ONU pide revisar la cadena perpetua para menores — Bukele responde: «No, muchas gracias»
El choque entre el gobierno salvadoreño y los organismos internacionales escaló el martes al nivel más alto. La portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, instó a las autoridades de El Salvador a revisar con urgencia los cambios constitucionales y legales que contemplan la cadena perpetua para niños y niñas desde los 12 años, señalando que las reformas contravienen la Convención sobre los Derechos del Niño.
La respuesta de Bukele fue tajante y llegó a través de sus redes sociales: «No, muchas gracias, llévense sus experimentos sociales a otros países que no hayan sufrido lo que nosotros hemos sufrido», sentenció el mandatario, atribuyendo el auge histórico de las pandillas precisamente a recomendaciones anteriores de Naciones Unidas que resultaron, según él, en una ley que «prácticamente daba impunidad para cometer delitos a los menores de 18 años». La cadena perpetua entra en vigor mañana jueves 3 de abril.
El debate sobre el rumbo de la política de seguridad en El Salvador se intensificó en las últimas semanas tras cuestionamientos de organismos internacionales, en particular de la Organización de las Naciones Unidas, sobre reformas legales recientes y la continuidad del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
El punto de mayor fricción ha sido la aprobación de reformas constitucionales que habilitan la cadena perpetua para delitos graves, medida que el Gobierno defiende como un instrumento necesario para consolidar los avances en seguridad pública. Sin embargo, expertos en derechos humanos advierten que esta disposición podría contravenir estándares internacionales en materia de proporcionalidad de penas y reinserción social.
Las críticas también alcanzan la prolongación del régimen de excepción, que ha sido renovado en múltiples ocasiones por la Asamblea Legislativa de El Salvador, permitiendo la suspensión de garantías constitucionales como el derecho a la defensa inmediata y los límites a la detención administrativa.
Organizaciones humanitarias señalan posibles vulneraciones al debido proceso y denuncian detenciones arbitrarias, mientras que el Ejecutivo sostiene que las medidas han sido clave para reducir drásticamente los índices de homicidios y desarticular estructuras criminales.
El Gobierno salvadoreño ha rechazado los señalamientos internacionales, argumentando que responden a enfoques “desconectados de la realidad local” y reafirmando su política de seguridad como un modelo efectivo en la región.
Analistas consultados coinciden en que el país enfrenta un delicado equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales, en un contexto donde los resultados en reducción de violencia contrastan con crecientes cuestionamientos sobre el estado de derecho.
