Prensa Libre/DL.- Se trata de un “bono extraordinario de responsabilidad y riesgo”, dijo en conferencia de prensa el ministro de la Defensa, Williams Mansilla.
Según Mansilla, el bono por responsabilidad fue aprobado con cargo al renglón 015 y se paga en forma mensual al personal que presta servicios tanto a la cartera de la Defensa como al Estado Mayor de la Defensa Nacional.Es decir que se trata de una erogación del ejército totalmente legal.
La información inicial fue subida al periódico digital “nómada” que reveló el estipendio de Q.50.000 que Morales ha recibido del Departamento de Finanzas del Ejército en marzo de este año, lo que generó que la Contraloría General de Cuentas (CGC) decidiera revisar la legalidad del pagos mediante una auditoria.
En el caso del presidente Morales, el bono se suma a los Q146 mil 950 de salario mensual que recibe, por lo que desde diciembre del 2016 percibe al mes Q196 mil 950, lo que representa poco más de 68 salarios mínimos actuales.
César Elías, subcontralor de Calidad del Gasto Público, delegó a dos auditores para que recabaran información sobre el bono que recibió el mandatario y que “los resultados de su actuación se hagan constar en actas y un informe circunstanciado realizando las recomendaciones u observaciones que consideren pertinentes”.
En conferencia, Mansilla explicó que el bono de responsabilidad fue aprobado mediante el acuerdo 10-2016, que se firmó en enero del año pasado y que el pago comenzó a hacerse efectivo en diciembre último.
“Este no es un pedido del señor presidente —Morales—, sino que es una decisión colegiada que se toma en el Ministerio de la Defensa donde se establece que el presidente por ser parte de la estructura del alto mando del Ejército también está sometido a riesgos, dificultades legales administrativas por decisiones, como en temas del narcotráfico, el crimen organizado”, señaló el ministro.
Asimismo el acuerdo menciona que para el pago de este bono quedan excluidas las dependencias militares que generan fondos propios y el personal que está contratado en los renglones 189 y 029.
En la conferencia se reveló, según la Dirección General de Finanzas, que este año el presupuesto vigente para el pago de ese bono es de Q471 millones 822 mil 528 y que la proyección para el otro año debe ser aprobada por el Congreso.
El contralor general, Carlos Mencos, fue consultado sobre si un bono de ese tipo puede ser decretado con un acuerdo administrativo interno y respondió: “Son los extremos que vamos a evaluar”.
“Los auditores ya tienen la documentación en sus manos. Mañana vamos a hacer un análisis del sustento legal que tuvieron para la emisión del acuerdo y después de haber evaluado comentaríamos qué acciones vamos a tomar”, dijo Mencos.
Al contralor se le consultó si en el hipótetico caso de que la CGC determine que el acuerdo no es la herramienta adecuada para pagar el bono a las personas, estas tendrían que devolver el dinero que ya recibieron.
“Ese es uno de los procedimientos que establece la Ley, pero no quisiera adelantar opinión hasta que no estemos seguros de cuál es el sustento legal que motivó la emisión del acuerdo”, aseveró.
“Comenzó en diciembre de 2016, el acuerdo fue aprobado en enero de ese año, pero se hizo efectivo el primer pago en diciembre”, confirmó Mencos.
Polémica
Al preguntarle al ministro por qué el presidente recibe Q50 mil mensuales de bono, respondió: “Entre las consideraciones fueron más en el tema del cargo que ostenta y el riesgo y peligro que tiene en la toma de decisiones. Se afrontan situaciones de riesgo y judiciales. ¿Quién en este caso podría ayudarlos a responder por acciones del cargo?”.
Periodistas cuestionaron a Mansilla sobre si el bono no contravenía las funciones de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad y respondió: “Hablar de qué institución queda inservible no es adecuado, le diría que cada institución tiene su rol y se están cumpliendo”.
El funcionario alegó que si la recaudación va mal, los bonos son los primeros en irse.
Cuestionamientos
Carlos Aníbal Martínez, experto en gestión pública y transparencia, consideró que esta decisión es “altamente discrecional que no tendría justificación a la luz de la reglamentación”.
“Los sueldos de los funcionarios deben ser transparentes, no pueden integrarse aumentos de este tipo por acuerdos gubernativos o medidas ministeriales, este es un hecho que no tiene una justificación”, aseveró Martínez.
El experto dijo que un presidente cuyo lema fue trabajar con transparencia debió haber sido el primero en rechazar ese bono y señaló que las acciones del Ejército no se comparan con las peticiones de otras carteras como Educación y Salud.
