Congreso de Guatemala interpelará a 12 de 14 ministros del gobierno de Bernardo Arévalo
La programación afecta a casi la totalidad de integrantes del gabinete y obligará al Ejecutivo a reorganizar su operatividad
El Congreso de Guatemala programó 12 interpelaciones contra ministros del gobierno de Bernardo Arévalo a partir del 27 de agosto, una decisión que deja a 12 de los 14 integrantes del gabinete sin poder salir del país y obliga al Ejecutivo a reorganizar su funcionamiento.
La agenda se extenderá, al menos, hasta el 22 de octubre. El calendario no garantiza que los procesos terminen en esas fechas, porque la propia mecánica de las interpelaciones permite que se prolonguen por tiempo indefinido.
El caso más avanzado es el del ministro de Desarrollo Social Abelardo Pinto, que ya enfrenta una interpelación en curso y debe asistir al Congreso cada jueves. Ese juicio político comenzó el 13 de noviembre de 2025, lleva cerca de nueve meses y todavía permanece en la fase de preguntas adicionales, con cinco diputados aún pendientes de intervenir.
Trece ministros quedan alcanzados por la restricción para salir del país
Con la interpelación de Pinto, 13 de los 14 ministros del gabinete quedan sujetos a la prohibición de salir de Guatemala y deben de llegar al Congreso de la República cada jueves. La única excepción, por ahora, es el ministro de Energía y Minas.
La base legal de esa restricción está en el artículo 167 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece: “Cuando se planteare la interpelación de un ministro, este no podrá ausentarse del país, ni excusarse de responder en forma alguna”.
El presidente del Congreso Luis Contreras anunció que el pleno conoció las solicitudes pendientes y fijó fechas para las comparecencias. Una de esas peticiones, de acuerdo con el diario, estaba ingresada desde el 25 de febrero y aún no se había conocido ni agendado en el pleno.
La ministra más requerida es Norma Lissette Zea Osorio, titular de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con siete solicitudes. Su primera cita está prevista para el 3 de septiembre.
Por su parte, el ministro de Salud Joaquín Barnoya acumula cinco; la ministra de Trabajo Miriam Roquel suma cuatro; la ministra de Ambiente Patricia Orantes tiene tres; y la ministra de Economía Gabriela García enfrenta dos.
También fueron citados una vez cada uno los titulares de Gobernación, Educación, Defensa, Cultura, Relaciones Exteriores, Finanzas Públicas y Agricultura. La programación de las sesiones quedó distribuida entre el 27 de agosto y el 22 de octubre.
La Corte de Constitucionalidad ordenó priorizar los juicios políticos pendientes
Horas antes de que el Congreso destrabara los expedientes, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Organismo Legislativo dar prioridad a las interpelaciones pendientes. La resolución surgió de un amparo presentado por la diputada Lourdes Teresita de León, subjefa de la bancada de la UNE y secretaria general de ese partido, el cual ha estado bajo la dirección de Sandra Torres, mamá de la congresista y candidata presidencial en tres ocasiones.
La orden de los magistrados constitucionales ordenó la fijación de fecha para cada juicio político. Una vez agendada, la ley obliga al ministro citado a asistir al Congreso en espera de ser interrogado.
El Ejecutivo intentó frenar la simultaneidad de las citaciones
El gobierno de Arévalo había anunciado una acción ante la misma Corte para evitar que las interpelaciones se desarrollaran de manera simultánea. El presidente presentó ese recurso en una conferencia de prensa del 21 de julio, cuando calificó la ofensiva legislativa como una medida para “hostigar y obstaculizar” el funcionamiento del Gobierno”.
El mandatario sostuvo entonces que el amparo no buscaba impedir los juicios políticos, sino ordenar su desarrollo de forma coordinada y sucesiva para que no afectaran las tareas del Organismo Ejecutivo. Hasta el momento de la programación legislativa, la CC aún no había conocido ese recurso.
¿Qué es una interpelación?
La interpelación de ministros en el Congreso de la República de Guatemala es un mecanismo constitucional de fiscalización y control político ejercido por el Organismo Legislativo sobre el Organismo Ejecutivo (artículo 166 de la Constitución Política).
Su propósito central es obligar a los ministros de Estado a rendir cuentas públicamente sobre su gestión, el uso de fondos públicos o decisiones administrativas de su cartera.
No obstante, en la práctica legislativa guatemalteca, este recurso también ha sido utilizado por bloques de oposición como una herramienta estratégica para bloquear o desacelerar la agenda legislativa y al Gabinete de Estado, dado que la Constitución establece que no se pueden tratar otros puntos en el Pleno mientras una interpelación esté en curso. Normalmente, los diputados se ausentan y el juicio político se suspende.
