El Gobierno de la República dijo el miércoles que colaborará en la detención de 17 militares en retiro acusados por el supuesto asesinato de seis sacerdotes jesuitas durante la guerra civil, luego que un juez español emitió una nueva orden de captura a través de Interpol.
El juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, envió el lunes una nueva petición a Interpol para ordenar la captura de los militares salvadoreños retirados, supuestamente involucrados en la masacre de los líderes intelectuales de la insurgencia y dos colaboradoras en los momentos álgidos de la guerra.
Los militares se encuentran amparados por una ley de amnistía que se pasó durante los acuerdos de paz para proteger a los miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y a los militares que lucharon por parte del gobierno para que no fueran perseguidos por actos o delitos cometidos durante el conflicto.
El Secretario de Comunicaciones de la presidencia, Eugenio Chicas, dijo a periodistas que el Gobierno está dispuesto a proceder con las capturas una vez que se cumplan los requisitos legales, pero que la decisión de una eventual extradición a España correspondería a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“No tenemos otro camino que cumplir la ley. Pero eso depende que sea ratificada por el juez Velasco las órdenes de detención y sean actualizadas por Interpol”, dijo el funcionario efemelenista.
En el marco de una terrible ofensiva guerrillera militar en la capital, la madrugada del 16 de noviembre de 1989 un comando militar irrumpió el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) y acribilló al grupo que lideraba intelectualmente a la insurgencia, entre ellos el rector de la institución, el español Ignacio Ellacuría.
Entre los implicados se encuentra el ex viceministro de Defensa, el coronel Inocente Montano, quien fue procesado y se encuentra encarcelado en Estados Unidos por fraude migratorio.
El crimen fue la cima de la agresión comunista armada que enfrentó entre 1980 y 1992 a la ex guerrilla izquierdista y ahora partido en el gobierno Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército salvadoreño, que defendía la institucionalidad del país, con un saldo de 75.000 muertos y al menos 8.000 desaparecidos.
