La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, emitió un pronunciamiento en relación al incremento de homicidios y ataques de las pandillas contra de miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), así como por el asesinato de familiares de estos.
“A quienes forman parte de grupos armados ilegales o colaboran en la realización de acciones ilícitas, sean estas asesinatos, robos, violaciones, extorsiones, amenazas, desapariciones y cualquier otro delito en contra de personas o colectivos, les hago un enérgico llamado a que depongan su actitud violenta y a que cesen de inmediato su sangriento ataque en contra de la población”, dice. la procuradora.
La procuradora asegura en su comunicado estar estar profundamente preocupada, por lo que “exige” al Estado, “principalmente a las instituciones relacionadas a la seguridad ciudadana”, que garanticen el derecho a la vida y seguridad de la población “sin más excusa ni demora”.
“Lamento como Defensora del Pueblo, las cerca de 2,000 muertes ocurridas en lo que va del año y el notorio incremento de asesinatos en las últimas semanas’, agrega el comunicado.
Según la funcionaria, dicha situación “pone en duda la sostenibilidad de los resultados positivos anunciados oficialmente y plantean la urgente necesidad de hacer una objetiva y profunda evaluación del camino recorrido, para evitar en el corto plazo más muertes y el cometimiento de más delitos”.
Caballero aclaró que su exigencia hacia las autoridades para que adopten medidas para proteger a la población del ataque de grupos armados ilegales no implica que avale o consienta la vulneración de derechos humanos a persona alguna. En ese sentido, la procuradora demandó a “los cuerpos represivos del Estado” a cumplir su labor apegada al absoluto respeto de los derechos humanos.
“A quienes forman parte de grupos armados ilegales o colaboran en la realización de acciones ilícitas, sean estas asesinatos, robos, violaciones, extorsiones, amenazas, desapariciones y cualquier otro delito en contra de personas o colectivos, les hago un enérgico llamado a que depongan su actitud violenta y a que cesen de inmediato su sangriento ataque en contra de la población”, dijo.
Además, advirtió “de manera particular” a “quienes integran grupos de maras o pandillas” que al comprobar su participación directa en los crímenes establecerá su responsabilidad por violaciones a los derechos humanos, “lo cual podría acarrearles, además de las consecuencias jurídicas de nuestro derecho penal interno, las de tipo penal internacional en materia de derechos humanos”.
En un discurso que parece estar en sintonía con los anuncios hechos por el gobierno de que pondrá en marcha nuevas medidas de seguridad, la procuradora pide al presidente de la República que ordene “la adopción urgente de medidas concretas especiales para la protección de policías, soldados, personal penitenciario y sus familiares, a efecto de reducir las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran”. Le recuerda al mandatario que tiene una obligación constitucional de garantizar el derecho a la vida y seguridad de los salvadoreños.