Mijango logró que pandilleros que extorsionaban a empresa se conformaran con granos básicos

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El Tribunal Especializado de Sentencia B inició hoy la vista pública contra Raúl Mijango -quien sirvió como vocero de la tregua de pandillas en 2012- y doce pandilleros acusados de extorsionar a una empresa.

Mijango dijo que sí estuvo en esa empresa y que platicó con el gerente, pero que no fue para extorsionar, sino para “buscar una salida a la extorsión”.

Mijango está acusado de ayudar a líderes de pandillas a cobrar 336,000 dólares a la empresa, cuyo nombre se mantiene en secreto, bajo amenazas al patrimonio y empresarios, pero él imputado asegura que lo que se trataba de una estrategia para terminar con las extorsiones. Mijango trabajaba juntamente con el sacerdote Fabio Colindres cuando representaba el ordinariato en la Fuerza Armada.

Mijango sostuvo en varias oportunidades que al romper la fiscalía ese nexo con las pandillas, los pandilleros  quedaron “sin control”

La acusación de la Fiscalía señala que desde 2010 la compañía en cuestión pagaba a las pandillas 15,000 dólares mensuales y que Mijango ofreció “una mejora en las condiciones de seguridad” gracias a un cambio en la forma de pago.

Por la gestiones de  Mijango, la empresa extorsionada pasó de  entregar en 2013,  15,000 dólares en efectivo,a pagar el equivalente a $6.000, menos del 50% pero en especies. La comenzó a pagar en  granos básicos que se repartía entre las pandillas MS 13 y la barrio 18 sureños.

Mijango, ex guerrillero y exdiputado de izquierda, también enfrenta un  juicio por la prebendas que supuestamente recibieron los líderes de las pandillas en las prisiones durante la tregua.

Entre los otros imputados que enfrentan el nuevo juicio con Mijago se encuentran 5 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13), quienes fueron condenados recientemente en un juicio contra la estructura financiera de dicha pandilla a penas de entre 16 y 282 años de prisión.

El juicio durará cinco días, es decir, está previsto que finalice el viernes.

El Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), asilado actualmente en Nicaragua y requerido por cargos de corrupción, atribuyó al armisticio una sensible baja en las cifras de homicidios, pero tras su fin el país experimentó alzas sostenidas de muertes violentas hasta marcar las 103 por cada 100,000 habitantes en 2015.