Gobierno muestra inacción para ayudar a la población ante suba de combustibles
Mientras la región actúa, el Gobierno deja solo al bolsillo salvadoreño
El mundo se mueve. Los gobiernos centroamericanos improvisan escudos fiscales, ajustan impuestos, congelan tarifas y subsidian galones. Panamá desembolsa cien millones de dólares. Honduras absorbe el cincuenta por ciento de cada alza semanal. Nicaragua mantiene congelados sus precios desde 2022. Guatemala activa operativos policiales y militares contra la especulación. Y El Salvador, el país que en 2022 alardeó de tener los combustibles más baratos del istmo gracias a una intervención gubernamental vigorosa, observa en 2026 cómo el galón de gasolina superior escala hasta los 4.64 dólares sin que el Ejecutivo mueva un solo dedo para amortiguar el golpe.
La crisis energética global de 2026 tiene nombre y dirección: el estrecho de Ormuz. El bloqueo parcial de esa vía —por donde transita entre el 20 y el 25 por ciento del tráfico mundial de crudo— se desencadenó a finales de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, disparando los precios internacionales del petróleo por encima de los cien dólares por barril. La onda expansiva llegó a todos los países de la región sin excepción. La diferencia está en cómo cada gobierno decidió recibirla: con las manos extendidas para amortiguar el impacto, o con los brazos cruzados.
Los datos no admiten eufemismos. Entre el 28 de abril y el 11 de mayo de 2026, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) fijó los precios de referencia de los combustibles en El Salvador en 4.63 dólares por galón de gasolina superior en la zona central, 4.30 dólares para la regular y 4.37 dólares para el diésel, reflejando un incremento de 0.07 dólares respecto a la quincena anterior. Ese ajuste, presentado por las autoridades como «el más bajo en seis semanas», es en realidad la culminación de una escalada sostenida que desnuda la ausencia de política pública.
Solo en la segunda quincena de marzo, la gasolina superior llegó a 4.08 dólares por galón en el Gran San Salvador, con un incremento de 0.26 dólares respecto al período anterior, el segundo ajuste consecutivo en ese mes. Para la quincena del 14 al 27 de abril, la gasolina superior alcanzó los 4.56 dólares en la zona central, un salto de 0.27 dólares en una sola quincena, mientras que el diésel subía 0.15 dólares hasta ubicarse en 4.30 dólares.
El acumulado es devastador. De acuerdo con datos de la DGEHM, en menos de un mes los incrementos sumaron hasta 0.79 dólares por galón en el caso del diésel y 0.74 dólares en la gasolina superior. Para una familia que depende del transporte de carga, de la comida frita en una pupusería, o de la motocicleta con que reparte pedidos, ese número no es una estadística: es la diferencia entre comer o no comer al final del mes.
La fotografía centroamericana de 2026 es un mosaico de intervenciones estatales que contrasta brutalmente con el silencio salvadoreño. Honduras implementó un sistema híbrido mediante el cual el Tesoro público absorbe el 50 por ciento del incremento internacional registrado cada semana en la gasolina regular y el diésel. Esa medida no impidió que los precios hondureños siguieran subiendo —la gasolina súper llegó a 5.15 dólares por galón en Tegucigalpa a mediados de abril—, pero al menos el Estado asumió la mitad del castigo.
Nicaragua, por su parte, «blindó» su mercado interno al mantener congelados desde 2022 los precios de la gasolina regular, superior y diésel, asumiendo el Estado el cien por ciento de los incrementos internacionales. La política tiene un costo fiscal monumental, pero la decisión política es clara: el ciudadano no paga la guerra de Medio Oriente.
En Guatemala, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo activó el «Plan Centinela», una serie de operativos conjuntos entre la Policía Nacional Civil y el Ejército que ya acumulaban 42 denuncias penales ante el Ministerio Público por posibles casos de especulación, al tiempo que preparaba propuestas legislativas de subsidios focalizados al diésel y al gas propano.
Panamá destinó 100 millones de dólares a un fondo de estabilización de tarifas del transporte público para los próximos diez meses y ordenó la racionalización del gasto estatal. El gobierno panameño llegó incluso a congelar los precios del combustible para el transporte colectivo, asumiendo el Estado el aumento internacional para que los pasajeros no pagaran más en el bus, el metro o los taxis.
En Chile, el gobierno aprobó un subsidio de 225 millones de dólares para apoyar a 7.5 millones de familias afectadas por el alza. En República Dominicana, el Estado optó por absorber una parte significativa del costo mediante un subsidio que duplicó el esfuerzo fiscal realizado la semana anterior.
El contraste duele. Mientras en El Salvador el galón de gasolina superior rondaba los 4.56 dólares, en Guatemala superaba los 5.18 y en Honduras se cotizaba entre 5.50 y 5.60 dólares. El Salvador sigue siendo, nominalmente, el más barato de la región. Pero la pregunta que nadie en el Ejecutivo quiere responder es: ¿qué tan barato podría ser si el gobierno actuara?
La sociedad civil y los economistas no han permanecido callados. El economista César Villalona propuso que El Salvador subsidie temporalmente los combustibles mediante la reducción del IVA del 13 al 8 por ciento, o eliminando el FEFE, que suma 0.10 dólares por galón. Calculó que el costo fiscal de esas medidas rondaría los 50 a 60 millones de dólares por unos meses, una cifra que consideró manejable frente al presupuesto nacional de 9,900 millones de dólares, más préstamos inacabables.
El mismo especialista alertó sobre un riesgo adicional que el gobierno parece ignorar: el búnker, derivado del petróleo, genera cerca del 40 por ciento de la electricidad nacional, por lo que un encarecimiento sostenido del petróleo haría inminente un ajuste en las tarifas eléctricas si la situación internacional no cambia.
El sector transporte tampoco ha guardado silencio. La Mesa Nacional de Transporte anunció la preparación de una propuesta formal para presentar al Gobierno, en la que señaló que la compensación estatal actual de 250 dólares por microbús y 500 dólares por autobús resulta insuficiente ante la escalada de precios. La iniciativa fue enviada al Viceministerio de Transporte y a Casa Presidencial, pero hasta la fecha de publicación de esta nota no había obtenido respuesta oficial.
En la Asamblea Legislativa, la oposición ha presentado iniciativas concretas, aunque sin eco en el bloque oficialista de Nuevas Ideas. Entre las medidas discutidas están la reducción del IVA a los combustibles y la eliminación del FEFE, así como subsidios focalizados, replicando medidas que otros países de la región ya han aprobado.
Lo más incómodo para el gobierno de Nayib Bukele es su propio historial. En 2022, cuando los precios del crudo se dispararon tras la invasión rusa a Ucrania, la respuesta fue contundente y rápida. El gobierno presentó una iniciativa de ley ante la Asamblea Legislativa para fijar los precios de los combustibles y absorber el incremento durante dos meses, invirtiendo un promedio de 12.5 millones de dólares de manera quincenal. Para julio de ese año, el Ministerio de Hacienda reconocía haber invertido 240 millones de dólares en subsidios, lo que representaba un ahorro de 2.2 millones de dólares diarios para los salvadoreños.
Gracias a esas medidas, El Salvador llegó a ofrecer la gasolina superior a 4.31 dólares por galón, frente a los 4.92 de Guatemala, 4.86 de Nicaragua, 4.82 de Costa Rica y 4.71 de Honduras. El éxito fue real, medible y celebrado. El mismo gobierno que hoy guarda silencio fue, hace cuatro años, el más activo defensor del bolsillo salvadoreño ante una crisis internacional similar.
¿Qué cambió? La crisis no. Los precios internacionales no. La vulnerabilidad del país importador tampoco. Lo que cambió, aparentemente, es la voluntad política.
Para ser precisos: el gobierno de Bukele no ha abandonado completamente toda intervención energética. Para febrero de 2026, el gobierno mantenía un subsidio focalizado al gas licuado de petróleo (GLP) de 8.04 dólares, por lo que más de un millón de familias beneficiarias pagaban únicamente 2.69 dólares por el cilindro de 25 libras. Es una medida real, que ayuda a los hogares más pobres a cocinar. Pero es insuficiente para los millones de salvadoreños que llenan el tanque de su carro, pagan el pasaje del bus que sube sus costos, o reciben los alimentos que llegan más caros porque el flete ya no es el mismo.
La propia fuente sectorial reconoce que El Salvador no ha anunciado un nuevo paquete de alivio fiscal específico para las gasolinas, confiando en que sus precios promedio sigan siendo los más accesibles de la región. Pero «ser los más baratos entre los caros» no es política pública; es resignación estadística.
El Salvador enfrenta en 2026 una tormenta energética que ningún gobierno puede resolver unilateralmente, pero que todos los gobiernos responsables intentan amortiguar. Cuatro quincenas consecutivas de alzas, acumuladas desde marzo, han golpeado la cadena completa: el transporte de mercancías, el precio del pan, el costo de la pupusa, la tarifa del mototaxista, el presupuesto del vendedor ambulante.
Las propuestas están sobre la mesa: reducir el IVA a los combustibles, eliminar el FEFE, aplicar un subsidio temporal similar al de 2022, focalizar apoyos al transporte público. Los economistas las han costeado. Los diputados de oposición las han presentado. Los gremios las han exigido. El costo fiscal, según los propios analistas, sería manejable para un presupuesto de casi diez mil millones de dólares.
Lo que falta no es dinero ni ideas. Lo que falta es una decisión. Y mientras esa decisión no llega, el galón sigue subiendo, el pasaje amenaza con aumentar, la canasta básica se encoge, y el salvadoreño de a pie sigue pagando, solo, una guerra que no es suya.
Esta nota fue elaborada con datos oficiales de la DGEHM, medios locales, La Prensa Honduras y fuentes gubernamentales de la región, correspondientes al período marzo-mayo de 2026
