Ejército salvadoreño lanza su primera gran ofensiva terrestre contra las pandillas en Haití
Una decena de vehículos blindados y tropas armadas avanzaron sobre sectores de Santo y Croix-des-Missions, en la llanura de Cul-de-Sac. Medios haitianos reportan al menos diez pandilleros muertos, aunque no existe un balance oficial de víctimas. La operación ocurre dos semanas después de la emboscada en la que desaparecieron cuatro militares salvadoreños
Las fuerzas militares de El Salvador realizaron su primera gran operación terrestre contra organizaciones criminales en Haití, al desplegar una decena de vehículos blindados y efectivos armados en sectores de la llanura de Cul-de-Sac, al noreste de Puerto Príncipe.
La ofensiva se concentró en las zonas de Santo y Croix-des-Missions, territorios donde operan las organizaciones armadas Chen Mechan y 400 Mawozo, señaladas por su presencia en el área donde desaparecieron cuatro integrantes del contingente salvadoreño el pasado 18 de octubre.
La operación representa un cambio de escala en la participación militar salvadoreña: el despliegue inicial destinado a localizar a los cuatro aerotécnicos se ha extendido a acciones terrestres contra las estructuras armadas que controlan sectores estratégicos de la periferia de la capital haitiana.
Según información de medios locales, los vehículos blindados avanzaron por sectores bajo influencia de las pandillas, mientras integrantes de grupos armados levantaban barricadas para impedir el ingreso de las fuerzas de seguridad.
Medios haitianos reportaron que al menos diez integrantes de las organizaciones criminales murieron durante los enfrentamientos. Sin embargo, hasta el momento no se ha divulgado un balance oficial que permita verificar esa cifra ni determinar si hubo víctimas entre las tropas salvadoreñas, la Policía Nacional de Haití o la población civil.
Una ofensiva en territorio de Chen Mechan y 400 Mawozo
La operación se desarrolló en la llanura de Cul-de-Sac, un corredor estratégico para el control de las comunicaciones terrestres al este de Puerto Príncipe.
En esta zona se encuentra Croix-des-Bouquets, donde 400 Mawozo mantiene una de sus principales áreas de influencia. La organización es dirigida por Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, uno de los jefes criminales más buscados de Haití.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta un millón de dólares por información que permita su captura o condena. Joseph fue acusado por autoridades estadounidenses de participar en el secuestro de 17 misioneros extranjeros ocurrido en octubre de 2021, entre ellos 16 ciudadanos estadounidenses y un canadiense.
La banda 400 Mawozo ha adquirido notoriedad por secuestros colectivos, extorsiones y ataques contra comunidades y vehículos que circulan por las carreteras del área metropolitana de Puerto Príncipe. Su control territorial le ha permitido intervenir en rutas de abastecimiento y movilidad de personas y mercancías.
La otra organización señalada en la zona es Chen Mechan, encabezada por Claudy Célestin. Este grupo opera en sectores de la llanura de Cul-de-Sac y ha sido vinculado con la emboscada del 18 de octubre en la que desaparecieron los cuatro salvadoreños.
Aunque ambas organizaciones aparecen entre los grupos armados que operan en el área, la responsabilidad directa por la desaparición de los militares no ha sido establecida públicamente mediante una investigación concluyente.
La Policía haitiana también intensifica las operaciones
La ofensiva salvadoreña coincide con una operación de mayor alcance anunciada por la Policía Nacional de Haití (PNH), que trabaja con el apoyo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por Naciones Unidas.
En un comunicado, la institución policial informó que sus unidades fueron desplegadas en Carrefour Shada, el puente de Croix-des-Missions y Santo 17, con apoyo de vehículos blindados movilizados por el alto mando.
La Policía explicó que sus objetivos son desmantelar los puestos ilegales de cobro instalados por las pandillas, impedir los secuestros y frenar los actos de violencia contra los habitantes de la región.
La PNH aseguró que mantendrá las operaciones en los sectores amenazados y que busca recuperar las condiciones de seguridad para proteger a la población y sus bienes.
Aunque estas acciones se desarrollan en el mismo escenario de la ofensiva salvadoreña, no deben interpretarse como una sola operación: la Policía haitiana ha informado de su propio despliegue coordinado con la GSF, mientras que los detalles completos de la estructura de mando y las responsabilidades de los efectivos salvadoreños no han sido aclarados públicamente.
El jefe de 400 Mawozo pide diálogo y advierte sobre una escalada
La ofensiva se produce pocos días después de que Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, solicitara la intervención de Naciones Unidas para abrir un proceso de diálogo con las fuerzas internacionales desplegadas en Haití.
En una carta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, el jefe de 400 Mawozo pidió el envío de una delegación que facilite conversaciones entre su organización y las fuerzas internacionales.
La comunicación, fechada el 1 de noviembre, advertía que las operaciones militares y las declaraciones del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, podrían provocar una escalada de violencia y represalias contra la población civil.
El dirigente afirmó que estaba dispuesto a participar en conversaciones y a buscar una solución pacífica, aunque no precisó qué condiciones estaría dispuesto a aceptar ni qué compromisos concretos asumiría su organización.
En una entrevista posterior con Associated Press, Joseph confirmó que había enviado la carta y reiteró su disposición a dialogar. También afirmó, sin presentar pruebas, que los cuatro técnicos salvadoreños desaparecidos estaban muertos.
Esa declaración contrasta con la posición de los gobiernos involucrados: las autoridades haitianas han informado que los militares fueron secuestrados, mientras que El Salvador sostiene que no ha confirmado su fallecimiento y mantiene las operaciones para localizarlos.
Naciones Unidas confirmó haber recibido una carta firmada por Joseph, pero aclaró que la recepción del documento no significa que respalde su contenido, reconozca a su autor como interlocutor legítimo o adopte una posición favorable a sus planteamientos.
La organización internacional también expresó preocupación por el impacto de los enfrentamientos sobre las comunidades haitianas y recordó que todas las operaciones de seguridad deben respetar el derecho internacional aplicable.
Preocupación por la población civil y el alcance de la misión
La intensificación de las operaciones ha abierto interrogantes sobre los riesgos para los habitantes de las zonas donde se desarrollan los enfrentamientos.
En su cobertura del conflicto, Associated Press informó sobre denuncias de ataques con drones y posibles víctimas civiles, incluidas personas menores de edad y adultos mayores. Esas acusaciones han sido formuladas por el dirigente de 400 Mawozo y no constituyen por sí mismas una verificación independiente de los hechos ni de la responsabilidad de las fuerzas desplegadas.
La misión internacional ha rechazado acusaciones de bombardeos indiscriminados y ha defendido sus operaciones contra las organizaciones armadas. La verificación independiente de los incidentes denunciados continúa siendo fundamental para determinar si se produjeron daños a civiles y quiénes serían responsables.
El contexto humanitario es crítico. Según datos de Naciones Unidas citados por Associated Press, más de 5,700 personas murieron o resultaron heridas en Haití entre enero y mediados de septiembre de 2026 como consecuencia de la violencia.
La crisis también se refleja en el desplazamiento de comunidades, el control de carreteras por grupos armados y las dificultades para mantener servicios básicos y asistencia humanitaria.
El Salvador amplía su presencia militar
Los primeros efectivos salvadoreños llegaron a Puerto Príncipe el 22 de octubre, cuatro días después de la emboscada en la que desaparecieron los aerotécnicos.
Posteriormente, el Gobierno de Nayib Bukele anunció un despliegue superior a los 2,000 militares, acompañado de vehículos blindados y apoyo aéreo. El presidente ha defendido la operación como una misión destinada a recuperar a sus compatriotas y enfrentar a las estructuras criminales responsables de la inseguridad en la zona.
Bukele también ha señalado que El Salvador financia con recursos propios la mayor parte de los gastos del contingente.
La dimensión del despliegue ha generado preguntas sobre su duración, sus reglas de enfrentamiento y la relación de mando con la misión internacional respaldada por Naciones Unidas. Reuters ha señalado que la falta de claridad sobre esos aspectos puede complicar la supervisión de las operaciones y la determinación de responsabilidades.
El caso tiene además una particularidad: la experiencia salvadoreña en la lucha contra las pandillas se está trasladando a un escenario institucional y de seguridad muy diferente. En Haití, las organizaciones criminales mantienen control territorial, disponen de armamento pesado y operan en un país con instituciones debilitadas y una prolongada crisis política.
La ofensiva terrestre marca, por tanto, una nueva etapa de la participación salvadoreña en Haití. Pero el objetivo que originó el despliegue continúa pendiente: encontrar a los cuatro aerotécnicos desaparecidos y esclarecer qué ocurrió con ellos después de la emboscada del 18 de octubre.
