociación, pero no constituye una garantía jurídica de extensión.
El argumento salvadoreño: 25 años en Estados Unidos
Existe, además, una circunstancia que diferencia a los salvadoreños de muchos otros grupos afectados. Una parte importante de los beneficiarios lleva aproximadamente 25 años viviendo legalmente en Estados Unidos bajo TPS.
Muchos llegaron después de los terremotos de 2001, construyeron empresas, compraron viviendas, formaron familias y tienen hijos estadounidenses.
El caso del empresario salvadoreño José Urías, entrevistado por Associated Press, ilustra esa situación: llegó a Estados Unidos bajo TPS, formó una familia, tuvo hijos estadounidenses y creó una empresa de construcción que ha levantado más de 150 viviendas en el área de Boston.
Para personas como él, la terminación del TPS no significa simplemente regresar al país del que salieron hace un cuarto de siglo, significa potencialmente desmantelar una vida completa construida en Estados Unidos.
Y existe otro argumento: el peso económico
Los salvadoreños beneficiarios del TPS no son únicamente receptores de una protección migratoria, son trabajadores, empresarios, contribuyentes, propietarios e integrantes de comunidades estadounidenses.
Organizaciones defensoras de los beneficiarios han argumentado que la eliminación del TPS produciría pérdidas económicas para sectores que dependen de esta fuerza laboral, entre ellos figuran construcción, servicios, cuidado de personas, restaurantes y otras actividades.
El problema también alcanza a El Salvador.
Los beneficiarios del TPS forman parte de una población que durante décadas ha contribuido al flujo de remesas hacia sus familias en el país. Una deportación masiva o la pérdida de empleos tendría, por tanto, un impacto simultáneo, en Estados Unidos, en las familias salvadoreñas y en la economía de El Salvador.
¿Está condenado el TPS salvadoreño?
No. Pero el escenario actual es objetivamente más adverso que hace un año. Hay tres posibilidades principales.
1. DHS extiende el TPS
Es jurídicamente posible.
El secretario de Seguridad Nacional tiene autoridad para extender una designación si determina que continúan existiendo las condiciones requeridas, esta sería la solución más favorable para los aproximadamente 170,000 beneficiarios.
2. DHS permite que expire
Es el escenario que actualmente figura en los documentos oficiales.
USCIS ya está informando a los beneficiarios que la designación termina el 9 de septiembre, salvo que exista una decisión posterior que modifique esa situación.
3. Se produce una solución política o legislativa
El Congreso podría aprobar una legislación que otorgue una vía de regularización permanente o una protección específica, sin embargo, esa posibilidad requiere una acción legislativa que actualmente no está aprobada, por ello no puede presentarse como una solución inminente.
Lo que NO significa el 9 de septiembre
Existe una preocupación generalizada entre los beneficiarios que conviene matizar.
No significa que el 10 de septiembre 170,000 salvadoreños serán deportados automáticamente.
La terminación del TPS elimina la protección temporal y la autorización laboral asociada al programa, pero cada persona tiene una situación migratoria individual.
Algunos podrían tener:
- solicitudes de asilo pendientes;
- residencia permanente;
- peticiones familiares;
- otros permisos migratorios;
- procesos judiciales;
- órdenes de deportación;
- o ninguna otra protección.
La consecuencia jurídica será diferente en cada caso, por eso, organizaciones de defensa migratoria están recomendando que los beneficiarios revisen antes del vencimiento si disponen de alguna otra vía legal para permanecer en Estados Unidos.
La paradoja de la relación Trump-Bukele
La situación coloca a Nayib Bukele ante una paradoja política.
El presidente salvadoreño ha conseguido construir una relación extraordinariamente cercana con Donald Trump y ha convertido a El Salvador en uno de los socios latinoamericanos más cooperativos de Washington en materia migratoria.
Pero precisamente ahora, cuando esa relación podría traducirse en un beneficio concreto para decenas de miles de salvadoreños, la Administración Trump mantiene abierta la posibilidad de terminar el TPS.
Hasta el momento, la cooperación entre ambos gobiernos no ha producido una declaración pública de Washington que prometa una extensión y el mensaje de DHS sobre la palabra “Temporary” llega en un momento particularmente sensible.
La eventual deportación de miles de salvadoreños tendría consecuencias más allá del debate migratorio.
Los beneficiarios del TPS han formado parte durante décadas de la economía estadounidense y de las redes familiares que sostienen buena parte de las remesas que llegan a El Salvador.
Si pierden sus empleos o son deportados, el impacto podría sentirse en el flujo de dinero hacia el país.
Además, El Salvador tendría que prepararse para recibir a personas que en muchos casos llevan 20 o 25 años fuera del país, tienen poca infraestructura familiar en territorio salvadoreño y han desarrollado su vida económica en Estados Unidos.
Esto convierte el problema en un asunto bilateral, no únicamente migratorio.
La cuenta regresiva
Faltan aproximadamente 15 días para el 9 de septiembre. Hasta este momento, la información oficial disponible establece que el TPS salvadoreño terminará ese día. No existe una comunicación oficial de DHS anunciando una nueva extensión.
Tampoco existe evidencia pública de un acuerdo especial entre Trump y Bukele para garantizar la permanencia de los salvadoreños amparados. Lo que sí existe es una Administración estadounidense que ha demostrado su disposición a terminar los TPS de otros países, una Corte Suprema que le ha dado mayor margen para hacerlo y un DHS que insiste públicamente en que la “T” significa Temporary, al mismo tiempo, existe una relación política particularmente estrecha entre Trump y Bukele que podría abrir espacio para una negociación.
Pero negociación no significa garantía.
Al día de hoy, el escenario más prudente es considerar que el TPS salvadoreño está programado para terminar el 9 de septiembre, mientras se mantiene abierta la posibilidad de que DHS tome una decisión distinta antes de esa fecha.
La pregunta decisiva ya no es si el Gobierno de Trump tiene autoridad para terminar el programa.
La Corte Suprema prácticamente despejó ese obstáculo.
La pregunta ahora es otra:
¿Considerará Donald Trump que la relación estratégica que ha construido con Nayib Bukele es suficientemente importante como para hacer una excepción con los salvadoreños?
Por ahora, Washington no ha dicho que sí.
Y para unos 170,000 salvadoreños, el calendario sigue corriendo.
