El Gobierno de la República admitió que la situación de finanzas públicas es “grave” y pretendió responsabilizar al bloqueo de financiación de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, ignorando el gasto descontrolado y la ausencia total de ahorro por parte del Ejecutivo.
La precaria situación provocada por las dos administraciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), lideradas por el ex presidente Mauricio Funes Cartagena, bajo juicio por enriquecimiento ilícito e investigado por otros actos de corrupción; y la del actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, llevaría al “impago” de deuda de corto plazo, de 1.000 millones de dólares.
El plazo fatídico es el 7 de octubre, fecha en la que se deben abonar deudas y El Salvador no tiene fondos para hacerlo.
El vocero del presidente Sánchez Cerén, Eugenio Chicas, aseguró en una entrevista con el canal de propaganda estatal, que “la grave situación de las finanzas públicas” es “en una buena medida” responsabilidad de la Sala de lo Constitucional porque ha “drenado los fondos públicos” con diferentes sentencias.
La Sala de lo Constitucional ha detenido leyes y proyectos de ley por ser inconstitucionales, lo cual es su función, según la Constitución de la República.
De acuerdo con el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), a julio pasado la deuda de corto plazo, que es principalmente en LETES (Letras del Tesoro), ascendió a 929,90 millones de dólares. Entre las resoluciones del Constitucional citadas por Chicas se encuentran la que anuló la emisión ilegal de 900 millones de dólares en bonos y otra que ha frenado el incremento en el costo de la electricidad en un 13%, lo que habría afectado a toda la población, lanzando al país en una vorágine de pobreza mayor a la que esta forzosamente obligado a vivir por el descalabro financiero del Ejecutivo.
El funcionario añadió que las finanzas estatales también se han visto “deterioradas” por el bloqueo en la aprobación de 1.200 millones de dólares, originalmente programados para continuar con el gasto desaforado del Estado y que ahora urge para el pago de deuda a corto plazo, que es encabezado por la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que pide un pacto del gasto público para otorgar más prestamos que continúen el endeudamiento del país.
“Eso afecta los programas sociales, eso afecta la posibilidad de estructurar programas que beneficien a la población”, indicó Chicas. El total de la deuda pública, hasta julio pasado, era de 17.175,38 millones de dólares.
Chicas, responsabilizando a todos, menos al gasto público descontrolado, sumó a esta situación “los problemas de evasión y elusión fiscal” que, según él, privan al Estado de recibir más de 1.500 millones de dólares. El secretario Chicas evadió informar sobre la situación de ampliación de la base tributaria, en un país donde el comercio informal crece día a día.
El funcionario explicó que algunas de las consecuencias que puede generar esta situación son la alteración de la calificación del país porque las calificadoras de riesgo miden la capacidad de pago de los países; alteración de las tasas de interés; afectación del sistema financiero; puede impedir los desembolsos de préstamos que ya están aprobados para el país; y puede afectar las transacciones de las empresas privadas.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, pidió a los diputados del Congreso, que le autoricen de manera urgente 71,5 millones de dólares para amortizar intereses.
En una opinión más técnica que política, el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) Carlos Acevedo (2009-2014), opina que la “solución” para mejorar la situación financiera del Gobierno es que este llegue a un acuerdo con la oposición. “Para que realmente sea una solución duradera tiene que hacerse la emisión” y “hacer un ajuste fiscal del tipo que ha recomendado el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, aseguró Acevedo a periodistas en un evento público.
A finales de junio, el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, explicó que entre las recomendaciones del FMI se encuentran el incremento al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como la creación de un tributo al patrimonio y otro “predial”.
El pasado 31 de marzo, el BCR redujo la previsión de crecimiento económico del país para 2016 de un 2,6 % a un 2,3 %, por el “debilitamiento en las perspectivas del entorno internacional y la economía de Estados Unidos”, según expertos, esa cifra esta aún muy por encima de la realidad de la economía salvadoreña, por lo que esperan que el crecimiento sea menor al 2%.
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