La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que la exprimera Dama de la República, Ana Ligia Mixco de Saca, sea capturada y enviada a prisión.
La petición fue hecha por la Fiscalía al juez Séptimo de Instrucción de San Salvador, Miguel Ángel García, quién deberá decidir si procede la detención de Ana Ligia de Saca, por no pagar una fianza de 250 mil dólares, señaló un comunicado de la oficina de prensa de los tribunales de la capital.
De acuerdo a la Fiscalía, el plazo para el pago de la fianza expiró el pasado viernes.
Según la oficina de prensa de los tribunales, fue la misma Fiscalía la que había solicitado que a la esposa del expresidente se le concedieran “medidas sustitutivas a la detención” y el pago de una fianza, en virtud que ella es la única persona autorizada para emitir cheques en las empresas de la familia y así “no afectar a terceros”, es decir los empleados.
En su momento, la misma Fiscalía señaló que había accedido a que se le concediera libertad bajo fianza a la esposa del expresidente, porque padece una enfermedad que requiere tratamiento médico constante.
El pasado viernes, el abogado Miguel Flores Durel, defensor de la señora de Saca, pidió públicamente a la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador la reducción de la fianza por un monto menor, ya que la misma Fiscalía mantiene congelados los bienes y fondos de la familia y empresas de la imputada, por lo que no le permiten, de manera alguna, a pagar los complementarios $250 mil.
“Me parece que es injusto. Usted no puede someter la libertad de una persona a que tenga dinero o no. Más cuando la representación fiscal a inicio, atinadamente, pidió medidas alternas a la detención. No hay precedentes respecto a la cantidad”, dijo el abogado.
Saca, quien gobernó el país entre 2004 y 2009, fue detenido el pasado 30 de octubre junto a su exsecretario privado Elmer Charlaix, el exsecretario de comunicaciones Julio Rank y otros tres colaboradores.
El exgobernante y sus colaboradores afrontan un proceso judicial por los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero por el supuesto desvío de 246 millones de dólares.
Otra decena de personas, entre ellas la esposa del expresidente, también afrontan la justicia por su presunto involucramiento en el caso.
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