La tregua entre las pandillas y el gobierno de Nayib Bukele ha sido objeto de múltiples investigaciones y controversias. Según documentos judiciales de la Fiscalía de Nueva York, la negociación con la MS-13 entre 2019 y 2021 estuvo liderada por Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social, y Osiris Luna, director general de Centros Penales. Ambos funcionarios fueron sancionados en 2021 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que los acusó de facilitar acuerdos con las pandillas a cambio de una reducción en los homicidios.
Las reuniones entre los líderes de la MS-13 y representantes del gobierno salvadoreño se llevaron a cabo en prisiones de máxima seguridad, como Zacatecoluca e Izalco, donde los funcionarios gubernamentales ingresaban con máscaras para evitar ser identificados. Además, testimonios de líderes del Barrio 18 revelaron que las pandillas recibieron $250,000 del gobierno de Nuevas Ideas, el partido oficialista, como parte de los acuerdos.
El gobierno de Bukele ha negado en repetidas ocasiones la existencia de estas negociaciones, calificándolas como “acciones aisladas” de algunos funcionarios. Sin embargo, investigaciones periodísticas han revelado grabaciones y testimonios que sugieren que los pactos con las pandillas han sido una estrategia recurrente en la política salvadoreña.
A pesar de las acusaciones, el gobierno de Bukele ha mantenido una postura firme en su política de seguridad, implementando el régimen de excepción para combatir el crimen organizado. La controversia sobre la tregua sigue generando debate en el país y en la comunidad internacional, mientras se espera que nuevas revelaciones arrojen más luz sobre los acuerdos entre el gobierno y las pandillas.
