Moody’s advierte que la sostenibilidad de las pensiones es clave para mejorar la calificación de riesgo de El Salvador
La deuda previsional supera los $11,500 millones y el Gobierno mantiene pendiente una reforma comprometida con el FMI desde febrero
La posibilidad de que El Salvador continúe mejorando su perfil crediticio internacional dependerá no solo de la reducción del déficit fiscal, sino también de la capacidad del Gobierno para enfrentar los problemas estructurales del sistema de pensiones, advirtió Jaime Reusche, vicepresidente de crédito soberano de Moody’s Ratings.
El analista señaló que la calificación soberana del país, actualmente ubicada en B3 con perspectiva positiva, podría beneficiarse de nuevos avances en la consolidación fiscal, pero también de medidas concretas que garanticen la sostenibilidad financiera del régimen previsional salvadoreño.
«Un elemento crítico» para los próximos meses será mantener la trayectoria de ajuste fiscal y comenzar a resolver las debilidades del sistema de pensiones, sostuvo Reusche en declaraciones publicadas por medios especializados.
Moody’s reconoce avances fiscales, pero identifica un desafío pendiente
Las declaraciones ocurren en momentos en que Moody’s considera que El Salvador ha completado cerca de la mitad del ajuste fiscal comprometido en el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), principalmente mediante una combinación de reducción del gasto y aumento de la recaudación tributaria.
Ese desempeño contribuyó a que la calificadora mejorara recientemente la perspectiva de la deuda salvadoreña de estable a positiva, aunque mantuvo la nota en B3, una categoría que continúa reflejando riesgos elevados para los inversionistas.
Sin embargo, para los analistas internacionales, el problema previsional sigue siendo uno de los principales factores de vulnerabilidad de las finanzas públicas salvadoreñas.
Más de $11,500 millones adeudados a los ahorros de los trabajadores
Las cifras oficiales muestran la magnitud del desafío.
Según datos del Banco Central de Reserva y del Instituto Salvadoreño de Pensiones, la deuda estatal vinculada a los fondos previsionales superó los 11,500 millones de dólares durante 2026.
El dato resulta especialmente relevante porque representa recursos provenientes de los fondos de ahorro de los trabajadores administrados por las AFP y utilizados por el Estado para financiar obligaciones públicas.
La comparación histórica muestra un crecimiento significativo. Al cierre de 2018, antes del inicio de la administración de Nayib Bukele, la deuda previsional rondaba los 6,400 millones de dólares. Para abril de 2026 había alcanzado aproximadamente 11,520 millones, un incremento superior a 5,100 millones de dólares en poco más de siete años.
De acuerdo con el estudio actuarial elaborado con asistencia técnica del FMI y divulgado por las autoridades salvadoreñas a finales de 2025, alrededor de $11,564 millones del fondo de pensiones correspondían a deuda estatal, equivalente a más del 73 % de los activos acumulados por los trabajadores.
El estudio actuarial confirmó un déficit de largo plazo
El informe actuarial, considerado uno de los documentos técnicos más importantes para evaluar el futuro del sistema, concluyó que el régimen previsional enfrenta un déficit actuarial equivalente al 59 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el horizonte de análisis utilizado por los especialistas.
El estudio también identificó presiones derivadas del envejecimiento poblacional, la reducción de la tasa de natalidad y la baja densidad de cotización de los trabajadores, factores que reducen los ingresos futuros del sistema mientras aumentan las obligaciones de pago.
Asimismo, el documento advirtió que será necesario introducir modificaciones al sistema o encontrar nuevas fuentes de financiamiento para garantizar el cumplimiento de los compromisos previsionales de largo plazo.
Reforma comprometida con el FMI sigue pendiente
Uno de los compromisos asumidos por el Gobierno dentro del programa financiero de $1,400 millones acordado con el FMI era la elaboración de una evaluación actuarial independiente y la presentación de una propuesta de reforma previsional durante 2026.
El acuerdo establecía que la propuesta debía hacerse pública el 10 de febrero de 2026, pero hasta la fecha no ha sido presentada formalmente a la Asamblea Legislativa.
El propio FMI confirmó posteriormente que la reforma continúa siendo objeto de discusión con las autoridades salvadoreñas.
La demora ha sido observada de cerca por inversionistas, organismos multilaterales y calificadoras de riesgo debido a que el sistema previsional es considerado uno de los principales desafíos fiscales de largo plazo para el país.
Un problema que afecta directamente a millones de cotizantes
Más allá de las evaluaciones de riesgo soberano, el debate tiene implicaciones directas para la población.
El estudio actuarial señala que el sistema cuenta con aproximadamente dos millones de personas con cuentas previsionales, aunque una proporción importante de trabajadores cotiza de manera irregular.
A ello se suma que cerca del 70 % de la fuerza laboral salvadoreña permanece fuera del sistema formal de cotización, lo que limita la capacidad de financiamiento futuro del régimen previsional.
Especialistas en seguridad social sostienen que el principal reto consiste en garantizar simultáneamente tres objetivos: que las pensiones futuras sean suficientes para los trabajadores, que el sistema mantenga viabilidad financiera y que la deuda previsional no continúe creciendo a un ritmo que incremente la presión sobre las finanzas públicas.
Entre la mejora fiscal y la reforma pendiente
Las declaraciones de Jaime Reusche reflejan que los mercados financieros reconocen avances en la consolidación fiscal impulsada por el Gobierno, pero consideran que la sostenibilidad del sistema previsional será determinante para una eventual mejora adicional de la calificación soberana.
Para millones de trabajadores salvadoreños, el debate trasciende las evaluaciones de las agencias calificadoras: se trata de la capacidad del sistema para garantizar pensiones futuras en un contexto donde el Estado ya concentra una parte significativa de los ahorros previsionales y donde las reformas estructurales continúan pendientes de definición.
