La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió este miércoles admitir una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita (LEDAB), aprobada el veintiocho de noviembre de 2013 en la Asamblea Legislativa.
Una de las razones para su aprobación fue que la Ley de Extinción de Dominio era necesaria para el combate del crimen organizado y especialmente al combate de las pandillas.
De acuerdo con el demandante, el abogado Luis Mario Pérez Bennett, la normativa, tal como fue aprobada, contiene violaciones a preceptos constitucionales en unos 10 artículos.
Pérez Bennett argumenta que con dicha ley se viola una serie de principios constitucionales relacionados con la certeza de las prescripciones, el principio de reserva de ley, la seguridad jurídica, la defensa y presunción de inocencia, la defensa y presunción de inocencia, el principio de proporcionalidad.
La Sala al admitir se abstiene de fijar medidas cautelares por lo que la sola admisión no es causa que impida continuar aplicando la ley de extinción pero deja abierta la puerta para que, caso la demanda prospere y pueda ser declarada inconstitucional la LEDAB, la Fiscalía vería afectada su acción contra las pandillas y los casos de corrupción y lavado en los que se han visto involucrados no solo particulares sino algunos funcionarios y ex funcionarios investigados por la FGR. DAB, en el sentido de determinar si la posibilidad de reapertura del procedimiento de extinción de dominio sin un límite temporal vulnera el principio de seguridad jurídica”, resolvieron los magistrados.
