Por Eduardo Vázquez Bécker.-
Ivan Velásquez, el carismático colombiano que, al frente de la CICIG en Guatemala, llevó a la cárcel al ex presidente de la República, General Otto Pérez Molina, a su vicepresidenta Roxana Baldetti y a unas 50 personas más, asegura que una comisión como la que lidera en “chapinlandia” respeta la soberanía nacional de los países “Puede derribar los más altos poderes y hacer pensar que frente a la corrupción hay esperanza”.
El corresponsal de El País, una de las más importantes publicaciones de España, en México, Jan Martínez Ahrens, realizó esta semana una muy interesante entrevista al controvertido juez Ivan Velázquez, en la que resalta la importancia que tiene para América Latina y para los países de la región, incluidos El Salvador y Honduras e inclusive México y Colombia, a donde se estudia la posibilidad de implementar lo que sería una modalidad de la “CICIG” de Guatemala.
El juez Velásquez explica en la entrevista que el diseño de la Comisión Investigadora de la Corrupción y la Impunidad, CICIG, respeta la soberanía nacional de los países donde se implemente. “Cualquier decisión sobre derechos ciudadanos, como una escucha, un arresto o un allanamiento, se efectúa a petición del ministerio público (Fiscalía).”
“Nosotros aportamos nuestra capacidad de investigación, experiencia internacional e independencia pero no estamos vinculados a ningún poder fáctico ni tenemos intereses propios, sólo el de la lucha contra la impunidad. Dice Velásquez; luego asegura que “Eso es lo que temen las organizaciones criminales”
Velásquez dice estar dispuesto a brindar su apoyo a quienes se interesen en constituir un instrumento como el mencionado. “Lo apoyaría para todos los países de la región; no somos una fuerza extranjera. Este instrumento sólo puede darse si un Gobierno lo pide a la ONU, el Congreso ratifica el acuerdo y la Corte Constitucional valida su legalidad. Si esto ocurre en Honduras, El Salvador, México o Colombia, no le veo obstáculo.
Respecto a los riesgos que implica liderar una comisión como la CICIG de Guatemala, el juez Velásquez reconoce temer a la muerte o a las trampas políticas pero que piensa poco en ello.
“Los que investigan a la mafia (o cualquier otro tipo de organización criminal) saben que los afectados tienen un mecanismo de defensa que incluye el halago, el desprestigio, el soborno, la amenaza o incluso la muerte”
“A eso estamos sometidos los que nos dedicamos a este mundo (de lucha y combate contra el enriquecimiento ilícito, la corrupción y otras modalidades de crimen organizado)”. Aseguró el juez Velásquez.
Refiriéndose a la impunidad, Velásquez la considera como el cáncer mayor. Si la ley, el orden y la justicia no actúan, la corrupción desvía los recursos públicos e impide que se atiendan las necesidades básicas de la población. La lucha contra la impunidad es la lucha por construir un Estado de derecho.
Por ahora los guatemaltecos ven a Velásquez como un héroe por haber llevado a la cárcel a un expresidente, una expresidenta independientemente de lo que resuelva la justicia.
Mientras, en El Salvador, otra comisión pero de la Asamblea Legislativa, se prepara a la difícil tarea de seleccionar entre 72 aspirantes multicolores entre los que habrá de elegir al Fiscal General de la República para los próximos tres años.
Solo es cosa de encontrar a un profesional que, además de reunir los requisitos de ley tenga bien puestos los pantalones como para meter en la cárcel a otros ex presidentes de la República, funcionarios públicos, políticos, empresarios que se hicieron ricos de la noche a la mañana que deben ser investigados y sobre todo no bajar la guardia frente a los grupos armados en que se han convertido las pandillas.
