La reciente designación de una militar como ministro de Educación del gobierno salvadoreño ha reavivado un debate constitucional que se creía zanjado hace más de tres décadas: la prohibición de que miembros de la Fuerza Armada sean nombrados ministros de Estado. Este principio, consagrado en la Constitución de la República, es un pilar fundamental de la democracia post-conflicto en El Salvador, diseñado para asegurar la primacía del poder civil y evitar el regreso al autoritarismo.
El Artículo 178 de la Constitución es el que establece de forma explícita los requisitos para ser nombrado Ministro o Viceministro. La ley fundamental exige que los funcionarios sean salvadoreños por nacimiento, mayores de 25 años y, lo más importante, que sean del «estado seglar». Este término, a menudo malinterpretado, no se refiere a la religión, sino a una condición jurídica que prohíbe el nombramiento de militares en activo o eclesiásticos en cargos ministeriales.
El Espíritu de los Acuerdos de Paz
La inclusión de esta prohibición no fue una casualidad. Es una de las herencias más significativas de los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a 12 años de guerra civil. Una de las causas estructurales del conflicto fue el control absoluto que las Fuerzas Armadas ejercían sobre el Estado. Para evitar que esta situación se repitiera, los acuerdos contemplaron una reforma institucional profunda que desmilitarizó la política, creó una nueva fuerza policial civil y, a través de la Constitución, garantizó que los ministerios estarían siempre en manos de civiles.
El propósito de la cláusula de «estado seglar» es proteger la separación de poderes y asegurar que la policía y las fuerzas armadas, cuya misión es la defensa de la soberanía y la seguridad pública, estén subordinadas al poder civil elegido democráticamente por el pueblo.
La Controversia en la Actualidad
A pesar de la claridad constitucional, el gobierno salvadoreño ha nombrado en los últimos años a oficiales militares retirados o, en algunos casos, a personal militar activo en roles de seguridad y defensa. Aunque el gobierno ha argumentado que estas designaciones son necesarias para combatir la criminalidad y que la constitución no se viola si el militar está «en retiro», los críticos sostienen que la medida va en contra del espíritu y la letra de los Acuerdos de Paz.
Ahora, el nombramiento de la capitana y doctora Karla Edith Trigueros en la cartera de Educación, Ciencia y Tecnología, para los constitucionalistas y la sociedad civil, en un cargo civil tan importante es una señal de alarma. Los críticos de la medida argumentan que el espíritu de la Constitución es el de mantener una separación clara entre el poder civil y el militar en las carteras de Estado.
Además, señalan que el nombramiento se produce en un momento en que el gobierno ha otorgado un mayor rol a los militares en tareas de seguridad pública y ha despojado a la Policía Nacional Civil de su autonomía. Para la oposición, este nombramiento no es un caso aislado, sino un paso más en la militarización de las instituciones del Estado.
Analistas jurídicos y organizaciones de derechos humanos alertan que estas acciones, junto con otras reformas que debilitan los contrapesos democráticos, están erosionando la delgada línea que separa al poder civil del militar. Argumentan que el respeto a la Constitución es el único camino para garantizar que el país no regrese a los oscuros capítulos de su historia.
