Piden a Fiscalía y Corte Suprema que investiguen fraude en caso corruptela

2
1431

Un grupo de connotados juristas salvadoreños denunciaron el pasado fin de semana la existencia de un entramado judicial en el que estaría involucrado un magistrado de Cámara de lo Penal, quien aparentemente ha estado resolviendo en tres tribunales distintos con el conocimiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la misma Asamblea Legislativa que lo habría llamado a integrarse a la Sala de lo Constitucional, a pesar de desempeñarse como magistrado presidente de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección  del Centro.

Según medios de información, la Corte Suprema solicitó a la Asamblea Legislativa que el magistrado Rogel fuese llamado como Juez Suplente, para integrar la Sala de lo Constitucional a pesar desempeñar las funciones de magistrado presidente de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro.

Los prestigiosos  abogados Hernán Cortez, Sergio Ernesto Portillo Toruño y la  la coordinadora de la Colectiva Feminista, Angélica Rivas, señalaron que hechos como los denunciados podrían ser constitutivos de fraude judicial.

Según las declaraciones de los profesionales y las investigaciones periodísticas de los medios noticiosos, la gravedad de las denuncias so tales que podrían generar un colapso en la administración de la justicia.

El juez Rogel se encuentre asignado de forma simultánea a las Tres Cámaras que conocen en materia penal en San Salvador, “en virtud que tenía un nombramiento como propietario (Cámara Primera) y dos nombramientos como suplente de forma temporal o completa en las Cámaras Segunda y Tercera respectivamente”dicen los informes.

La pregunta del millón es, hasta que grado la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República podrían estar debidamente informadas de los hechos denunciados.

Según las versiones el juez Rogel Zepeda, ejerce control en la toma de decisiones  de las Tres Cámaras de lo Penal de San Salvador. Además los profesionales aseguran que Rogel incide también en las discusiones de la Sala de lo Constitucional como Magistrado Suplente , como en el caso de la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos.

Los medios citan fuentes de crédito quienes aseguran que Rogel fue cuestionado en diversas ocasiones por ser demasiado”protectivo de los derechos de los procesados”, recordando en particular un caso de robo agravado, en un expediente judicial de octubre de 2006, donde a pesar que la acusación sostenía con fuerza que se había cometido el delito, decidió absolver basándose en que la duda en los hechos frente a la prueba, debía favorecer a los acusados basado en la presunción de inocencia.

Uno de los sonados casos, donde se vio esta posición fue el de un procesado por el caso de los Perrones, a quien se condenó el 27 de julio de 2009, únicamente por el traspaso de un vehículo y no por una presunta evasión fiscal por más de $200 mil, lo cual fue fuertemente recriminado por la Unidad Fiscal contra el Crimen Organizado.

Los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera sección del Centro, Domínguez Arevalo y Rogel Zepeda, están siendo cuestionados por haber ordenado prisión provisional e impuestos fianzas imposibles de cumplir para algunos de los imputados en el llamado caso Corruptela, a pesar de que cuatro fiscales que participan en dicho juicio con calidad de testigos criteriados han denunciado ante la PDDH al exfiscal Douglas Meléndez de haberlos obligado a ello.

Los profesionales del derecho afirman que bastaba con que la Cámara solicitara información a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos, no solo para no imponer medidas sino  para ordenar la nulidad del caso, hecho que fue divulgado por el periódico digital Cronio y retomado por otros medios noticiosos como los de Grupo Megavisión (Telenoticias 21) y Canal Cuatro (Noticias 4 Visión)

Estando juramentado como Magistrado Propietario de la Cámara Tercera de lo Penal, el Juez Martín Rogel, resolvió en la Cámara Primera de lo Penal el día 26 de marzo del presente año, la Audiencia contra su colega Eduardo Jaime Escalante Díaz (Magistrado de lo Civil) acusado de agresión sexual agravada contra una menor de 10 años de edad, a quien dejó en libertad imponiendo una fianza por 10 mil Dólares.

“Me preocupa el trato que está recibiendo el magistrado Eduardo Escalante, él no debe tener privilegios pero así es cómo está funcionando la justicia en El Salvador. No podemos decir que vivimos en un Estado de Derecho si la legislación no se aplica en igualdad de condiciones” expresó la coordinadora de la Colectiva Feminista, Angélica Rivas, al tiempo que hacía un llamado al nuevo fiscal,  Raul Melara, para que se apersonara en Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y verificara las declaraciones de los fiscales que reconocieron personalmente haber mentido en el caso corruptela por amenazas de Douglas Meléndez.

Al ser consultado el abogado Portillo Toruño, afirmó que “con la información expuesta, podría estarse frente a un caso de “fraude de ley” en que se está vulnerando la garantía del juez natural a los procesados, ya que si un juez se está moviendo en distintas sedes judiciales para resolver casos de personas específicas, estas contemplarán un solo criterio judicial que no permite el control de las instancias.

Ya existe un precedente en Perú, donde un empresario televisivo a quien se pretendía despojar de sus negocios fue sometido a un juicio donde se sustituyeron personas, en el orden de los recursos que iba presentando, por lo que se amparó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien confirmó la violación. Mi sugerencia es que quienes se han visto afectados por estos cambios de un mismo juez, acudan a la vía internacional de derechos humanos” dijo Portillo Toruño.

Comments are closed.