EE.UU obligará a salvadoreños con visas temporales a salir del país para obtener residencia
Miles de salvadoreños que residen legalmente en Estados Unidos bajo visas temporales podrían verse afectados por una nueva política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, la cual obligará a determinados solicitantes de residencia permanente a abandonar territorio estadounidense para completar el trámite de la denominada “green card”.
La medida, anunciada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), modifica la práctica aplicada durante años por administraciones anteriores, que permitía a ciertos extranjeros ajustar su estatus migratorio dentro de Estados Unidos sin necesidad de regresar a su país de origen.
Bajo la nueva disposición, personas con visas temporales —incluyendo estudiantes, trabajadores especializados, empleados agrícolas temporales y visitantes de negocios o turismo— deberán salir de Estados Unidos y completar el proceso consular desde sus países de nacionalidad, salvo excepciones consideradas “extraordinarias” por las autoridades migratorias.
“A partir de ahora, un extranjero que esté temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la Tarjeta de Residente Permanente debe regresar a su país de origen para solicitarla”, declaró el portavoz de USCIS, Zach Kahler, en un comunicado retomado por medios estadounidenses como Newsweek.
La administración Trump sostiene que la medida busca aplicar estrictamente disposiciones contenidas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad y cerrar mecanismos que, según el gobierno estadounidense, habían sido utilizados como “vacíos legales” dentro del sistema migratorio.
La nueva interpretación afectará principalmente a portadores de visas B-1 y B-2, utilizadas para turismo y negocios; visas estudiantiles F-1 y M-1; y programas de empleo temporal como H-1B, H-2A y H-2B.
Medios especializados en inmigración y análisis legales en Estados Unidos han advertido que el cambio podría generar incertidumbre para miles de migrantes que actualmente viven, trabajan o estudian legalmente en el país mientras gestionan procesos de residencia patrocinados por familiares o empleadores.
Organizaciones de defensa migrante también han señalado que la obligación de abandonar Estados Unidos durante el trámite podría exponer a algunos solicitantes a largos períodos de espera en consulados extranjeros e incluso a posibles restricciones de reingreso dependiendo de cada caso migratorio individual.
El impacto potencial para la comunidad salvadoreña es significativo debido al elevado número de ciudadanos de El Salvador que viven en Estados Unidos bajo diferentes figuras migratorias temporales.
Según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, más de 1.5 millones de salvadoreños residen en territorio estadounidense. Las remesas enviadas por esa población representan más del 20 % del Producto Interno Bruto salvadoreño y constituyen uno de los principales sostenes de la economía nacional.
Cifras citadas por Newsweek, basadas en estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, indican que durante 2023 aproximadamente 26,200 salvadoreños obtuvieron residencia permanente legal en Estados Unidos.
Ese mismo año, Estados Unidos otorgó “green cards” a ciudadanos de 199 países. México encabezó la lista con alrededor de 180,500 residencias permanentes aprobadas, seguido por Cuba con más de 81,000.
El endurecimiento migratorio ocurre además en un contexto de creciente debate político en Estados Unidos sobre control fronterizo, programas de migración temporal y procesos de regularización.
La administración Trump ha impulsado en los últimos meses varias medidas orientadas a restringir beneficios migratorios, acelerar deportaciones y reforzar controles sobre solicitudes de asilo y permanencia legal.
Hasta el momento, USCIS no ha detallado completamente cómo se implementará la política en casos ya iniciados ni el alcance exacto de las excepciones que podrían permitir ajustes de estatus dentro del país bajo circunstancias especiales.
Expertos migratorios recomiendan que personas afectadas consulten asesoría legal especializada antes de abandonar territorio estadounidense, debido a posibles consecuencias relacionadas con tiempos de espera consular, acumulación de presencia migratoria irregular previa o restricciones futuras de ingreso.
