El Salvador proyecta ampliar la reserva de Bitcoin, pero su plan choca con el nuevo acuerdo con el FMI
La Agencia Administradora de Fondos Bitcoin plantea para 2026-2027 nuevas inversiones y el crecimiento sostenido de la reserva estratégica, mientras el FMI sostiene que no se prevé una acumulación adicional de la criptomoneda más allá de las donaciones privadas documentadas. Bukele, por su parte, niega que las reservas hayan sido transferidas a un operador privado
La estrategia de El Salvador alrededor del Bitcoin vuelve a quedar situada en una zona de tensión entre los planes institucionales del Gobierno y los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Agencia Administradora de Fondos Bitcoin (AAB) planteó, en su memoria de labores correspondiente al período junio de 2025-mayo de 2026, que uno de sus objetivos para 2026-2027 será asegurar el crecimiento sostenido de la Reserva Estratégica de Bitcoin, mediante nuevas inversiones y el aprovechamiento de condiciones favorables del mercado.
El documento también establece como prioridades la optimización de la liquidez de la reserva, la gestión de la volatilidad del mercado, la promoción internacional del ecosistema de activos digitales y el desarrollo de nuevas regulaciones para la emisión de estos instrumentos.
Pero esa hoja de ruta quedó bajo una nueva perspectiva después del acuerdo técnico anunciado el 3 de septiembre por el FMI y el Gobierno salvadoreño para completar la segunda y tercera revisiones del programa crediticio de $1,400 millones.
El punto de fricción: crecimiento de la reserva frente al compromiso con el FMI
El FMI afirmó que las autoridades salvadoreñas proporcionaron documentación para acreditar que la acumulación de Bitcoin registrada desde la primera revisión del programa fue financiada mediante donaciones privadas, sin utilización de recursos públicos.
Sin embargo, el organismo fue más allá al establecer que, hacia adelante, no se espera una acumulación adicional de Bitcoin más allá de esas donaciones documentadas.
La declaración introduce una diferencia sustancial respecto de lo planteado por la AAB en su memoria.
Mientras el documento institucional contempla el crecimiento de la Reserva Estratégica como uno de sus objetivos para el período 2026-2027 y habla expresamente de nuevas inversiones, el entendimiento alcanzado posteriormente con el FMI limita las expectativas de nuevas acumulaciones cuando estas no estén respaldadas por las donaciones documentadas.
La diferencia temporal es importante: la memoria de la AAB cubre hasta mayo de 2026 y sus proyecciones corresponden al período siguiente; el comunicado del FMI fue emitido en septiembre de 2026, varios meses después del cierre del informe institucional.
Por ello, la memoria no necesariamente refleja las condiciones que posteriormente quedaron incorporadas al programa económico con el Fondo.
Bukele niega que la reserva haya pasado a manos privadas
El otro frente de la controversia surgió tras la confirmación del FMI de que la participación pública en la billetera Chivo fue reducida sustancialmente.
El organismo informó que la propiedad mayoritaria y el control operativo de Chivo fueron transferidos a un operador privado, mientras el Gobierno mantiene una participación minoritaria y la responsabilidad de custodiar los activos de los clientes.
La información generó interpretaciones según las cuales el acuerdo con el FMI habría supuesto también el traspaso de la Reserva Estratégica de Bitcoin.
Bukele rechazó esa interpretación.
El presidente afirmó que lo transferido fueron las acciones de Chivo y no la Reserva Estratégica de Bitcoin. La distinción es relevante porque el propio comunicado del FMI habla específicamente de la participación pública en la billetera Chivo y, en otro apartado, aborda por separado las tenencias de Bitcoin del sector público.
En otras palabras, el desmentido presidencial no contradice la afirmación del FMI sobre Chivo: el Gobierno sí transfirió el control mayoritario y operativo de la billetera a un privado, pero Bukele sostiene que la Reserva Estratégica permanece bajo control estatal.
La reserva sigue en manos del Estado, pero su crecimiento queda condicionado
Los registros de la Reserva de Bitcoin muestran que las tenencias salvadoreñas se encuentran por encima de los 7,700 BTC. Datos publicados a comienzos de septiembre sitúan la reserva alrededor de 7,765 bitcoins, con un valor cercano a los $617 millones, aunque el monto en dólares fluctúa con el precio internacional de la criptomoneda.
El FMI, por su parte, no afirmó que esas reservas hubieran sido entregadas a un operador privado. Su comunicado hizo una separación entre la transferencia de la participación estatal en Chivo y la política de acumulación de Bitcoin.
La principal condición hacia adelante es otra: el sector público no debería incrementar voluntariamente sus tenencias mediante nuevas compras financiadas con recursos públicos dentro del programa acordado con el Fondo. Esta restricción ya estaba incorporada en el diseño del acuerdo y había sido definida como un criterio de desempeño continuo.
¿Qué significa entonces la proyección de la AAB?
La memoria de labores de la AAB plantea una estrategia institucional mucho más amplia que la simple compra de Bitcoin.
El organismo señala que pretende consolidar la gestión de la Reserva Estratégica, mejorar su liquidez y administrar la exposición a la volatilidad. También contempla campañas de promoción del ecosistema de activos digitales, participación en eventos internacionales, modernización administrativa, fortalecimiento de la seguridad informática y desarrollo de regulación para la emisión de activos digitales.
Por ello, la referencia a nuevas inversiones no debe interpretarse automáticamente como una autorización o evidencia de nuevas compras de Bitcoin con dinero público.
De hecho, el informe tampoco demuestra por sí mismo que los $82.1 millones ejecutados por la AAB hasta mayo de 2026 hayan sido destinados a comprar Bitcoin. Esa cifra corresponde a la ejecución presupuestaria de la institución y no puede equipararse, sin documentación adicional, al valor de adquisiciones de la criptomoneda.
Este punto resulta especialmente importante para evitar confundir el presupuesto operativo de la agencia con el tamaño o costo de la Reserva Estratégica.
Una agencia con fuerte ejecución presupuestaria
La AAB reportó que entre junio y diciembre de 2025 realizó 23 procesos de contratación, de los cuales 17 fueron adjudicados por $182,110.
Entre enero y mayo de 2026 registró otros 11 procesos, con ocho contrataciones efectivas por $77,110.
La agencia informó además que ejecutó la totalidad de los $23.4 millones asignados al cierre de 2025 y que, a mayo de 2026, la ejecución presupuestaria alcanzaba $82.1 millones, con 0.4 % pendiente del presupuesto aprobado para ese ejercicio.
Entre sus programas institucionales destacó la certificación ISO 37001 contra el soborno y la actualización de normas relacionadas con prevención de lavado de dinero, antisoborno y gestión de riesgos.
El nuevo escenario deja una pregunta abierta
El episodio deja una pregunta central sobre el futuro de la política salvadoreña de Bitcoin: ¿cómo podrá la AAB cumplir su objetivo de hacer crecer la Reserva Estratégica si el programa con el FMI establece que no se prevé una acumulación adicional más allá de las donaciones privadas documentadas?
Por ahora, ambas afirmaciones pueden coexistir cronológicamente: la primera corresponde a una proyección institucional elaborada antes del nuevo entendimiento con el FMI; la segunda refleja el compromiso comunicado por el organismo internacional el 3 de septiembre de 2026.
La diferencia deberá resolverse en la ejecución de la política pública.
El FMI ha señalado que el Gobierno documentó que las adquisiciones posteriores a la primera revisión fueron financiadas mediante donaciones privadas y que, en adelante, no espera acumulaciones adicionales fuera de ese mecanismo.
Bukele, entretanto, ha defendido que la Reserva Estratégica continúa siendo propiedad y responsabilidad del Estado y ha rechazado las versiones que daban por hecho su transferencia a manos privadas.
Así, el debate ya no gira únicamente en torno a cuántos bitcoins posee El Salvador, sino también a quién controla esos activos, bajo qué reglas pueden aumentar y qué margen conserva el Gobierno para ejecutar la estrategia de crecimiento de la reserva que la AAB todavía contempla en sus planes institucionales.
