Muerte de 34 civiles en Haití abre interrogantes sobre la responsabilidad internacional de militares salvadoreños
La operación policial en Martissant habría contado con apoyo de fuerzas extranjeras y contratistas militares privados. Aunque la Policía haitiana atribuyó las muertes a su ofensiva contra la banda Grand Ravine, existen versiones contradictorias sobre la participación de soldados salvadoreños. El despliegue unilateral de tropas, fuera de la misión autorizada por Naciones Unidas, podría comprometer la responsabilidad internacional de El Salvador si se documentan violaciones de derechos humanos o actuaciones contrarias a la soberanía haitiana
La muerte de al menos 34 presuntos integrantes de organizaciones criminales durante una operación de seguridad en Martissant, al sur de Puerto Príncipe, ha vuelto a colocar bajo escrutinio internacional la participación de militares salvadoreños en el conflicto haitiano y las consecuencias jurídicas que podrían derivarse de sus actuaciones en territorio extranjero.
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó el jueves 19 de noviembre que sus fuerzas abatieron a 34 presuntos integrantes de la banda Grand Ravine, durante una operación dirigida contra un supuesto refugio de su líder, Renel Destina, conocido como Ti Lapli.
La intervención se desarrolló en Martissant, una zona estratégica para la comunicación entre Puerto Príncipe y las regiones occidentales y meridionales del país. Las autoridades difundieron imágenes de vehículos blindados y de una explosión que destruyó una edificación, aparentemente alcanzada mediante un dron.

La operación contó con el apoyo de la denominada Task Force del Gobierno haitiano, que utiliza los servicios de Vectus Global, una empresa militar privada fundada por Erik Prince, antiguo integrante de las fuerzas especiales de la Armada estadounidense y fundador de Blackwater.
La información sobre una posible participación salvadoreña presenta versiones contradictorias. La agencia EFE recogió reportes de medios locales que señalaban que militares de El Salvador podrían haber participado en la ofensiva. Sin embargo, Reuters informó posteriormente que la propia Policía haitiana aseguró que ningún efectivo salvadoreño intervino en esa operación.
Por tanto, no existe confirmación independiente de que los soldados salvadoreños hayan participado en la muerte de los 34 presuntos pandilleros, ni mucho menos de que hayan sido responsables de fallecimientos de civiles durante esa incursión.
La controversia, sin embargo, va más allá de esta operación específica. El despliegue de aproximadamente 2,500 militares salvadoreños en Haití, ordenado por el presidente Nayib Bukele después de la desaparición de cuatro efectivos salvadoreños el 18 de octubre, ha abierto interrogantes sobre el fundamento jurídico de su presencia, la cadena de mando, las reglas de enfrentamiento y los mecanismos internacionales de supervisión.
Soldados salvadoreños fuera del mandato de Naciones Unidas
Uno de los aspectos más delicados de la participación salvadoreña es que la mayoría de los militares enviados por Bukele no estaría integrada a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), creada mediante la resolución 2793 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El 9 de noviembre, Amnistía Internacional divulgó una advertencia después de que Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, aclarara que la gran mayoría de los militares salvadoreños desplegados recientemente en Haití no pertenecía a la GSF.

Esto significa que esos efectivos quedan fuera del mandato específico y de los mecanismos de supervisión de la Oficina de Apoyo de Naciones Unidas en Haití (UNSOH).
La organización internacional expresó preocupación por la falta de información pública sobre el acuerdo que regula el despliegue, las reglas para utilizar la fuerza y las autoridades responsables de supervisar las operaciones.
Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, exigió a los gobiernos de Haití y El Salvador que publiquen el acuerdo que regula la presencia militar y expliquen quién ejerce el mando, cuáles son las reglas de enfrentamiento y cómo pueden denunciarse posibles violaciones sin temor a represalias.
La organización también recordó que cualquier utilización de la fuerza debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, además de las obligaciones internacionales de protección de la población civil.
La distinción es fundamental: participar en una misión autorizada por el Consejo de Seguridad no es jurídicamente equivalente a desplegar tropas mediante un acuerdo bilateral con el Gobierno de otro país. Tampoco significa que los militares que se encuentren fuera de la misión internacional estén exentos de las obligaciones establecidas por el derecho internacional.
La resolución 2793 establece que los integrantes de la GSF deben respetar estrictamente el derecho internacional, incluidos los derechos humanos cuando resulten aplicables, y la soberanía, integridad territorial e independencia política de Haití.
También exige mecanismos de transparencia, investigación de denuncias, rendición de cuentas y sanción de eventuales abusos cometidos por los contingentes participantes.
El problema es que la mayoría del contingente salvadoreño no estaría sometida a esos mecanismos específicos.
¿Podrían ser considerados una fuerza expedicionaria invasora?
La presencia de soldados salvadoreños operando en Haití sin formar parte de la fuerza autorizada por Naciones Unidas plantea una cuestión jurídica que requiere examinar los términos del consentimiento otorgado por las autoridades haitianas y los límites de las operaciones.
En el debate público, los efectivos podrían llegar a ser descritos como una fuerza expedicionaria extranjera o incluso como una fuerza invasora. Sin embargo, estas expresiones no son equivalentes desde el punto de vista jurídico.
El derecho internacional establece que el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de otro Estado no constituye automáticamente una invasión ilegal cuando existe un consentimiento válido del Gobierno territorial o una autorización internacional aplicable.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) explica que, para determinar si existe una ocupación militar, debe establecerse si una fuerza extranjera ejerce control efectivo sobre un territorio sin el consentimiento del Estado soberano.
El artículo 42 del Reglamento de La Haya de 1907 establece que un territorio se considera ocupado cuando queda efectivamente bajo la autoridad de un ejército extranjero hostil.
Por consiguiente, la presencia de tropas salvadoreñas en Haití, por sí sola, no permite calificarlas jurídicamente como una fuerza de ocupación o invasión.
No obstante, el consentimiento del Gobierno haitiano tampoco representa una autorización ilimitada para ejecutar cualquier operación militar.
Si los soldados actúan fuera de los términos del acuerdo bilateral, exceden las atribuciones concedidas, desconocen las instrucciones de las autoridades haitianas o ejecutan operaciones que vulneran la soberanía territorial, podrían surgir responsabilidades internacionales para ambos Estados.
El CICR también ha explicado que las fuerzas multinacionales no quedan exentas de las obligaciones del derecho internacional humanitario por contar con un mandato internacional. Su situación jurídica depende de las circunstancias concretas de su despliegue y de las actuaciones que realicen.
En este escenario, la ausencia de información pública sobre el acuerdo que regula el contingente salvadoreño constituye un problema de transparencia y dificulta determinar con precisión el alcance de sus facultades.
Muertes de civiles y posibles responsabilidades internacionales
La preocupación más grave se relaciona con las consecuencias que podrían producirse si las operaciones de militares salvadoreños provocan muertes de ciudadanos haitianos que no participan directamente en las hostilidades.
El derecho internacional no permite que una operación contra organizaciones criminales justifique automáticamente la muerte de personas por el simple hecho de encontrarse en un territorio controlado por pandillas.
Las fuerzas de seguridad tienen la obligación de distinguir entre personas que representan una amenaza y población civil, además de utilizar la fuerza de manera proporcional a la amenaza que enfrentan.
Amnistía Internacional advirtió que las operaciones realizadas cerca de viviendas, escuelas y hospitales pueden aumentar los riesgos para comunidades que ya enfrentan una grave crisis humanitaria.
La organización exigió investigaciones independientes e imparciales ante cualquier denuncia de violaciones de derechos humanos y recordó que las autoridades deben garantizar reparación a las víctimas.
Las posibles consecuencias jurídicas para El Salvador pueden desarrollarse en varios niveles:
1. Responsabilidad internacional del Estado salvadoreño.
Si se demuestra que militares salvadoreños cometieron violaciones atribuibles al Estado, El Salvador podría enfrentar reclamaciones internacionales por incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, según el marco jurídico aplicable.
Esto podría incluir la obligación de investigar los hechos, reparar a las víctimas y adoptar medidas para impedir que vuelvan a ocurrir.
2. Responsabilidad penal individual de los militares.
Los efectivos que participen directamente en homicidios ilegítimos, ejecuciones extrajudiciales, ataques indiscriminados u otros delitos podrían enfrentar investigaciones y procesos penales.
La responsabilidad no se limita necesariamente a quien ejecuta materialmente una acción. Dependiendo de las pruebas, también podría alcanzar a superiores militares o autoridades que ordenen, autoricen o permitan conductas ilícitas.
3. Investigaciones por posibles crímenes internacionales.
Si las circunstancias y los elementos probatorios permiten establecer que determinados actos constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad u otros delitos internacionales, podrían activarse mecanismos de investigación y persecución previstos en los instrumentos jurídicos aplicables.
La calificación dependería de la naturaleza del conflicto, el contexto de los hechos, la conducta individual y la jurisdicción de los tribunales competentes. No toda muerte ocurrida durante una operación policial o militar constituye automáticamente un crimen internacional.
4. Consecuencias diplomáticas y políticas.
Una investigación internacional que documente abusos sistemáticos podría deteriorar las relaciones diplomáticas de El Salvador, provocar exigencias de rendición de cuentas y afectar la cooperación internacional en materia de seguridad.
También podría generar cuestionamientos sobre la legitimidad de futuras operaciones militares salvadoreñas en el extranjero.
La ONU establece límites que no pueden ser ignorados
La resolución 2793 del Consejo de Seguridad, aprobada el 30 de septiembre de 2025, autorizó la transición de la anterior misión multinacional de apoyo a la seguridad hacia la Fuerza de Supresión de Pandillas.
El documento establece que las operaciones deben desarrollarse en coordinación con el Gobierno haitiano y respetar estrictamente el derecho internacional.
La resolución permite a la GSF realizar operaciones contra las organizaciones armadas, incluso de manera independiente o conjuntamente con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas haitianas, pero siempre dentro de su mandato y sus reglas de enfrentamiento.
También establece que las fuerzas participantes deben proteger a los grupos vulnerables, garantizar la rendición de cuentas y establecer mecanismos para investigar y denunciar posibles violaciones.
En septiembre de 2026, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2829, mediante la cual extendió el mandato de la GSF hasta el 31 de marzo de 2027.
La misma resolución reconoció un acuerdo firmado el 27 de julio de 2026 entre el Gobierno haitiano y la GSF para establecer la personalidad jurídica de esta fuerza y las condiciones de protección de su personal.
Sin embargo, ese reconocimiento corresponde a la GSF y no significa que cualquier contingente extranjero desplegado en Haití quede automáticamente incorporado a la misión internacional.
La diferencia entre los soldados salvadoreños que forman parte de la GSF y los que fueron enviados mediante un mecanismo bilateral es, por tanto, determinante para establecer las responsabilidades y los mecanismos de supervisión aplicables.
El precedente de las operaciones unilaterales de Bukele
La intervención salvadoreña también ha generado cuestionamientos por la forma en que el presidente Nayib Bukele ha anunciado y presentado públicamente las operaciones militares en Haití.
Associated Press informó que aproximadamente 2,500 soldados salvadoreños fueron desplegados después de la desaparición de cuatro efectivos que formaban parte de la misión internacional.
La agencia también documentó que, por instrucciones de Bukele, los militares salvadoreños atacaron las principales residencias de dos dirigentes de organizaciones armadas haitianas, Jeff y Lanmò San Jou, sin que estos fueran abatidos.
La misma publicación recogió críticas de especialistas por el carácter unilateral de estas operaciones y por el uso de drones explosivos, que habría provocado un número creciente de víctimas inocentes.
Estas actuaciones plantean interrogantes sobre la cadena de mando, la coordinación con las autoridades haitianas y el alcance de las facultades que tiene un presidente extranjero para dirigir operaciones militares en otro país.
La desaparición de cuatro soldados salvadoreños puede explicar el interés del Gobierno de Bukele en ampliar las operaciones para localizarlos, pero no constituye por sí misma una autorización para utilizar la fuerza sin límites ni sustituye los procedimientos de cooperación internacional.
La protección de sus efectivos tampoco elimina las obligaciones de respetar la vida y la integridad de la población haitiana.
Una intervención que podría comprometer internacionalmente a El Salvador
La operación de Martissant representa un nuevo episodio de la ofensiva contra las organizaciones armadas que controlan sectores estratégicos de Puerto Príncipe. La recuperación de instalaciones públicas y de corredores de transporte es una prioridad para las autoridades haitianas, debido al impacto de las pandillas sobre la movilidad, el comercio y la asistencia humanitaria.
Sin embargo, el resultado de estas operaciones no debe medirse únicamente por el número de personas abatidas o por los territorios recuperados.
La legalidad de las actuaciones, la protección de los civiles y la existencia de mecanismos independientes de investigación son elementos indispensables para determinar si las fuerzas participantes están cumpliendo sus obligaciones internacionales.
Para El Salvador, el riesgo es que una operación presentada como cooperación contra el crimen organizado termine generando responsabilidades internacionales si sus militares participan en acciones que vulneren derechos fundamentales, excedan el consentimiento haitiano o incumplan las normas que regulan el uso de la fuerza.
Los soldados salvadoreños podrían enfrentar cuestionamientos ante organismos internacionales e incluso ser objeto de investigaciones si se documenta su participación en muertes ilegítimas de ciudadanos haitianos. Asimismo, si se demostrara que operan sin consentimiento válido, fuera de las atribuciones concedidas o ejerciendo control territorial contrario a la soberanía de Haití, podría abrirse un debate jurídico sobre su condición de fuerza extranjera invasora u ocupante.
Por ahora, no existen pruebas suficientes para atribuir a los militares salvadoreños las 34 muertes reportadas en Martissant, y la Policía haitiana negó su participación en esa operación específica. Pero la falta de claridad sobre el mandato de la mayoría del contingente salvadoreño y la ausencia de mecanismos públicos de supervisión constituyen motivos suficientes para exigir explicaciones a los gobiernos de Nayib Bukele y Alix Didier Fils-Aimé.
La lucha contra las pandillas haitianas no puede convertirse en una justificación para desconocer la soberanía de un Estado, poner en riesgo a su población o permitir operaciones militares sin transparencia ni rendición de cuentas. La cooperación internacional en seguridad tiene límites jurídicos y esos límites también obligan a El Salvador.
Con información de AdN