Salvador Sánchez Cerén pidió ayuda a la Fiscalía General para cobrar unos 210 millones de un total de 560 millones de dólares que supuestamente deben los contribuyentes al fisco y que, según él, servirían para paliar los problemas financieros del país.
El Ejecutivo envió el pasado 5 de octubre a la Fiscalía una lista con supuestos 11.111 contribuyentes que dice el gobierno deben 210 millones de dólares en impuestos desde hace más de 10 años, de una deuda total de 560 millones de dólares, que habrían en deuda.
“Le pido al señor fiscal (Douglas Meléndez) que también nos apoye en garantizar que estos señores paguen la deuda que tienen con el Estado”, señaló el presidente durante su programa de propaganda que transmite semanalmente en medios nacionales y privados, y que financia con donaciones de Taiwan.
Sánchez Cerén lamentó no tener las “herramientas” para cobrar los supuestos 560 millones de dólares que clama.
“El pueblo conoce quiénes son los deudores, pero el pueblo no tienes las herramientas para cobrar este dinero”, dijo desde la localidad de Zaragoza donde arengó a las personas que se hicieron presentes para escuchar propuestas, ataques y excusas sobre sus proyectos.
El mandatario explicó que su administración ha presentado ante el Congreso una propuesta de “ley para el cobro de deudas tributarias y multas a favor del Estado”, pero “no se ha iniciado el debate” para su aprobación, anteriormente, los gobiernos anteriores al FMLN pidieron leyes similares, pero la entonces oposición, ahora en el Poder, se negó.
El Gobierno de El Salvador dice enfrentar actualmente un problema de finanzas públicas que podría llevarlo a una situación de impago de su deuda de corto plazo.
Dicha crisis en difícil de entender por la población, debido a que el Presidente advirtió en una cadena nacional de radio y televisión un estado de Emergencia Nacional, lo que fue desmentido y catalogado como una Emergencia Financiera por el secretario de Comunicaciones de su Gobierno un día después, mientras el secretario Técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana advertía en un canal privado de televisión que la situación no era tan grave, que la economía salvadoreña es sana y que el problema se limita a ser un problema de “caja”.
El pasado 21 de septiembre, el Gobierno admitió la posibilidad de caer en un “default” de esta deuda, lo que condicionó a que el Congreso aprobara una emisión de bonos por 1.200 millones de dólares a corto plazo.
Según el Gobierno, la mayoría de este dinero serviría para convertir la deuda de Letras del Tesoro (LETES) en eurobonos, sin embargo, al negarse a realizar un “Pacto Fiscal”, expertos creen que dichos fondos podrían ser utilizados para mantener el gasto público.
Sólo en 2015, el gasto público en El Salvador creció 938,9 millones, un 23,26%, hasta un total de 5.46 millones de dólares. Esta cifra supone que el gasto público en 2015 alcanzó el 21,35% del PIB, una caída de solo 0,06 puntos respecto a 2014, cuando el gasto fue el 21,41% del PIB.
Hasta septiembre anterior, la deuda por LETES de El Salvador alcanzó los 1.040 millones de dólares, según cifras del Ministerio de Hacienda.
Hace una semana, la Presidencia informó de que el Fondo Monetario Internacional acompañara al Estado a lograr un acuerdo fiscal que evite el impago, y que incluye la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal y la aprobación de los títulos valores por 1.200 millones de dólares para convertir Letes en eurobonos, para lo que se han realizado reuniones entre el oficialismo y la oposición, sin embargo, de acuerdo a decoraciones del presidente de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Mauricio Interiano, el Gobierno aún no cede a ninguna demanda por parte de la oposición conservadora.
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