La Iglesia Católica instó al Gobierno a “enfocar” más recursos para respetar los derechos humanos en las prisiones, con una sobrepoblación de más del 300 %, porque “es inhumano como se trata a la gente en las cárceles del país”, señaló el obispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas.
Las cárceles salvadoreñas tienen capacidad para 10.000 personas y hasta mediados de enero del año en curso albergaban a 36.855 reos y más de 5.000 personas en los calabozos de la Policía “en condiciones de hacinamiento intolerables”.
Para la Iglesia “es un tema de honor y justicia resolver este problema”, porque “el hecho de que las personas que se encuentran presas sean culpables de un delito, no les quita que tengan sus derechos”, dijo Escobar Alas.
El Gobierno reconoció a inicios de 2017 el “fracaso” del sistema penitenciario y señaló que busca medidas para “humanizarlo”, con decisiones como la liberación de ancianos y menores de “baja peligrosidad”, y la ampliación de su capacidad.
“El sistema penitenciario fracasó, es inviable mantenerlo así y perpetuarlo representaría en el futuro una grave amenaza a la seguridad”, dijo el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, durante la presentación del informe penitenciario de 2016.
Escobar Alas destacó que las cárceles “deben ser centros de recuperación y si se ofrece un trato inhumano, no cumplen esa función”, puesto que “tratar así a los presidiarios es violencia y no mejora su situación para reinsertarse luego en la sociedad”.
“Es necesario que todos los poderes, no solo el Gobierno, acerquen posturas y hagan un esfuerzo por resolver la carencia de medios para mejorar el problema y en esto juegan un importante papel los diputados, que deben ponerse de acuerdo para votar fondos con este fin”, subrayó el religioso.
Ramírez Landaverde, quien se posicionó en la misma línea, señaló que las “condiciones graves de hacinamiento” son una amenaza porque “no le permite al Estado cumplir su misión de reinsertar” a los presidiarios en la sociedad, y que solo en alimentación de presos le representa un gasto de más de 30 millones de dólares anuales.
Una de las primeras medidas para “descongestionar” las cárceles que el Gobierno busca aplicar es la liberación de 528 reos ancianos o con enfermedades terminales, aunque no se ha fijado un plazo ni la forma en que serán puestos en libertad.
También otras 103 personas que no han cometido delitos como homicidio pasarán de una “fase de confianza”, en la que ocasionalmente salen de la prisión, a una de “semilibertad”, en la que pueden salir durante el día para trabajar y regresan durante la noche al penal.
Otra medida es la creación de 12.000 nuevos espacios en el 2017 con la construcción de recintos temporales de encierro y la ampliación de las “granjas penitenciarias” y de las prisiones.
De acuerdo con la Dirección General de Centros Penales (DGCP), el 30,6 % de los reos que albergan las 19 cárceles del país está por homicidio, el 16,91 % extorsión y el 10 % por robo, y más del 50 % de las condenas oscilan entre los 6 y 10 años.
