La derrota del pensamiento y la tentación antipolítica
Por Luis Vazquez-BeckerS
En 1987, cuando el Muro de Berlín seguía en pie y Europa creía haber dejado atrás sus peores demonios, el filósofo francés Alain Finkielkraut publicó “La derrota del pensamiento”. Su advertencia era incómoda. Occidente estaba cambiando la razón universal heredada de la Ilustración, que permite a una persona cuestionar la tradición en que nació, por una idea más antigua y más peligrosa: que cada individuo es apenas la expresión de su pueblo, su cultura o su tribu. Cuando eso ocurre, desaparece el terreno común donde los ciudadanos discuten, y con él la exigencia de pensar, juzgar y distinguir.
Casi cuatro décadas después, el libro no suena a pieza de museo. Suena a periódico del día.
Europa, que se imaginaba vacunada contra la violencia política, ofrece estos días escenas que desmienten esa confianza. En Tirana, la capital de Albania, hubo tres noches seguidas de protestas violentas, con piedras, fuego en el centro de la ciudad, gases lacrimógenos y cañones de agua, para exigir la dimisión del primer ministro Edi Rama por acusaciones de corrupción. La policía informó de 160 detenidos tras los incidentes del jueves, y Rama atribuyó el auge de las protestas a “manos extranjeras”. Es una explicación que ahorra el esfuerzo de preguntarse qué falló dentro de casa.
Lo de Tirana no es un caso aislado. El sábado 17 de octubre, más de medio millón de personas salieron a las calles de Francia, según las estimaciones difundidas por medios internacionales, para protestar contra el costo de la vida, el deterioro de la escuela pública y otros servicios, y la violencia policial de las últimas semanas. La mayoría marchó en paz, pero grupos de encapuchados levantaron barricadas en los Campos Elíseos, incendiaron vehículos y comercios, saquearon decenas de tiendas, quemaron una oficina de turismo y vandalizaron el ayuntamiento de Marsella. Más de 1.500 comercios resultaron dañados. Según el Ministerio del Interior, hubo cerca de 2.400 detenidos y casi un millar de policías heridos, y un manifestante murió en París de un ataque cardíaco.
El presidente Emmanuel Macron, en un mensaje a la nación, prometió que quienes “buscaron derrocar la República” rendirán cuentas, señaló a la extrema izquierda radical y reconoció fallas de previsión e inteligencia. Su propia policía está bajo escrutinio: un adolescente perdió una mano por una granada aturdidora el 5 de octubre en Lens, otro manifestante sufrió lo mismo el sábado en Saint-Étienne, y el órgano de control investiga al menos dos docenas de denuncias de violencia policial.
El contagio fue inmediato. En Italia, jóvenes encapuchados lanzaron piedras y botellas contra la policía en la plaza del Duomo de Milán durante dos días seguidos, hubo saqueos en Milán y Turín, la policía usó cañones de agua en Bolonia y se superaron los 60 detenidos. La primera ministra Giorgia Meloni condenó la violencia y se anunció una huelga general para el 20 de noviembre. En Bélgica, cerca de 200 personas fueron detenidas en protestas contra los recortes educativos en Bruselas y Lieja, donde hubo proyectiles, contenedores incendiados, gases lacrimógenos y cañones de agua. Miles de personas marcharon en Lisboa. Las causas inmediatas difieren y en su mayoría son materiales y legítimas: salarios, vivienda, educación. Lo que inquieta es la forma, el momento en que una parte de la protesta deja de pedir y empieza a destruir, y en que el Estado responde con una fuerza que genera, a su vez, nuevas razones para la furia.
Sería un error, sin embargo, leer el continente solo a través de la imagen de las calles en llamas. Los datos del proyecto ACLED muestran que la violencia de grupos radicales en la Unión Europea se ha mantenido relativamente estable desde 2020, y que la ultraderecha está detrás de la mayor parte de ella. Pero otros indicadores apuntan en la misma dirección inquietante. ACLED contó en 2024 un total de 110 casos de violencia física contra funcionarios locales en 12 países de la UE, con Italia a la cabeza con 59. Y un observatorio europeo dedicado a la defensa de la democracia local advirtió en mayo de este año que la violencia y la intimidación contra representantes electos locales aumentan, con ataques a sus casas y bienes y un abuso en línea que casi nunca se registra. El problema, más que el volumen, es la normalización. Cuando el adversario deja de ser alguien con quien se discute y pasa a ser alguien a quien se silencia, ya no hay debate posible, y eso es exactamente lo que Finkielkraut temía.
Centroamérica no vive el mismo fenómeno, pero sí una variante que podríamos llamar antipolítica. No es ausencia de política, sino rechazo de sus mediaciones. Los partidos, los parlamentos, los tribunales, la prensa y la deliberación lenta son vistos como obstáculos entre un pueblo que sufre y un líder que promete resolver. La política deja de ser el arte de discutir qué hacer y se convierte en el acto de entregar la solución a alguien. Esa mutación no nació de la nada. Se alimenta de décadas de partidos tradicionales que defraudaron, de instituciones que no dieron respuesta y de una violencia criminal real que ninguna sociedad puede tolerar.
El Salvador es el caso más avanzado. En julio de 2025, la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, aprobó con 57 de 60 votos una reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida, amplía el período a seis años y suprime la segunda vuelta. El presidente Nayib Bukele ya ganó las primarias de Nuevas Ideas y debe inscribir su candidatura para las elecciones de febrero de 2027. Organizaciones como Cristosal y Human Rights Watch alertan sobre la concentración de poder y la erosión de los contrapesos. El mandatario responde con una frase corta y rotunda: “Cada pueblo elige su camino”. Quienes lo defienden recuerdan algo que sus críticos no pueden negar sin deshonestidad: el país pasó de ser uno de los más violentos del mundo a un nivel de seguridad que millones de salvadoreños valoran. Ambas cosas son ciertas a la vez, y ahí está el dilema. Una sociedad puede elegir sacrificar contrapesos a cambio de resultados, pero entonces conviene que lo haga sabiendo qué entrega y a quién.
Guatemala muestra la otra cara de la antipolítica: la captura de las instituciones desde dentro. Durante años, el Ministerio Público fue señalado por el presidente Bernardo Arévalo de usarse como arma política, y su titular, Consuelo Porras, fue sancionada por Estados Unidos y Europa por corrupción. En mayo de este año asumió un nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, lo que abre una etapa que la ciudadanía y los observadores seguirán de cerca. El punto que importa aquí es que cuando la justicia se percibe como instrumento de poder, la confianza en toda mediación institucional se erosiona, y esa desconfianza es el combustible de la antipolítica en todas sus versiones.
Honduras ofrece una lección que no cabe en etiquetas ideológicas. El estado de excepción, una medida parecida a la que sustenta la guerra antipandillas salvadoreña, no lo implantó la derecha. Lo decretó en diciembre de 2022 el gobierno de izquierda de Xiomara Castro. Sus defensores atribuyen a ese paquete de medidas una caída de la tasa de homicidios de 43 a 23 por cada 100.000 habitantes entre 2022 y 2025. Pero la extorsión, motivo central del decreto, no disminuyó, y organismos de derechos humanos denunciaron violaciones, malos tratos y torturas. El actual presidente, Nasry Asfura, que asumió en enero entre denuncias de fraude, puso fin a la medida asegurando que el país “no puede seguir bajo estados de excepción permanentes”. Ocho meses después, anunció que analiza retomarla en algunos municipios, aun cuando sus propios ministros de Defensa y Seguridad se oponen. Así funciona la antipolítica: cambia el signo de quien gobierna, pero la tentación de la excepción permanece.
Costa Rica es, quizá, el caso más revelador porque era el que menos lo parecía. El Latinobarómetro de 2023 incluyó al país entre las “democracias con problemas”, con una caída de 11 puntos en el apoyo a la democracia y un aumento de 10 puntos en la indiferencia hacia ella. Con cerca de 900 homicidios al año, un récord histórico, el gobierno de Laura Fernández apostó por una megacárcel inspirada en el CECOT salvadoreño y la inauguró la semana anterior, el CACCO. La presidenta ha dicho que evitará las detenciones masivas y la suspensión generalizada de derechos del modelo Bukele, y su administración merece que se le exija cumplirlo. Pero el símbolo importa. Que la Suiza centroamericana busque en otro país la respuesta a un problema que sus instituciones podían enfrentar con las herramientas del Estado de derecho dice mucho de cómo ha avanzado la desconfianza en la deliberación.
¿Qué tienen en común París, Lisboa, Milán, Tirana, San Salvador, Ciudad de Guatemala, Tegucigalpa y San José? Debemos ser honestos con el alcance de la comparación. Finkielkraut escribía sobre el relativismo cultural y las políticas de identidad en Europa, no sobre el populismo de seguridad en Centroamérica, y sus críticos le reprochan caricaturizar a sus adversarios y celebrar un universalismo ilustrado que convivió con el colonialismo. Forzar su tesis para explicarlo todo sería, en sí mismo, una renuncia al pensamiento. Lo que sí podemos tomar de su libro es una pregunta. ¿Qué queda de una sociedad cuando sus miembros dejan de verse como ciudadanos que razonan juntos y empiezan a verse como bandos que se temen?
Las dos orillas del Atlántico comparten un síntoma: la sustitución del argumento por la pertenencia y de la política por la emoción. En Europa se expresa como furia en las calles contra élites percibidas como sordas. En Centroamérica, como aplauso a quien promete orden sin intermediarios. En ambos casos, la víctima es la misma: el espacio común donde se discute, se contrasta y se corrige.
Quienes defienden la mano dura dirán que la gente no come filosofía y que los muertos no esperan a los seminarios. Tienen razón en lo primero y en que la seguridad es un derecho, no un lujo. Pero la respuesta a la violencia no puede construirse sobre el desprecio a los controles, porque los controles son lo único que impide que el poder que hoy protege mañana se vuelva contra quien lo critica, sea de derecha o de izquierda, gobierne quien gobierne.
A los medios nos corresponde sostener ese espacio: atribuir cada dato a su fuente, aplicar el mismo escrutinio al oficialismo y a la oposición, y resistir la presión de dar a cada audiencia solo lo que quiere oír. La derrota del pensamiento no es inevitable. Pero empieza cuando dejamos de exigirnos pensar.
