La Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) capturó el jueves al exministro de Gobernación (Interior), David Barrientos, por desobedecer una orden judicial para despejar decenas de bloqueos violentos de rutas que exigían tener procesos legales por parte del Ministerio Público (MP).
«Se coordinó la aprehensión del señor David Napoleón Barrientos Girón por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia», informó la Fiscalía en un comunicado.
El extitular de la cartera de seguridad fue detenido en su residencia en la capital guatemalteca y remitido en una patrulla policial al edificio de tribunales donde será presentado ante un juez, según imágenes difundidas por la televisión local.
Barrientos renunció al cargo el 16 de octubre luego que la Fiscalía solicitó a la máxima entidad judicial del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), su destitución por negarse a desalojar a los violentos manifestantes.
La nota precisó que Barrientos «omitió actos propios de su función relacionados a cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público (…), al no cumplir con lo ordenado en resolución» de la CC.
«Nosotros actuamos en el marco de la ley», alegó a periodistas Barrientos al llegar a los tribunales de la capital, al referirse a su actuación durante los bloqueos.
En un nuevo intento por intervenir en asuntos internos de Guatemala, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó la captura del exfuncionario y la calificó como «repudiable uso de la autoridad y de las capacidades» de la Fiscalía. El Ministerio Público «actúa violentando el Estado de Derecho Democrático del país», añadió en la red social X.
A principios de octubre pasado, cientos de personas con perfiles indígenas en su mayoría cerraron violentamente varias carreteras en diferentes regiones de Guatemala, incluida la capital, afectando los derechos de la mayoría de la población que fue afectada en su trabajo, estudios y hábitos generales, para exigir la salida de la Fiscal General, perseguida por organizaciones de izquierdas por emprender acciones judiciales derivadas de demandas contra el presidente electo y el movimiento político que de manera ilegal lo llevó a la mas alta magistratura del país.
Arévalo asumirá el domingo en medio de incertidumbres por las investigaciones legales en su contra, su partido Semilla, la próxima vicepresidenta, Karin Herrera, y cuestionamientos corrupción en los resultados electorales.
