Nayib Bukele ha prometido “nuevas ideas” y las pandillas de El Salvador también las esperan. Pero ¿qué se puede esperar? ¿Mano dura o mano tendida?
La Mara Salvatrucha lo dejó en claro en una reciente entrevista con la revista salvadoreña Factum: las pandillas de El Salvador esperan que con la llegada de un nuevo presidente también cambien las políticas de seguridad del más violento de los países centroamericanos.
Concretamente, las maras esperan que Nayib Bukele “pueda ser el presidente que trate el problema desde la raíz y no con esa política absurda de las medidas extraordinarias, grupos de exterminio y más, como querer armar a la gente para matar pandilleros”, según un representante de la más grande y peligrosa de las pandillas salvadoreñas.
Y una primera lectura del plan de gobierno del hombre que este sábado se convirtió en el presidente más joven de la historia de El Salvador pareciera sugerir que esa esperanza no está totalmente desencaminada.
“La problemática de los grupos criminales que atentan contra la Seguridad Pública no puede ser tratada exclusivamente desde una óptica de combate a la delincuencia, ya que es un problema social donde la falta de oportunidades y opciones de vida comienzan a producir el círculo vicioso de la pobreza, el crimen y la violencia”, empieza el capítulo sobre seguridad del plan de gobierno.
“Sabemos que la sociedad reclama un cambio de paradigmas en el combate al crimen; principalmente porque ha presenciado cómo los grupos criminales han crecido y se han fortalecido, a pesar de todos los planes de mano dura, súper dura, tregua y medidas extraordinarias que han sido efectuados por las administraciones anteriores”, continúa el denominado Plan Cuscatlán.
Pero, ¿podrá y sabrá la administración Bukele trasladar a la práctica las “nuevas ideas” que fueron su marca de campaña?
¿Y qué tan posible es que el prometido cambio de paradigmas incluya una nueva oportunidad para el diálogo que reclaman las pandillas, pero al que se opone con fuerza la mayoría de la sociedad salvadoreña?
La primer orden del nuevo presidente de El Salvador fue contra el “héroe militar” Domingo Monterrosa, el polémico militar vinculado a la supuesta masacre de El Mozote.
“Esas son las preguntas que muchos tenemos”, le dice a BBC Mundo José Miguel Cruz, director de investigaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), quien ha investigado a fondo el fenómeno de las pandillas salvadoreñas.
“Pero es muy difícil saberlo, porque (Bukele) no ha dado signos consistentes sobre eso como sobre muchas otras áreas”, advierte el investigador, quien no es el único en lamentar la falta de detalles sobre el tema por parte del presidente electo.
Efectivamente, el plan de gobierno de Bukele -para Cruz básicamente un “copy and paste” de varios programas de cooperación internacional- solamente menciona dos veces la palabra “maras” y tres a las “pandillas” en sus 75 páginas de extensión.
Y tanto en campaña como durante el período de transición, el futuro presidente se mostró sumamente reacio a someterse al escrutinio directo de la prensa, limitando así las posibilidades de profundizar en el tema. (BBC Mundo también trató de obtener una entrevista con alguien del equipo de Bukele, sin éxito).
Por lo pronto, una vez juramentado, el joven presidente salvadoreño inmediatamente se reafirmó sin embargo en los conceptos de su “Plan Cuscatlán”, prometiendo acciones en materia de empleo, educación, deporte, cultura, salud e infraestructura “para recuperar el territorio de manera integral”.
“Vamos a poner a todo el estado a trabajar en conjunto para lograr eso”, dijo el nuevo mandatario al final de su primer consejo de ministros y después de caracterizar al salvadoreño como un Estado “cuasi fallido” y a las pandillas como una “estructura paralela” al mismo.Según cifras oficiales, en 2018 El Salvador registró una tasa de homicidios de 51 por cada 100,000 habitantes.
“Si bien la punta de lanza va a ser el ministerio de Seguridad y las acciones concretas que hagamos en seguridad, todo el resto de labores las haremos de parte de todo el órgano ejecutivo”, agregó, en su primera conferencia de prensa como presidente de El Salvador.
Pero Verónica Reyna, directora de derechos humanos del Servicio Social Pasionistas (SSPAS) -una organización local que trabaja en prevención de violencia- advierte que los salvadoreños ya han escuchado antes las palabras correctas, para luego verse decepcionados por la realidad.
Estructuras “manoduristas”
“Lo que ha pasado es que al primero o al segundo año los gobiernos tienden a cambiar su discurso en torno al tema de violencia y generan acciones altamente represivas”, explica Reyna.
Y además de la falta de detalles del plan de Bukele, la directora de SSPAS también critica que éste no menciona la necesidad de mejorar los mecanismos de control y depuración de la policía Nacional Civil, “ni mucho menos el retiro de la fuerza armada, a pesar de las graves acusaciones sobre violaciones de derechos humanos” que actualmente pesan sobre las fuerzas de seguridad.
Antes bien, el Plan Cuscatlán habla “incluso de fortalecer funciones y presencia militar en las tareas de seguridad pública, cosa contraria a las recomendaciones de las organizaciones sociales y de derechos humanos e incluso el mismo marco normativo legal vigente en el país”, advierte Reyna.
Cruz, por su parte, destaca que el partido que le sirvió de vehículo a Bukele para llegar a la presidencia -la Gran Alianza Nacional, GANA- “es un partido conservador que muy abiertamente favorece una política de mano dura“.
Y el hecho de que las estrategias “manoduristas” también han sido la marca de los partidos que controlarán la Asamblea Nacional por (al menos) los dos próximos años, podría complicar un cambio de estrategia.
Diálogo, “el elefante en la sala”
En El salvador, la idea del diálogo está estrechamente asociada a la polémica tregua facilitada en secreto por el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), que en su momento logró una drástica reducción en el número de homicidios, que en 2012 pasaron de 15 a 5 por día.
El experimento, sin embargo, no soportó el escrutinio público, y para 2015 El Salvador ya había recuperado el poco honroso título de país más violento del mundo, con una tasa de 104 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Y de la mano extendida, tímidamente y en secreto, por Funes, el país pasó rápidamente a una mano cada vez más dura, la que alcanzó su mayor expresión bajo el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, de izquierda.
Según las estimaciones del Servicio Social Pasionistas, el mandatario saliente presidió sobre el período con más homicidios de los últimos 20 años (más de 23.000 asesinatos durante su quinquenio, hasta finales de 2018), así como sobre “el gobierno más represivo en los últimos 25”.
Y en se período la idea misma de una negociación con las pandillas -que ya era polémica cuando lo intentó el gobierno de Funes- terminó convirtiéndose en algo completamente inaceptable para la mayoría de los salvadoreños.
Necesidad costosa
Tanto Cruz como Reyna coinciden en que no se puede aspirar a cambiar radicalmente la situación de seguridad en El Salvador sin establecer algún tipo de diálogo con las maras.
“El diálogo con las pandillas es indispensable. No es el único componente, ni debe ser el más importante, pero en el caso de El Salvador toda política de seguridad debe pasar por establecer un diálogo con las pandillas con su desaparición como horizonte”, sostiene Cruz.
Y el investigador de la FIU también destaca la utilidad de un diálogo con las pandillas “para que estas no obstruyan el trabajo en las etapas iniciales”, algo que Bukele parece haber aprendido durante su etapa como alcalde de San Salvador.
“Parece tenerlo claro. Otra cosa es si lo va a implementar o no”, le dice el investigador salvadoreño a BBC Mundo.
Reyna, por su parte, coincide en que “para resolver, o al menos aliviar en parte el problema de violencia en el país, sí tiene que pasarse por un proceso de pacificación y diálogo con las estructuras de pandillas”.
“Queramos o no, y a pesar de que el actual gobierno ha vendido como uno de sus logros la reducción de homicidios, la recuperación del territorio no ha sido efectiva, las pandillas siguen dominando las comunidades, siguen teniendo presencia en buena parte del país, e incluso han migrado a zonas rurales donde antes no tenían presencia”, explica al directora de derechos humanos de SSPAS.
Obstáculos
Las autoridades policiales salientes, sin embargo, se han mostrado absolutamente contrarias a cualquier tipo de diálogo con unas “estructuras criminales”. Y Reyna también reconoce que la población salvadoreña “no está lista para desarrollar un proceso de paz”.
“Por eso la tregua en su momento fue muy criticada. Pero también porque no se abordó de manera adecuada: no fue un proceso de dialogo que llevara a la construcción de paz a largo plazo sino una negociación que tenía como objetivo ganar las siguientes elecciones”, afirma.
Para Reyna, si hay algún tipo de acercamiento entre el gobierno de Bukele y las pandillas, ese no se va a hacer público.
“Durante años se han encargado de construir un enemigo, que son las pandillas, y negociar con ellas se ve como traición”, explica Reyna.
“Y Bukele es un presidente que cuida mucho su imagen. No creo que se vaya a arriesgar a hacer un proceso de esa naturaleza que pueda afectar su imagen pública”, es el pronóstico de la directora de SSPAS.
Solo el tiempo dirá si Bukele está realmente dispuesto a asumir el potencial costo de hacer realmente las cosas de forma diferente en El Salvador.
Con información de BBC Mundo
