Gobierno presentó la iniciativa de reforma de pensiones a la Asamblea Legislativa

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Carlos Cáceres, ministro de Hacienda, presentó el miércoles la iniciativa de reforma de pensiones a la Asamblea Legislativa. Cáceres aseguró que el Gobierno no podrá usar los ahorros de los trabajadores como caja chica.

Según Cáceres, la iniciativa presentada a la Asamblea Legislativa, “comprende un régimen de capitalización basado en un sistema de ahorro individual obligatorio que será aplicable a todos los trabajadores privados y públicos cuyos salarios exceda de dos salarios mínimos del sector comercio y servicios y seguirá siendo gestionado por las AFP y las aportaciones definidas de los afiliados se acomodarán a sus cuentas individuales las cuales sumadas a su rentabilidad financiarán su pensión”.

La propuesta de reforma previsional presentada establece la creación de un Instituto nacional de Pensiones (INP).

De acuerdo al funcionario, se persigue “Crear un sistema mixto para promover la equidad a través de la incorporación de la población cubierta, disminuir el impacto en las finanzas públicas y garantizar los recursos para el pago de las pensiones”.

El proyecto de ley “Constituye una reforma estructural que busca responder a los desafíos señalados conservando las principales características de un sistema privado”, aseguró Cáceres.

La tasa de cotización, la edad y el tiempo de jubilación continuarán sin variación “salvo que si el trabajador devenga dos salarios mínimos destinará sus aportes al régimen de reparto, si es mayor destinará al pilar de capitalización los aportes correspondientes al exceso de los dos salarias mínimos”.

El 78% de cotizantes irá al sistema de reparto por ganar hasta 2 salarios mínimos y un 22% al sistema de capitalización.

El cobro de la comisión por administración será del 1% en el régimen de reparto y en el de capitalización reducirá de 2.2 al 1.9.

El proyecto de ley deja abierta la posibilidad a que futuros gobiernos ajusten el monto de la pensión mínima usando la disponibilidad de recursos del Estado como uno de los criterios. En el peor de los casos, eso permitirá que la pensión baje o suba a discreción de las autoridades.