Juez que cuestiona medidas de la Asamblea Legislativa es responsable de fallos polémicos

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(con información de La Noticia. SV, El blog y otras fuentes) El Juez Juan Antonio Durán Ramírez, que hasta el día martes 18 de mayo del presente año se desempeñó como Magistrado suplente en la Cámara Tercera de lo Penal de la ciudad de San Salvador está siendo seriamente cuestionado en los sectores judiciales del país a raíz de sus criticas “apriori” por las más recientes medidas acordadas por la Asamblea Legislativa, entre ellas la destitución de cinco magistrados y del fiscal Raul Melara. Duran también se desempeñó como magistrado en la Cámara de lo Penal de San Vicente.

Hasta el día martes 18 de mayo del presente año, el Juez “Tony Durán” se desempeñó como Magistrado suplente en la Cámara Tercera de lo Penal de la ciudad de San Salvador, periodo en el que no estuvo exento de polémicas por sus fallos y especialmente por sus mensajes confrontativos dirigidos especialmente contra el Presidente de la República, Nayib Bukele.

La abogada Tania Ávalos antepuso en el mes de octubre del 2020, una denuncia penal contra el Juez Juan Antonio Durán Ramírez por la presunta comisión del delito de “PREVARICATO” (Resolver deliberada o negligentemente contrario a la ley) El hecho principal de la denuncia se encuentra en la resolución dictada por ese Tribunal, en el incidente de apelación referencia 131-2020, en el que se absuelve de toda responsabilidad penal, al representante legal de la Sociedad INTRATEX, S.A. DE C.V., respecto del delito de evasión de impuestos.

El caso en mención, inició al momento en que Fiscalía giró orden de detención administrativa contra el Directivo de INTRATEX, S.A DE C.V., posteriormente se presentó Requerimiento Fiscal y en audiencia inicial el Juez 6º de Paz de San Salvador, decretó instrucción con aplicación de medidas cautelares lo que incluía una fianza por la suma de $500,000,oo que el representante legal canceló para recobrar su libertad. No obstante, la defensa interpuso una apelación que según la profesional del derecho fue resuelta en tiempo “record”, a pesar de la complejidad del caso y que el Magistrado Durán, actuando como “Juez y Parte” completó los vacios que solamente la investigación durante la etapa de instrucción podían conocerse, determinando “de oficio” y sin más pruebas que se trataba de un “error” en la declaración de impuestos y con ese argumento dictó el Sobreseimiento Definitivo a favor del acusado.

El Sobreseimiento Definitivo se da cuando existe la certeza que el hecho no ha existido o no es delito, sin embargo a criterio de la abogada, acá no la había, lo cual quedó confirmado con la aplicación de una medida cautelar impuesta por la Sala de lo Constitucional en el Amparo 354-2020, interpuesto por la Sociedad INTRATEX, S.A. DE C.V., respecto a la fiscalización del ejercicio impositivo del año 2017, en que ordenó al juzgado suspender la tramitación del proceso penal en el Juzgado 6º de Instrucción de San Salvador, hasta que se completase el procedimiento administrativo de fiscalización. Entonces, si lo que advierte la Sala de lo Constitucional es que está pendiente una resolución de fondo, de naturaleza administrativa que es previa para continuar con la etapa de instrucción ¿De dónde saca Toni Durán la certeza que el hecho no es delito?

La abogada también recordó que esta misma Cámara en recientes antecedentes a pesar que existían condiciones de procesabilidad claramente determinadas por la ley o los hechos demostraban que no correspondían a la materia penal, Durán decidió que no era posible resolver el fondo, porque según su criterio, no se podía fallar en cuanto el fondo del asunto, sin esperar posibles elementos de prueba durante la instrucción. Es decir que sus decisiones a criterio de la denunciante, se van acomodando en atención a la persona que juzga y quién sabe bajo qué criterios e intereses.

Un Juez interino para resolver casos polémicos.

Para Tania Ávalos, la Corte Suprema de Justicia, si pretende contribuir al Estado de Derecho, debe suspender de inmediato las prácticas de nombramientos de tantos Jueces y Magistrados interinos, que son nombrados de forma “indefinida” pues ello incide directamente en la vulneración a la independencia judicial, a partir de no existir una estabilidad en el cargo. Pues recordó que la indepdencia judicial juega un doble interés, del juez que sabe que solamente será removido de su cargo conforme a procedimientos debidamente reglados de forma previa y para el ciudadano, que requiere que no existan criterios “extra judiciales” para la selección y designación de jueces de forma interina en sedes judiciales y magistraturas específicas.

Recordó que hubo un nefasto antecedente cuando el Ex Magistrado Sidney Blanco, como coordinador de la Comisión de Evaluación Judicial de Corte Plena, en clara identidad de fines con el Ex fiscal general Douglas Meléndez, efectuaron remociones y traslados de jueces y colocaron otros “a modo” que tuvieron a su cargo resolver y siguen resolviendo casos polémicos. Uno de los casos más serios, señaló fue el del Juez Rigoberto Chicas, trasladado del Juzgado de Instrucción de Apopa, al Juzgado 4º de instrucción de San Salvador, como titular; sin embargo, luego se le da un interinato como Juez de Extinción de Dominio y además ejerce como Magistrado suplente en la Cámara de lo Penal de Santa Tecla. ¿Por qué hacer estas designaciones habiendo más jueces, qué intereses hay en el fondo de estos movimientos? Dejó a forma de pregunta, la abogada.

Posible impunidad si Fiscalía no recurre la sentencia.

Finalmente la denunciante, recordó que en cuanto a la resolución dictada por la Cámara 3ª de lo Penal, la Fiscalía contaba con 10 días para interponer Recurso de Casación, lo cual es sumamente importante que se haga, pues de no recurrir estaría enviando un mensaje claro de impunidad y que la justicia no es igualitaria. Sobre todo porque recordó que la medida cautelar impuesta por la Sala de lo Constitucional, no puede abarcar un proceso penal, en curso, pues hay dos criterios que el citado Tribunal se estaría saltando y que están contemplados en el Art. 12 de la Ley de Procedimientos Constitucionales consistentes en el agotamiento previo de los recursos ordinarios, que en el particular no se había suscitado según la profesional, por precisamente estar pendiente el Recurso de Casación.Una pequeña inversión en Amazon podría sorprenderte en un mesInvestingops|PatrocinadoLa ingeniosa razón por la que ves bolas rojas en las líneas eléctricasCar Novels|PatrocinadoFotos tomadas segundos antes del desastrePlays Star|PatrocinadoUna inversión de $200 en Amazon podría darle un salario extraInvestingops|PatrocinadoCanal drenado por primera vez, y esto es lo que encuentranRich Houses|PatrocinadoEsta fruta come su grasa en 24 horasKeto 360 Suplemento|PatrocinadoFin del bipartidismo 

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De acuerdo a una fuente judicial del Tribunal de Segunda Instancia, que habló con reserva de identidad por temor a las represalias dentro de esa sede judicial. Tony Durán, tiene nombramiento como juez propietario del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en donde compartió la función de impartir justicia con el Ex Magistrado de Sala de lo Constitucional, Carlos Ernesto Sánchez; de manera que habría sido éste quien pidió que lo trasladaran a cubrir la vacante en la Cámara Tercera, por considerarlo “sumamente leal y disciplinado en acatar órdenes”. A consideración de la fuente una de las razones por las cuales Tony Durán insiste en las redes sociales, donde escribe para sostener su independencia judicial y el apego a la legalidad en sus fallos, es porque su falta de carácter no le permite estar bien consigo mismo, ante tantas ilegalidades y atropellos que cometió mientras estuvo en el cargo. Tiene una “personalidad muy maleable y aunque tenga algunas convicciones, al final como sabe que tuvo que cumplir con las órdenes de quienes lo pusieron, eso siempre lo mortificó” añade la fuente.

Los Fallos polémicos de la Cámara Tercera de lo Penal.

El 09 de octubre de 2020, se conocía el fallo por medio del cual ante un recurso de apelación presentado por la defensa del señor Manuel Ernesto Daura Mijango representante legal de la Sociedad INTRATEX EL SALVADOR, S.A. DE C.V., empresa ligada a la familia Simán, el Tribunal de Segunda Instancia, decretaba sobreseimiento definitivo a favor del acusado, pese a que la finalidad de la apelación había sido que se revocaran las medidas cautelares que le habían sido impuestas durante la audiencia inicial, consistentes en una fianza de $500 mil Dólares y uso de brazalete electrónico. La Cámara integrada por Tony Durán y Marta Lidia Peraza, fue a más y sin permitir que el caso se definiera en la etapa de instrucción, cerró el caso calificando el hecho de la acusación no como una evasión, sino un “error” al momento de consignar el pago de los impuestos. Además dejó desprovisto al Ministerio de Hacienda para hacer exigible una deuda superior a $5 millones de dólares.

Otro caso en el cual la Cámara Tercera de lo Penal, siempre integrada por Tony Durán y Marta Lidia Peraza, volvieron a dar la razón a la corrupción y afectaron los intereses del Estado, ocurrió en el “Caso EL CHAPARRAL” donde el mencionado Tribunal se negó a materializar un embargo solicitado por la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) en calidad querellante, por la suma de $228 millones de Dólares en contra de la empresa Italiana ASTALDI. Este caso se encuentra desde el mes de febrero de este año pendiente de una petición de anulación de ese fallo ante la Sala de lo Constitucional, cuyos Magistrados ya destituidos pese a lo importante que es intentar recuperar los fondos defraudados al Estado, no reflejaron la misma celeridad que si tomaron para dictar fallos a favor de ciertos grupos empresariales o como la decisión que violentó los derechos políticos del analista Walter Araujo.

El juez para el que las acciones del legislativo fueron un “Golpe de Estado”

Relata la fuente que El 01 de mayo del presente año, mientras la Asamblea Legislativa iniciaba un cambio fundamental para construir un verdadero Estado de Derecho hacia futuro,  lejos de la justicia selectiva sostenida por la Sala de lo Constitucional, Tony Durán se mantenía muy activo en redes sociales, especialmente en Facebook, donde actuando en defensa a ultranza de su “promotor”, el Ex Magistrado Carlos Sánchez, manifestó que lo sucedido era un “GOLPE DE ESTADO EN EL SALVADOR”.

De acuerdo a la fuente, hasta donde pudo revisar, ningún otro Juez o Magistrado, se atrevió a hacer un señalamiento con tanta temeridad e irresponsabilidad, de hecho la Corte Suprema de Justicia debería revisar muy cuidadosamente esta clase de actuaciones por parte de Tony Durán, que se reducen prácticamente a dos vías: o es un “juez activista, que tiene las consignas y agendas que le han colocado los mismos de siempre” o reacciona atolondradamente olvidando que su misión como juez, no puede verse comprometida por otros asuntos sobre los que le corresponde pronunciarse hasta que tiene todos los medios y elementos para hacerlo.

Además colocó otro mensaje en su muro de Facebook, que entre líneas amenazaba al Presidente Bukele, el cual tomaba como ejemplo ciertos acontecimientos -pese a no tener similitudes- ocurridos en Perú, bajo la Presidencia de Alberto Fujimori, donde manifestaba que: “El 29 de mayo de 1997, el Congreso de Perú afín al Presidente Alberto Fujimori, destituyó tres magistrados de la Corte Constitucional, por no haber votado a favor de la tercera reelección de Fujimori. Ahora, Alberto Fujimori enfrenta la quinta condena por delitos cometidos en su periodo presidencial.”

Por último la fuente, muestra uno de los últimos mensajes publicados por Tony Durán, donde nuevamente se victimiza y carga contra los actores de los cambios institucionales tan necesarios en el país, afirmando que: “No es primer embate que sufre la judicatura salvadoreña, ni será el último. El poder usa todas las formas posibles por doblegar a la Justicia. No lo lograrán.”

Esto quiere decir, según la fuente, que en la cabeza de Tony Durán, todo lo anterior estaba bien, sin importar que la decisiones se adoptaban únicamente por los intereses de un sector económico predominante o de intereses de grupos políticos deslegitimados democráticamente, pero que se aferraban al poder de instituciones corruptas. De hecho, la fuente judicial concluye manifestando que: “aunque se dé baños de pureza, es claro que por sus frutos los conocereis y los que deja Durán en la sede que deja, se encuentran altamente podridos.”