La Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica evitó el lunes un turbulento debate sobre la inmigración ilegal, con el rechazo de un pedido de un grupo de mujeres centroamericanas y sus hijos, que buscan asilo y que intentaron aclarar los derechos constitucionales de las personas a las que el Gobierno ha dado prioridad para su deportación.
Las familias -28 mujeres y 33 niños de entre 2 y 17 años de El Salvador, Honduras y Guatemala- esperaban que los jueces revocaran la decisión de un tribunal inferior, la que impide que sus órdenes de expulsión sean revisadas por un juez federal.
El tribunal de Filadelfia dijo que el estatus de las familias, todas aprehendidas en Texas y llevadas más tarde a Pensilvania, era similar a los no ciudadanos a los que se les niega la entrada en la frontera y no tenían derecho a una audiencia judicial para impugnar esa decisión.
La inmigración se ha convertido en un asunto aún más polémico de lo habitual en Estados Unidos desde que asumió el presidente Donald Trump, quien ha ordenado la construcción de un muro fronterizo con México para frenar la inmigración ilegal y planea ampliar las expulsiones aceleradas, un proceso que se aplica a quienes carecen de documentos de entrada válidos.
Las familias centroamericanas argumentan que escapan de las amenazas y la violencia, y que las autoridades policiales son incapaces o reacias a ayudarles en sus países de origen.
La principal demandante, la salvadoreña Rosa Castro, escapó años de violaciones, palizas y abusos del padre de su hijo, que tenía seis años cuando llegó a Estados Unidos en 2015, según documentos judiciales.
Las familias fueron aprehendidas en Texas horas después de cruzar ilegalmente la frontera entre los Estados Unidos y México. Después de solicitar asilo, los jueces de inmigración decidieron que no había una amenaza creíble de persecución y los sometieron a procedimientos de expulsión acelerados.
Todas las familias, capturadas durante la administración Obama, fueron ubicadas en el Centro Residencial del Condado de Berks en Leesport, en Pensilvania, donde permanecen 12 mujeres y sus hijos. Los otros han sido puestos en libertad bajo supervisión, según la Unión Americana de Libertades Civiles, que los representa.
