La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles la 38va prórroga del régimen de excepción que suspende garantías constitucionales de la población, una de las políticas de mando dura que ha implementado el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas y controlar a la oposición política y ciudadana del país.
La nueva prórroga —que permanecerá vigente del 6 de mayo al 4 de junio— recibió la aprobación de 57 de los 60 diputados de la Asamblea, que cuenta con una mayoría absoluta del partido Nuevas Ideas de Bukele y sus aliados políticos.
La medida, según organismos nacionales e internacionales, ha resultado en graves violaciones a los derechos humanos.
El Congreso sigue aprobando prórrogas al estado de excepción a pesar de la notable reducción en el número de homicidios. En agosto de 2024, Bukele dejó abierta la posibilidad de prescindir de la medida, la cual supuestamente debía temporal, pero 9 meses más tarde la mantiene como una medida de protección represiva a su Administración.
En un documento enviado a la Junta Directiva del Legislativo, el gabinete de seguridad destacó que las políticas de seguridad “han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción del número de homicidios y la captura de más de 85,900 terroristas”, pero que “ciertamente es necesario prolongar dicho régimen de excepción”.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla Barrio 18 como grupos terroristas en agosto de 2015.
Sin embargo, el propio gobierno ha reconocido que el 90% de los detenidos se encuentran en prisión a la espera de juicio y que se ha tenido que liberar al menos a 8,000 personas por falta de pruebas. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que podría haber hasta 25,000 inocentes encarcelados.
La nueva prórroga mantiene la suspensión de derechos constitucionales como el de ser informado sobre los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se extiende la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (OUDH de la UCA) emitió el martes un informe en el que se confirma la disminución en el número de homicidios en El Salvador, aunque también responsabilizó al Estado de violar los derechos humanos de la población.
Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca) de la institución, destacó el martes el descenso en el número de asesinatos en El Salvador, pero aseguró que el Estado no puede convertirse en uno de los principales agresores contra los derechos humanos.
Santos dijo que, si coincidieran con el discurso del gobierno —el cual destaca continuamente una mejoría en la situación de seguridad y un descenso en la tasa de homicidios—, “entonces el régimen de excepción como tal ha perdido su razón de ser”, al no haber motivo que justifique su permanencia.
