Las amenazas al Fiscal deben ser investigadas

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El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, está siendo amenazado y sometido a acoso por gente que siente temor de como se acerca el brazo de la justicia institucional.

Quienes amenazan a un Fiscal desafían el Estado Constitucional de Derecho y ponen en peligro la estabilidad democrática del país. Aparte de eso, no dejan trabajar al funcionario como él quisiera.

Suspender servicios básicos como el teléfono, colocar en lugares clave vehículos con sistemas sofisticados de espionaje al funcionario que por ley tiene la obligación de investigar el delito es grave.

No es Juan Véndemelas ni los carteles internacionales, ni mucho menos la “Federación”, con sus pandilleros en guinda, quienes van a realizar operaciones de semejante naturaleza.

Si la denuncia hecha por el fiscal Meléndez es tan seria como parece, ahí deben haber ministros, secretarios o encargados de servicios de inteligencia especializados, con experiencia y objetivos muy claros. Ese aparataje está blindado por el Poder y ya ha actuado en otras ocasiones.

Son los mismos grupos ocultos que amenazaron a Belisario Artiga, a Eduardo Colorado y posiblemente los que le volaron la cabeza (sic) al Fiscal Alvarado o más recientemente los que amenazaban al ahora cuestionado ex fiscal Luis Martínez.

No era difícil prever lo que esperaba al ex fiscal Martínez después de la forma abierta en que enfrentó al gobierno de Mauricio Funes en el caso de la famosa tregua con las pandillas, el disgusto que dejó en la derecha política del país por no abrir las urnas y contar voto por voto el evento electoral que llevó a Sánchez Cerén a la Presidencia; el haber admitido y tramitado una denuncia por violencia familiar contra el actual presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TGE), prever el Derecho en el país por encima de mafias extranjeras, etc.etc.

De todo mundo es sabido como el ex fiscal Martínez se enfrentó a los ministros Munguía Payés y Benito Lara entre otros funcionarios del gobierno y lo que eso podía significar en el futuro, máxime si no era reelecto en el cargo, o la forma, a veces hasta irrespetuosa, en que se dirigía a los periodistas.

Todos sabemos cómo eran las relaciones de Martínez con, por lo menos, tres ministros del actual y anterior gobierno y cuya máxima expresión se registró en una llamada telefónica en la que el ex mandatario lo amenazó a muerte no sabemos por qué.

Los intereses con los que se enfrentó Martínez, comenzando con el mismo Funes, lo llevaron de su posición de poder constitucional, posiblemente mal utilizado o mal explicado, a la situación que ahora enfrenta, expuesto a las mismas amenazas que cuando era fiscal general de la República.

En el caso del nuevo Fiscal la cosa es diferente porque no se trata de una persona confrontativa y porque  hasta ahora se ha limitado a hacer lo que la ley le manda, o sea a investigar el delito.

Igual debe ser cuidadoso de los que le “hablan a la oreja” con oscuras intenciones, con tratos e intereses creados dentro y fuera del país.

No se vale que sus buenas intenciones se enturbien con amenazas criminales, vengan estas de donde vengan; se trata de que en la situación que se encuentra, el fiscal Meléndez puede ubicar de dónde provienen las amenazas y quiénes son los responsables y por lo tanto puede poner fin las mismas. El fiscal Meléndez debe aprovechar la oferta de países amigos para que colaboren en la investigación de las amenazas en su contra.

Definitivamente Meléndez no debe atenerse a los aparatos del Estado porque estos no son confiables o al menos han demostrado no ser confiables con el caso de la tregua. Si el nuevo Fiscal logra desbaratar ese aparato ilegal y atentatorio que lo está espiando tenga la seguridad de que no habrá más casos emblemáticos en la Fiscalía General de la República.

No es Juan véndemelas quien se va a atrever a sabotear y amenazar al Fiscal General. Tampoco creemos que sea la “Federación” con sus pandilleros en guinda, más bien creemos que se trata de gente poderosa con más tentáculos que un pulpo. Señor Fiscal: no permita que lo amenacen ni abierta ni subrepticiamente.

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