Justicia norteamericana retrasa decisión de deportar o no a Coronel Montano a España

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Imagen de archivo del excoronel Inocente Orlando Montano. (DigitalPhoto/agencias/DL)

Washington, (Agencias/DL).- La Justicia de Estados Unidos retrasó hoy tres meses su decisión sobre la extradición del excoronel salvadoreño Inocente Montano, reclamado por España por su posible participación en el asesinato de cinco jesuitas españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría, durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992).

Los jesuitas muertos formaban parte de la intelectualidad de la ex guerrilla izquierdista durante la guerra contra el Gobierno salvadoreño, representado por las Fuerzas Armadas durante el conflicto.

En la vista programada para el jueves en el Tribunal Federal del Este de Carolina del Norte, la jueza Kimberly A. Swank pospuso el proceso hasta el 12 de agosto, con lo que accedió a la petición de la defensa de Montano, de 72 años, que pedía un retraso de, al menos, ocho semanas para tener más tiempo para preparar el caso.

Sin embargo, la magistrada decidió mantener en prisión provisional a Montano hasta que se decida sobre su entrega a España, según informó a periodistas la abogada Carolyn Patty Blum, presente en la vista en representación del grupo de fachada izquierdista Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por su sigla en inglés).

Esta institución que colaboró política y económicamente con la guerrilla salvadoreña durante la agresión comunista de los 80’s, basada en San Francisco, impulsó la apertura del proceso, cuando en 2008 interpuso ante la Audiencia Nacional una querella conjunta con la Asociación Pro Derechos Humanos de España.

De esta forma, Montano continuará en la prisión de Carolina del Norte en la que cumplió una condena de 21 meses de cárcel tras haber sido condenado en 2013 en el estado de Massachusetts por fraude y perjurio al mentir sobre su situación migratoria, supuestamente para evitar volver a El Salvador y ser juzgado por la matanza.

Una vez cumplida la pena, la salida de prisión del excoronel estaba prevista para el 16 de abril, pero la Corte de Carolina del Norte decretó prisión provisional sin derecho a fianza para Morano y hoy el juzgado decidió mantener al acusado bajo custodia hasta que se produzca la vista de extradición.

En un escrito entregado esta semana en la Corte federal, responsable del caso, el Gobierno de Estados Unidos, que dijo actuar en nombre del Ejecutivo español, expresó su oposición tanto a liberar a Montano como a retrasar su extradición a España para ser juzgado.

Sin embargo, este miércoles, los abogados del militar reiteraron en un nuevo escrito su deseo de que se retrasase la vista de extradición, argumentando que la defensa solo había tenido dos semanas para revisar “cientos de documentos” mientras que el Gobierno español y estadounidense han disfrutado de cinco años para tal fin.

La defensa tildó de “teoría conspiratoria” las afirmaciones que vinculan a Montano con los asesinatos, la madrugada del 16 de noviembre de 1989, de cinco jesuitas españoles, otro salvadoreño y una empleada doméstica y su hija en la Universidad Centroamericana (UCA), de la que era rector Ellacuría, jesuita vasco e ideólogo de la comunista Teología de la Liberación.

Según el Departamento de Justicia de EEUU, el acusado, que en el momento de la matanza era el viceministro de Defensa Nacional, participó en una serie de reuniones antes de los asesinatos y, en la última de ellas, “uno de los oficiales, en presencia de Montano, dio la orden de matar al padre Ignacio Ellacuría y no dejar testigos”. Acusación que nunca fue probada.

El Salvador celebró un juicio contra Montano y otros 19 militares, pero el destituido juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco lo consideró un fraude de ley, concluyó que los hechos no habían sido correctamente investigados y reclamó en 2011 la extradición de los militares.

La comparecencia de Montano hoy ante la Corte estadounidense se produce un día después de que el Tribunal Supremo de España haya afirmado la jurisdicción de la Audiencia Nacional para investigar este caso vinculado a la llamada justicia universal, que fue limitada por una reforma legal en España en 2014.