A Edwin L. lo secuestraron en Coatzacoalcos, Veracruz, en mayo de 2015. Tenía 16 años y viajaba hacia Estados Unidos desde Honduras. Estuvo detenido por ocho días hasta que su familia pagó los 2 mil dólares que le pidieron de rescate. No lo reportó a las autoridades mexicanas: es sabido por quienes cruzan México que si denuncian un abuso o acto violento en su contra serán detenidos y deportados por los agentes de inmigración.
Para los migrantes centroamericanos, México no es un país donde se pueda pedir protección. Las cifras confirman esta creencia: ni siquiera llega a uno de cada 100 niños migrantes detenidos por las autoridades mexicanas los que son reconocidos como refugiados. Menos del 1%, indica un informe publicado este jueves por la organización Human Rights Watch (HRW), una cifra que contrasta con el 48% que, de acuerdo con datos de Naciones Unidas, podrían encontrarse en una situación que los haría candidatos a recibir esta protección.
En el documento titulado “Closed doors: Mexico’s failure to protect Central American refugee and migrant children” (“Puertas cerradas: el fracaso de México en la protección de niños refugiados y migrantes de Centroamérica”), HRW documenta las contradicciones que existen entre la legislación mexicana que tiene por objetivo proteger a los migrantes en tránsito y su aplicación. La suma de factores como la intimidación por parte de las autoridades migratorias, la amenaza de detención prolongada e incluso la presión por parte de Estados Unidos —a través de mecanismos como el Programa Frontera Sur— provocan que quienes podrían solicitar refugio o asilo prefieran intentar llegar a la frontera norte o regresar a la situación de violencia de la que están huyendo.
“Las leyes en México en realidad son muy buenas, el problema está siendo su aplicación”, comenta en entrevista con EL UNIVERSAL Michael Bochenek, asesor jurídico principal de la División de Derechos del Niño de HRW y autor del reciente reporte.
“Tenemos una ley con buenos niveles de protección, pero administrada por agencias sin capacidad para aplicarla. Un Instituto Nacional de Migración (INM) fuerte, que ha recibido mucho dinero y mucha presión para realizar detenciones y deportaciones, pero que no recibe dinero suficiente para el área de protección, el entrenamiento, el manejo de refugiados y la creación de alternativas a la detención infantil”.
Estas alternativas se vuelven cada vez más urgentes. Según estadísticas del INM, en 2015 el número de niños migrantes menores de 18 años aprehendidos por las autoridades migratorias fue de casi 36 mil (35 mil 704), 52% por arriba de los 23 mil registrados en 2014, y 270% más que los 9 mil 600 de 2013.
Del total de niños migrantes menores de 18 años registrado en 2015, la mitad viajaban no acompañados y dos terceras partes tenían entre 12 y 17 años. “A pesar del incremento numérico registrado en 2014 y 2015, no hubo una asignación de fondos adicionales para actividades de protección”, acusa Michael Bochenek.
Migrar para salvar la vida
Es sabido que una de las razones del aumento en el flujo de estos niños hacia EU tiene que ver con la violencia sufrida en sus países de origen, El Salvador, Guatemala y Honduras. Un reporte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) publicado en 2014 reconoce los niveles de violencia y las tasas de homicidio en estas naciones, entre las más elevadas del mundo por varios años consecutivos, como una de las razones por las cuales niños y jóvenes deciden abandonar su país.
A partir de una serie de entrevistas realizadas en México, la ACNUR estima que al menos 48% de estos niños cumplirían con los requisitos para recibir protección de acuerdo con las normas internacionales. Las entrevistas realizadas por HRW a 61 niños y más de 100 adultos lo confirman: testimonios de presión para sumarse a las pandillas, secuestros, violaciones, acoso sexual, abuso, extorsión y explotación habrían sido las razones para que los migrantes centroamericanos en México, tanto niños como adultos, abandonaran su lugar de origen.
El Universal mx
