El Juzgado Séptimo de Instrucción aplazó el lunes la declaración de un testigo protegido, o cómo acostumbra denominar la Fiscalía General de la República (FGR) a delincuentes que beneficia por sus declaraciones «testigo criteriado», en la causa penal que enfrenta el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) por la malversación de más de 351 millones de dólares.
La corte de instrucción tenía previsto la declaración del también presunto delincuente Jorge Hernández, a quien el Ministerio Público acogió con criterio de oportunidad para evitar ser procesado penalmente, pero suspendió la diligencia por la inasistencia los defensores públicos de otros imputados.
Se espera que la declaración comience el martes y se extienda al menos toda la semana.
El abogado Ulices de Dios Guzmán, defensor de uno de los implicados en el caso llamado «Saqueo Público», reveló que el testigo criteriado que había sido convocado el lunes es el expresentador de televisión Jorge Hernández.
El abogado Guzmán indicó que, a pesar a que la Fiscalía General de la República (FGR) lo reconoce como criteriado, nombró sin reserva al expresentador, debido a que en las resoluciones judiciales, en las cuales es mencionado, no aparece ninguna clave para referirse a Hernández.
«Al menos en la resolución, a él lo señalaron con el nombre, que es una declaración anticipada de Jorge Hernández, señalado para este día. Eso significa que hoy va a rendir su declaración, que es lo que en principio debería de rendirse en la vista pública. Sin embargo, el juez le autorizó que se rindiera anticipadamente», dijo Guzmán a periodistas.
El proceso incluye a la exprimera dama Vanda Pignato, quien se presentó a la sede de los tribunales en San Salvador para presenciar la audiencia.
Marvin Flores, defensor de Pignato, aseguró a periodistas que dicha declaración anticipada es «una maniobra de la Fiscalía ante la falta de prueba para fundamentar la acusación».
Las investigaciones del Ministerio Público señalan que Funes desvió y lavó más de 351 millones de dólares del presupuesto estatal mediante cuentas de banco particulares con la ayuda de más de 30 personas.
El exmandatario, que actualmente vive en Nicaragua y donde obtuvo la nacionalización, supuestamente entregó dinero y bienes a Martínez para evitar la investigación por una tregua entre las pandillas apoyada por el Gobierno y por la construcción irregular de una represa.
Funes atribuyó al armisticio entre las pandillas una sensible baja en las cifras de homicidios, pero tras su fin, el país experimentó alzas sostenidas de muertes violentas hasta marcar las 103 por cada 100.000 habitantes en 2015.
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Con información de Agencia Digital de Noticias -ADN-
