Está claro que nuestras garantías constitucionales determinan que ningún ciudadano puede ser considerado ni tratado como culpable si no es en virtud de un juicio justo y apegado al debido proceso, tampoco puede ser condenado mediáticamente ni expuesto al escarnio o al vejamen social. Esto se lo escuchamos decir al actual Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, cuando ni soñaba con desempeñar ese elevado cargo.
La semana pasada vimos cómo, los abogados del empresario Enrique Rais y un organismo no gubernamental denominado “Fundación Mujer Legal”, denunciaron públicamente, una trama en contra de su defendido y de otras personas, en la que participan varios fiscales que, según ellos, actuaron al margen de la ley para procesar y mandar a la cárcel a su defendido.
El Fiscal Meléndez, se desempeñó, años atrás, como como Jefe de la Unidad Anti Corrupción y Delitos Complejos y como Jefe de la División de Fiscalización e investigaciones sobre evasión de impuestos y contrabando, lo que le permitió tener una idea precisa de lo que ocurría en la FGR.
Recién tomo posesión del cargo, en enero del 2016,encaró a la prensa diciendo que al interior de la fiscalía había personas en planilla que no se presentaban a trabajar y que tenía indicios de personas infiltradas desde el exterior que buscarían incidir en la institución. Acto seguido realizó 60 cambios que incluyeron 16 re ubicaciones, 16 rotaciones y 28 ascensos.
Sabiendo que Meléndez se había desempeñado en la Fiscalía como Jefe de la Unidad Anti Corrupción y Delitos Complejos y como Jefe de la División de Fiscalización e investigaciones sobre evasión de impuestos y contrabando, los cambios tenían que ver forzosamente con esos temas; sin embargo, no sabemos cuál fue el resultado de los mismos.
En nuestra opinión, esos cambios poco o nada contribuyeron a los objetivos del fiscal de “potenciar o adecuar la organización de la Fiscalía para acercarla a la población y fortalecer a la institución”; por el contrario, ahora parece más debilitada que antes. Los casos emblemáticos que ha llevado a los tribunales parecen estar cayéndose a pedazos; los fiscales encargados de “armar” los casos, están siendo acusados ante el mismo Fiscal General y la Procuraduría General de la República sin que el Jefe del Ministerio Público diga algo al respecto. Esto es grave.
Además, Meléndez conoce las deficiencias del sistema y sabe que a su sombra se cometen injusticias y violaciones al derecho de las personas a considerarse inocentes, mientras no se les pruebe lo contrario con una sentencia definitiva. En el fondo, el Fiscal sabe que ni Flores ni Saca tenían que pasar por las bartolinas de la DAN para enfrentarlos a un juicio penal, mucho menos, como ocurrió con Saca, al convertir un evento social de trascendencia familiar en una zona de guerra con cientos de policías y soldados para llevarles a la cárcel esposado, como vulgar delincuente. No puede ser bueno el sistema que debe humillar a los ciudadanos antes que la ley los declare culpables.
En el caso del empresario Enrique Rais y el ex fiscal Luis Martínez, el sistema fue aún más lejos. Ellos creyeron en la ley y en Fiscalía; acudieron a una cita con el fin de evacuar una diligencia; ya en la sede fiscal fueron encerrados en un cuartucho y tratados como delincuentes convictos.
Exepcionalmente, el también ex mandatario Mauricio Funes, recibió un trato diferente; a este señor que se burla desde su refugio sandinista de la ley y de sus funcionarios, se le dieron cuantas facilidades quiso hasta que logró refugio en Nicaragua con la protección del partido en el gobierno y del mismo presidente nicaragüense Daniel Ortega. Un trato totalmente distinto al recibido por sus colegas, Francisco Flores,(QDDG), y Elias Antonio Saca.
Si el señor Fiscal General de la República quiere honrar su palabra,debe atender las denuncias que ha recibido sobre el mal proceder de sus fiscales y resolverlas “ipso facto” porque hay personas que guardan prisión injusta en las cárceles del país y otras andan huyendo o deben estar escondidos para evitar ser motivo de escarnio social y empresarial, en flagrante violación a sus garantías fundamentales y a sus derechos humanos.
No se puede decir lo mismo de otro caso relevante como el del ex presidente Mauricio Funes Cartagena, que se escabulló de la justicia porque el sistema se lo permitió dejando mal parada a la justicia y a la Fiscalía General de la República (FGR).
El silencio de la FGR, no es conveniente. La ciudadanía comenzará a manifestarse, como ya lo han hecho algunos, asegurando que se pretende sacrificar a los implicados en el caso Rais-Martínez a cambio de obtener recursos económicos para el funcionamiento de la FGR y de un grupo especial investigador, semejante a la Cicig de Guatemala.
Nos resistimos a pensar que Douglas Meléndez defienda un sistema en el que las personas a las que nos referimos, así como los ciudadanos en general, sean condenados sin antes ser vencidos en un juicio apegado a las leyes, en franca violación de los principios de inocencia y de igualdad jurídica.
El fiscal General es el garante de la legalidad en el país, pero también de la sociedad y de quienes la conforman, y una forma de demostrarlo sería la inmediatez con la que debe resolver las denuncias que pesan sobre algunos de sus subalternos.
Las denuncias son claras y se refieren a hechos fácticos demostrables. La más exhaustiva de las investigaciones se justifica si con ello se pone a salvo las garantías fundamentales y los derechos humanos de una persona, sea esta el más acaudalado o el más humilde de los ciudadanos.
Otra forma de actuar del señor Fiscal, que puede hacer la diferencia, es mantener la cabeza fresca, alejado de aquellos elementos que le soplan al oído que él es más poderoso que la misma Constitución y que “si hace las cosas “bien” será reelegido y posteriormente llevado a la presidencia del país”. Esos cantos los escucharon los últimos cuatro Fiscales que han habido hasta la fecha y a todos les fue mal. Meléndez necesita colaboradores que le digan la verdad sin miedo a perder los privilegios que dan ser “amigos” del fiscal.
Para ajuste de cuentas y curiosamente, el tema de la creación de una Cicies en el país ha cobrado relevancia tal, que la población no encuentra qué pensar. El Fiscal Meléndez ha reconocido públicamente que sin dinero no funciona la institución, lo que significa que no se puede investigar y que por ello habría que pensar en un organismo como la cicig de Guatemala que venga a sacar las castañas del fuego. Lo apoya el partido Arena, lo respalda la embajadora Manes y posiblemente la comunidad europea, lo apoyamos nosotros y lo aplaude la población, pero lo rechaza el partido de gobierno o sea lo rechaza el Ejecutivo con el presidente Sánchez Cerén a la cabeza, lo que no es un buen augurio.
La idea de una Cicies para el país puede funcionar pero nunca como un sub organismo de la Fiscalía General ni de la policía. Para que una Cicies funcione en El Salvador debe ser en un plano de cooperación independiente y no de subordinación.
Una buena señal de que la Fiscalía General de la República está dispuesta a investigar y a que se investigue la corrupción y los procedimientos ilegales en El Salvador, sería la de atender, de inmediato, las denuncias interpuestas por los abogados del Caso Rais y el organismo no gubernamental “Fundación Mujer Legal”, en las que se acusa a varios fiscales de cometer procedimientos ilegales en contra de sus defendidos, en vez que lo tenga que hacer una Cicies como la que respalda y apoya el mismo fiscal Douglas Meléndez. Entonces la Fiscalía se fortalecería y estaría cerca de la población.
