La Fiscalía General de la República (FGR) está en la imperiosa obligación de resolver las graves denuncias que se han hecho sobre malos procedimientos de algunos de sus funcionarios, antes de continuar con los procesos que mantienen en prisión a personas cuyo derecho constitucional a ser consideradas inocentes, está siendo violentado desde el momento en que fueron capturadas.
Abogados particulares e instituciones vinculadas al sistema judicial denunciaron públicamente a funcionarios de la FGR y de la Policía Nacional Civil (PNC), de cometer hechos delictivos con el fin de montar “casos” en franca violación a los derechos constitucionales de los ciudadanos y de sus derechos humanos.
Las denuncias fueron interpuestas por abogados defensores del empresario Enrique Rais y otras personas junto a las que su defendido está siendo procesado en uno de los tribunales del país.
Los fiscales y policías denunciados tienen nombre y apellido, y los hechos por los cuales han sido señalados son hechos concretos que aparecen en el juicio. Cualquier juez con mínimo criterio penal e independencia judicial, llegado el momento, no tendrá el menor reparo para dejarlos en libertad.
Los fiscales, sabedores de que los indicios que se construyeron para poder juzgar a los imputados no son suficientes, han recurrido a la argucia de solicitar al juez un nuevo plazo de seis meses para completar la instrucción. Mientras, los imputados tendrán que continuar en prisión a pesar de su derecho constitucional a ser considerados inocentes.
Pero eso no es lo peor; lo grave del asunto es que en la misma situación se encuentran miles de salvadoreños que abarrotan las cárceles del país. Un sistema que requiere de mantener a un ciudadano encerrado en la cárcel por más de seis meses sin tener una prueba contundente en su contra, no es un sistema saludable.
El Fiscal General se encuentra en la cúspide de su mandato, en el momento en que deberá decidir su futuro como fiscal o cualquier otra alternativa en la que esté pensando, en el momento de la reflexión.
Los tiempos procesales de los casos más emblemáticos que supuestamente se conocerán en su periodo, (Rais- Martínez, Saca y compañía y Salazar Umaña ‘Chepe Diablo’), estarían finalizando, curiosamente, en momentos que este decida buscar la reelección como guardián de la legalidad del Estado y de la sociedad o incursionar en una campaña electoral de mayor envergadura.
Por esta razón debe atender las denuncias hechas por los abogados del empresario Rais y por él mismo; ahí están las escuchas telefónicas que sirvieron para someterlo a proceso; ahí están las denuncias sobre detención ilegal y otros malos procedimientos para su captura. El fiscal debe hacerlas públicas e investigarlas de inmediato; de esa manera fortalecerá la institución y se fortalecerá asimismo frente a la ciudadanía que ahora lo apoya. Sería un absurdo en su carrera política y profesional hacer caso omiso a las acusaciones contra sus fiscales.
Citamos el caso y las denuncias generadas por el ‘affaire Rais-Martínez’ porque, al igual que con el del expresidente Elías Antonio Saca y ahora con el del señor José Adán Salazar Umaña, “Chepe Diablo”, son casos en los que está puesta la atención de todos. Si tuviéramos acceso a casos de gente humilde que, ‘a veces por un pollo’, y por la ineficiencia de muchos fiscales están esperando los famosos periodos de instrucción y que a final de cuentas saldrán libres por falta de pruebas, sería la de no acabar.
En el caso de Rais sabemos que atrás hay toda una conspiración en la que están involucrados y señalados ante la misma FGR, elementos peligrosos del crimen organizado ítalo canadiense de los cuales hay antecedentes, pero de los de que no se dice nada. Algo así como abrir la puerta del gallinero para que entren los zorros a devorarlas.
En el caso del ex presidente Elías Antonio Saca, la forma en que este, miembros de su familia y algunos de sus ex funcionarios, fueron capturados en un evento social de carácter familiar, exponiéndoles a un escarnio innecesario, no tiene parangón en la historia de El Salvador.
El delito de lavado de dinero y otros activos que se le imputa nunca va a prosperar si se violan sus derechos humanos y sus garantía constitucionales. Los Convenios y Tratados Internacionales en que se apoyaron los diputados para legislar sobre el tema del lavado establecen en toda investigación o proceso de esa naturaleza deben quedar a salvo los derechos constitucionales y los derechos humanos de las personas imputadas. La aplicación arbitraria de la ley de Extinción de Dominio, en franca violación de sus derechos económicos, civiles y sociales, ha sido un verdadero asalto, con alevosía y toda clase de ventaja.
En el caso de “Chepe Diablo” la cosa anda por el mismo camino, o peor. Después de varios años de estar dándole vueltas al “mito” del cartel de Texis, como personas interesadas dieron por llamar a un grupo de comerciantes, empresarios y políticos en el occidente del país y cuyas cabezas visibles eran un alcalde, un exoperador de moneda y un productor de harinas y granos, y de relacionarlos con insistencia con el narco tráfico internacional, la Fiscalía ahora no sabe qué hacer.
Curiosamente, la única prueba que relacionaba a “Chepe Diablo” con la actividad reprochable del tráfico de drogas, era un certificado en el que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hacía constar que Salazar Umaña había sido incluido, por órdenes del expresidente estadounidense Barak Obama, como “capo internacional de la droga”, desapareció el mismo día en que José Salazar Umaña y su grupo familiar fueron capturados al ser este sacado de la famosa lista por el nuevo gobierno estadounidense.
En cualquier parte del mundo, un incidente de esta naturaleza, hubiera sido suficiente para, por lo menos, otorgar medidas cautelares al famoso y supuesto excapo, su esposa y a sus hijos. Al desaparecer esa evidencia el grupo UIF del Ministerio Público que tendrá que derivar el proceso hacia delitos económicos, si es que los hay, y olvidarse del famoso narcotraficante.
No hay que dar muchas vueltas para concluir en que, en estos tres casos hay gato encerrado, gatos que el fiscal Meléndez debe dejar salir para no afectar su credibilidad.
Eduardo Vázquez Bécker
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