El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró el martes que los informes internacionales críticos con la política de seguridad del país están influenciados por las pandillas, o “maras”, que buscan ser vistos como víctimas.
“Ya lo habíamos anunciado, que el crimen organizado en El Salvador y en particular las pandillas, estaban buscando ejercer influencia sobre supuestos tanques de pensamiento u organizaciones sociales que se dedican a atender este tipo de situaciones”, acusó el funcionario.
Las acusaciones del ministro de Justicia y Seguridad obedecen a un informe de la ONG internacional Crisis Group dado a conocer hace un par de semanas, que exhorta a los Gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica a reconocer que enfrentan una “grave crisis de seguridad y desplazamiento forzado” como primer paso para combatir la violencia de las pandillas.
Crisis Group pide en especial a El Salvador que libere a todos los “facilitadores” de la tregua entre las pandillas realizada entre 2012 y 2014, y revertir las “medidas extraordinarias” de seguridad, además de aprobar una ley de rehabilitación, ahora “estancada” en la Asamblea Legislativa.
Esta no es la primera vez que el Gobierno de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) crítica a organizaciones internacionales de derechos humanos.
El vicepresidente Óscar Ortiz restó importancia en octubre pasado a un informe de Amnistía Internacional (AI) que “explora el fracaso” de los Gobiernos del Triángulo Norte en sus intentos de reducir la violencia y proteger a los desplazados y los deportados.
El informe “¿Hogar Dulce Hogar?” también señala que el recrudecimiento de la estrategia de seguridad del país, iniciada en abril pasado y que el Estado califica de “guerra”, ha desembocado en una “mayor violación de derechos humanos” por parte de los cuerpos de seguridad, incluidas ejecuciones extrajudiciales.
Ortiz aseguró que estos informes se leen “con cuidado” y se les pone “mucha atención a cada una de las observaciones y valoraciones”, pero “como país”, Gobierno y Estado están “totalmente claros y convencidos” de que la estrategia de seguridad “lo que busca es proteger gente inocente”.
Diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) y la misma Procuraduría para los Derechos Humanos también han criticado la actual política de seguridad que ha dado un “rol protagónico” al Ejército, que le confiere una “perspectiva militar y no policial”, y que afecta a la población civil.
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