La expansión de la guerra en el mundo – Los violentos movimientos Hutíes en el Medio Oriente
Por Luis Vazquez-BeckerS
Mientras escribo esta columna, los hutíes de Yemen lanzan una nueva ofensiva contra Arabia Saudita y se atrincheran en posiciones sobre la costa occidental del mar Rojo. En Riad se discuten en este momento, con carácter urgente, las opciones para contener ese avance. No es una hipótesis futura ni un escenario de laboratorio geopolítico: es la noticia de hoy. Y es también la prueba más contundente de que la narrativa de “los hutíes derrotados” que se instaló en Occidente en mayo de 2025 fue, en el mejor de los casos, prematura.
Conviene decirlo sin adornos: los hutíes no son un movimiento de resistencia legítima ni una simple facción más en una guerra civil lejana. Son una organización designada oficialmente como terrorista por Estados Unidos, responsable de más de 300 ataques contra buques mercantes y de guerra desde 2023 —174 contra navíos militares estadounidenses y 145 contra embarcaciones comerciales, según cifras del Pentágono—, y acusada esta misma semana por Human Rights Watch de haber cometido lo que podrían constituir crímenes de guerra. El ataque con misiles balísticos contra el buque Tihamah, que mató a cuatro marineros paquistaníes e indonesios y a dos guardacostas yemeníes, no fue un daño colateral de una guerra convencional: fue un ataque deliberado contra una tripulación civil, algo que el derecho internacional prohíbe sin ambigüedad.
El daño ya está hecho, y es medible. El tráfico marítimo por el estrecho de Bab el-Mandeb, que antes de 2023 concentraba casi el 10% del comercio mundial por vía marítima, se desplomó a apenas 3%. El puerto israelí de Eilat, estrangulado por el bloqueo hutí, cerró sus operaciones de forma permanente en julio de 2025. Navieras como Maersk han tenido que desviar sus rutas por el Cabo de Buena Esperanza, encareciendo fletes y, con ellos, el costo final de miles de productos que llegan a mercados de todo el planeta, incluido este rincón centroamericano donde escribo. Esto no es un conflicto regional contenido: es un impuesto invisible que ya está pagando la economía global.
La paz que nunca fue
La tregua que Donald Trump anunció en mayo de 2025, tras casi 700 ataques estadounidenses contra posiciones hutíes, se presentó entonces como una capitulación. Dieciséis meses después, esa lectura se derrumba junto con las columnas de humo sobre Jamis Mushait. Los hutíes no se rindieron: se reorganizaron, reforzaron su control sobre el norte de Yemen y hoy vuelven a amenazar con bloquear los puertos sauditas del mar Rojo, mientras el propio conflicto yemení se recrudece en simultáneo con la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán que estalló en febrero de este año. Es la definición misma de expansión: un actor armado que, lejos de replegarse tras un acuerdo, aprovecha cada ventana de inestabilidad regional para ampliar su radio de acción, de Israel a Arabia Saudita, del mar Rojo al golfo de Adén.
Aquí es donde la crítica a Washington y Bruselas resulta ineludible. Es cierto que Estados Unidos golpeó militarmente a los hutíes con una intensidad considerable entre 2023 y 2025. Pero esa presión fue reactiva y discontinua, ceses el fuego negociados a las carreras y retomados según convenga a la coyuntura electoral o diplomática del momento, no una estrategia sostenida para desmantelar la capacidad militar del grupo. La Unión Europea, por su parte, se ha limitado casi exclusivamente a condenas diplomáticas y a la coordinación de escoltas navales, sin una postura común que vaya más allá de comunicados de la Organización Marítima Internacional. Ninguno de los dos bloques ha logrado, hasta hoy, revertir el hecho de que un grupo armado no estatal controle de facto una de las arterias comerciales más importantes del planeta.
El respaldo externo: Lo probado y lo que aún se investiga
Ningún análisis serio de los hutíes puede ignorar su patrocinador directo: Irán. La propia ONU documenta el apoyo iraní al movimiento desde que este tomó Saná en 2014, y Washington ha calificado explícitamente a Teherán como el eje central de una red de patrocinio del terrorismo que, según la nueva Estrategia Antiterrorista de Estados Unidos de 2026, cuenta con la complicidad de otros actores estatales. Ahí es donde conviene distinguir grados de evidencia en lugar de mezclarlo todo en un mismo bloque acusatorio. Sobre Rusia, Reuters documentó en 2024 un intento de Moscú de armar a los hutíes como represalia por el apoyo occidental a Ucrania, envío que finalmente fue retirado ante la presión conjunta de Washington y Riad; es decir, hubo intención documentada, no necesariamente entrega consumada. Sobre China, Estados Unidos acusó en 2025 a una empresa satelital china de dar soporte técnico a los ataques hutíes contra intereses estadounidenses, una denuncia que Pekín no ha reconocido. Sobre Corea del Norte, la evidencia directa de apoyo a los hutíes es, hasta ahora, la más débil de las tres: Pyongyang aparece mencionado en la estrategia estadounidense dentro de un marco más amplio de proliferación armamentística y cooperación con Rusia e Irán —incluyendo el envío de tropas norcoreanas a la guerra de Ucrania—, pero sin un vínculo específico y probado con el frente yemení. Es una diferencia que importa: acusar sin matices termina por debilitar el caso más sólido, que es el de Teherán.
Lo que sí es un hecho verificable, y quizás el más revelador de todos, es que cuando el Consejo de Seguridad de la ONU votó extender las sanciones contra los hutíes hasta noviembre de este año, Rusia y China no votaron en contra: se abstuvieron. No respaldaron al grupo terrorista abiertamente, pero tampoco se sumaron a reforzar el cerco internacional contra él. Esa ambigüedad calculada, ese no comprometerse del todo pero tampoco condenar del todo, es en sí misma una forma de permitir que la amenaza siga creciendo.
Lo que está en juego
Veinticinco años después de que el mundo entendiera que el terrorismo ya no respeta fronteras, seguimos tratando cada foco de violencia yihadista o proxy como un incendio aislado que se apaga con un comunicado y una tregua negociada de urgencia. Los hutíes no son un problema exclusivamente yemení, como no lo fue Al Qaeda un problema exclusivamente afgano. Son la pieza más visible, hoy, de una arquitectura de conflicto donde potencias autoritarias encuentran conveniente sostener, financiar o simplemente tolerar a actores no estatales que erosionan el orden internacional sin que sus patrocinadores tengan que asumir el costo político de una guerra declarada. Mientras Washington y Bruselas sigan respondiendo con la urgencia del titular del día y no con una estrategia sostenida de contención, la próxima escalada —y a este ritmo, habrá una próxima— encontrará al mundo, otra vez, igual de desprevenido.
Vale la pena cerrar con la advertencia contraria, la que merece constar en esta columna por rigor y no solo por cortesía: no todos coinciden con este diagnóstico. Analistas como los citados por el Congressional Research Service estadounidense insisten en que el conflicto yemení sigue siendo, ante todo, una guerra civil local con actores regionales superpuestos, no una ofensiva coordinada por un eje autoritario global; y gobiernos como el chino niegan cualquier apoyo militar a los hutíes, mientras Moscú nunca reconoció oficialmente haber planeado armarlos. Que el lector juzgue con esos matices sobre la mesa. Pero que los juzgue sabiendo lo que ya cuestan, en vidas y en comercio global, dieciséis meses de una tregua que nunca terminó de cumplirse.
