El pasado domingo, una tormenta torrencial sumió a gran parte del Gran San Salvador en el caos, con calles convertidas en ríos, vehículos atrapados y viviendas inundadas. La magnitud del fenómeno climático ha puesto de nuevo en el centro del debate la efectividad de las políticas de prevención de desastres y la infraestructura urbana del país. La pregunta en la opinión pública no se ha hecho esperar: ¿quién es el responsable dentro del gobierno de Nayib Bukele?
El evento, que se prolongó por varias horas, sobrepasó la capacidad del sistema de drenaje de la capital y sus municipios aledaños. Sectores como el Bulevar del Ejército, la Autopista a Comalapa, la Zona Rosa, Ciudad Merliot, Santa Tecla y varias zonas residenciales en Soyapango y Mejicanos se vieron gravemente afectados, con reportes de personas que tuvieron que ser rescatadas de sus vehículos. Las autoridades de Protección Civil emitieron alertas y activaron equipos de respuesta, pero la dimensión de la inundación evidenció una vulnerabilidad que va más allá de un solo evento climático.
La responsabilidad bajo escrutinio
Para críticos y analistas, la respuesta a la pregunta sobre la responsabilidad se encuentra en la falta de inversión a largo plazo y una gestión deficiente de los recursos hídricos. Si bien el gobierno del presidente Nayib Bukele ha destacado por obras de infraestructura, muchos señalan que los proyectos de mitigación no han sido suficientes para contrarrestar los efectos de las lluvias, que cada año se vuelven más intensas debido al cambio climático.
Desde la perspectiva gubernamental, la Secretaría de Comunicaciones ha argumentado que la intensidad de las precipitaciones fue un factor fuera de lo común y que las acciones se han enfocado en la respuesta inmediata y en obras puntuales de mitigación. Sin embargo, opositores políticos y expertos en desarrollo urbano insisten en que se ha descuidado una estrategia integral que incluya la reforestación, la limpieza de los cauces de los ríos y una planificación urbana que evite la construcción en zonas de riesgo.
La discusión sobre quién es el responsable se ha centrado en el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), al ser la entidad encargada de la infraestructura vial y de drenaje. A pesar de los esfuerzos del MOPT por mejorar el sistema, las recurrentes inundaciones demuestran que el desafío sigue siendo considerable y requiere de una visión a largo plazo que trascienda la coyuntura política.
El Gran San Salvador, con su densidad de población y su topografía, seguirá siendo vulnerable a las lluvias mientras no se implemente una solución estructural que combine la inversión en infraestructura con una gestión de riesgo más efectiva. La reciente inundación es un claro llamado a la acción para el gobierno de Bukele y un recordatorio de que la seguridad de los ciudadanos depende de una planificación prudente y transparente.
